Roberto Edmundo Fajardo Guzmán, fungió como asesor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) durante el gobierno del desaparecido PP.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó firme la condena por corrupción contra Roberto Edmundo Fajardo Guzmán, exasesor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP). Fue sentenciado en 2017 a 5 años de prisión inconmutables por el delito de cohecho pasivo, más una multa de Q50,000.
Fajardo Guzmán presentó un amparo buscando que se reactivara un recurso de casación contra la condena impuesta por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal y que fue rechazado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“En lugar de reprogramar la vista pública para una nueva fecha y permitirle ejercer su derecho de defensa, emitió una resolución en su perjuicio, variando las formas procesales, por lo que deben reivindicarse sus derechos por el máximo tribunal constitucional; y de forma arbitraria se dictó sentencia de casación, sin conferírsele oportunidad para expresarse”, alegó Fajardo Guzmán.
Sin embargo, la máxima corte determinó que era improcedente amparar al señalado, lo que implica que la condena quede firme al no haber otra instancia para impugnar la misma. “Es inviable el conocimiento de la solicitud cuando acaece la falta de conexidad entre los agravios aducidos y el acto que se denuncia como violatorio, lo que ocurrió en el caso bajo análisis, no resulta factible emitir pronunciamiento de fondo en este asunto, deviniendo el amparo improcedente, por ser notoriamente improcedente”, falló la CC.
Una condena por corrupción
El exfuncionario fue encontrado culpable del delito de cohecho pasivo, luego que la Fiscalía de Delitos Administrativos acreditó el hecho ocurrido el 6 de abril de 2015. Según la investigación, Fajardo aprovechándose de su puesto, le requirió a un empresario el pago de Q150 mil amenazándolo que si no lo hacía, no se le pagaría la cantidad total del contrato, correspondiente a Q4 millones 678 mil 380.00.
Durante la indagación se estableció que el oferente si cumplió con la prestación de servicios denominado “Adquisición de Materiales y Herramientas para Reservorios de Agua”, sin embargo, el exasesor le requirió ilegalmente los Q150 mil a cambio de pagarle la totalidad del contrato establecido en Ley.
