Diego Castillo Góngora, quien fue acusado por la FECI en 2016 de haber servido como intermediario para el pago ilícito de unos Q10 millones durante la administración del extinto Partido Patriota, buscaba que el proceso fuera retirado del Juzgado para casos de alto impacto.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar un recurso legal que buscaba que el caso Cooptación del Estado; uno de los más grandes procesos de corrupción, fuera retirado del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, que ahora dirige la juez Eva Recinos.
Los magistrados analizaron un amparo presentado por el acusado Diego Castillo Góngora, quien fue acusado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en 2016, de haber servido como intermediario para el pago ilícito de unos Q10 millones durante la administración del extinto Partido Patriota.
Castillo Góngora accionó contra la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por haber autorizado a la FECI que dirigía Juan Francisco Sandoval, que su caso fuera elevado a un Juzgado para procesos de alto impacto.
El procesado aseguró no haber estado presente en la audiencia de determinación de competencia penal en procesos de mayor riesgo. “Se omitió tomar en cuenta que al realizarse la audiencia de solicitud de determinación de competencia penal en procesos de mayor riesgo, él no se encontraba presente, por lo que no le fue posible manifestar su postura oponiéndose o impugnando la decisión”, indica el memorial de amparo.
Por aparte, la CC al analizar lo reclamado por el sindicado, determinó que no hubo ninguna violación a los derechos del amparista, por esa razón decidió denegar el amparo definitivo “Se estima que los derechos que se señalan como vulnerados por el postulante no han sido afectados, ya que el día en el que se llevó a cabo la audiencia en la que se conoció la solicitud de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, por la fase en que se encontraba el expediente 01074-2015- 00017, el postulante aún no había sido ligado a proceso penal, por ende, no era parte procesal determinada”, falló.
Quien presentó el amparo fue acusado por el MP de asociación ilícita y cohecho pasivo. Según la FECI, Castillo Góngora fungió como intermediario para el pago ilícito de aproximadamente un monto de Q10 millones, como contraprestación por la adjudicación de proyectos correspondientes al fideicomiso del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES).
¿Qué significa la resolución?
Al haberse denegado el amparo, todo el proceso deberá continuar en el mismo estado, es decir, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “B” y la jueza Recinos podrá seguir con las audiencias que está conociendo dentro de ese expediente.
En el caso Cooptación del Estado están pendientes de celebrarse audiencias de apertura a juicio contra Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, entre otros altos exfuncionarios de ese gobierno.
Este no ha sido el único caso que han intentado retirar de Juzgados de Mayor Riesgo, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval de la FECI, los procesos contra Mynor Moto, Dennis Herrera, Armando Escribá, entre otros, han sido retirados de los juzgados en los que inicialmente se conocían los casos.
Un caso de corrupción de gran alcance
El caso Cooptación del Estado es considerado uno de los procesos más grandes de la historia reciente del país, y que fue abierto por la FECI y CICIG en 2016. Esta investigación alcanzó al entonces presidente Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, ministros de su gobierno, empresarios y personas particulares que se habrían beneficiado de sobornos.
En una audiencia que duró un mes, el exjuez Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a 53 sindicados de liderar una estructura criminal que supuestamente capturó varias instituciones claves del Estado guatemalteco con el fin de enriquecerse de manera ilícita.
Entre las evidencias de la CICIG y FECI hay declaraciones testimoniales, informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías. Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.
La FECI y la CICIG establecieron que la presunta organización integrada por altos exfuncionarios del PP y empresarios pudo beneficiarse con aproximadamente Q900 millones en sobornos. Por la magnitud del caso, este proceso fue dividido en tres fases, una fue denominada Cooptación del Estado, la segunda TCQ y la tercera la Coperacha.
Baldetti aceptará hechos
La exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya enfrenta dos condenas por corrupción, pidió que se le programe una audiencia para ser juzgada por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero por la vía legal denominada “aceptación de cargos” en un tercer caso, ahora sería condenada bajo ese procedimiento en el expediente denominado Cooptación del Estado.
La petición de audiencia para aceptación de cargos se hizo al Juzgado de Mayor Riesgo “B”, ahora a cargo de la jueza Eva Recinos, quien es la encargada del expediente y en el que está pendiente de que se realice la etapa en la que se debe discutir si los acusados son o no enviados a juicio.
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