El partido Semilla señala al juez Fredy Orellana de la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la constitución y prevaricato.
Por Alexander Valdéz
Como parte del procedimiento inicial de una solicitud de retiro de inmunidad, el Juzgado Décimo Penal trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la petición del partido Semilla para investigar al juez séptimo Fredy Orellana, luego de haber avalado la suspensión de la personalidad jurídica del partido.
Este antejuicio fue presentado por el partido Semilla, que señala a Orellana de la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la constitución y prevaricato.
La denuncia fue ingresada a la Cámara de Amparos y Antejuicios, que ahora deberá analizar la documentación y luego ponerla a disposición del pleno de magistrados que decidirán si tramitan o no la solicitud.
Según la agrupación política, el juez Fredy Orellana incurrió en esos delitos al estar obligando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que suspendan la participación de Semilla en las elecciones y, además, por influir en el trámite del proceso electoral que ellos desarrollan dentro de su respectiva competencia constitucional.
De tramitarse el antejuicio, se deberá designar a un juez pesquisidor para que investigue si se dan los motivos para que el juzgador pueda ser investigado. Con base en esa pesquisa, hará un informe para recomendar si es o no prudente despojarlo de su inmunidad.
Si bien el informe no es vinculante, la última palabra siempre la tendría la CSJ, que de retirarle la inmunidad, deberá suspender del cargo al juzgador hasta que dilucide su situación legal. Por aparte, como ha ocurrido en otros casos, a diferencia de denuncias de la Fundación contra el Terrorismo, los magistrados han resuelto a favor de los togados señalados y ha decidido denegar el trámite de los antejuicios.
La fiscal suplente del partido y diputada electa Andrea Reyes, confirmó la información a través de sus redes sociales.
El antejuicio de Freddy Orellana ha sido remitido a la Corte Suprema de Justicia.!!
Les toca resolver sobre la admisión para su trámite.— Andrea María 🌱 (@drewzecena) July 24, 2023
EE.UU. incluye a juez en lista de actores corruptos
La semana pasada, Orellana fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalado y sancionado “por socavar los procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión”.
Lista en la que también fueron incluidos el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche; la fiscal general Consuelo Porras; la agente fiscal Cinthia Monterroso, entre otros funcionarios, empresarios, jueces y magistrados guatemaltecos.
Acá más detalles
Estados Unidos incluye a diez guatemaltecos en la lista de actores corruptos
FECI y juez insisten en bloquear a Semilla
Actualmente los fallos de las Cortes no solo han eliminado de la contienda a candidatos, sino que han frenado el avance del proceso electoral. Uno de estos fue el emitido por el juez “A” del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien ordenó suspender la personalidad jurídica y la participación del partido Semilla. Además, autorizó allanamientos en la sede de Semilla y la captura de la subregistradora de ciudadanos, Eleonora Castillo.
Este último fallo, generó serios cuestionamientos y pronunciamientos a nivel nacional e internacional. Expertos consideran que Orellana se extralimitó en sus funciones, debido a que no estaba facultado para intervenir en un procedimiento en materia electoral.
Todas las acciones del juez han sido por petición de la FECI, que dirige Curruchiche, en el contexto de un caso contra Semilla, por la supuesta falsificación de firmas en hojas de afiliación de ciudadanos.
No es la única acción que se ha presentado contra el juez en tribunales, recientemente se han entregaron otras denuncias y solicitudes de sanciones administrativas.
