Las más de 400 comunidades que habitan la provincia de Jujuy se encuentran en estado de alerta y organizadas contra la aprobación de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Una constitución que las afectará de manera directa en su vida cotidiana y la de sus territorios. Otra vez es junio y Jujuy arde.
Por Camila Parodi | Fotos: Susi Maresca *
El pueblo jujeño está movilizado contra el gobierno de Gerardo Morales hace más de un mes. Si bien la primera alarma se encendió ante el reclamo de las y los docentes que convocaron a un paro provincial en busca de mejoras salariales, el descontento popular no es nuevo. Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.
Estos intereses fueron expresados en mayor o menor medida en la reforma constitucional recientemente aprobada. La nueva Constitución provincial fue jurada el pasado martes 20 de junio a puertas cerradas, sin transmisión en vivo e ignorando las consultas previas necesarias. El proceso constituyente duró tan solo un mes. Si bien la elección de los convencionales constituyentes había sido votada por el pueblo jujeño durante las elecciones provinciales del 7 de mayo, la difusión de este proceso como sus artículos no habían sido informados de manera adecuada.
Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.
La nueva Constitución modifica 66 de los 212 artículos que poseía la Carta Magna local y, como sostienen desde las comunidades indígenas, su aprobación es inconstitucional porque fue hecha a espaldas del pueblo. La reforma es inconsulta y regresiva ya que reduce derechos consagrados por la Constitución Nacional e ignora tratados internacionales de igual jerarquía, entre ellos, prohíbe el derecho a la protesta. Además, concentra el poder y gran parte de las decisiones políticas en el Ejecutivo provincial ya que mantiene la posibilidad de reelección en la gobernación, prohíbe los indultos por corrupción, quita poder a los organismos de control y legitima el achicamiento del estado.
“¿Qué están esperando para cuidarnos?”
Para que la clase política y empresarial sea beneficiada, necesariamente, habrá colectivos afectados. Este es el caso de las comunidades indígenas contra quienes la reforma se ensaña particularmente y no es para nada casual: “Vienen por nuestros territorios, somos un tesoro que no supieron cuidar”, manifestó frente a la Casa de Gobierno la lideresa de la comunidad Ava Guaraní, Gabriela Situé.
La nueva Constitución elimina a los pueblos indígenas del texto constitucional y les niega el reconocimiento. Los pueblos que habitan los territorios de Jujuy tienen una larga historia de defensa de la vida, por lo que la creación de una nueva constitución que niegue sus derecho al territorio es, en parte, una demostración del interés extractivista que existe sobre ellos: “De nosotros depende la custodia del agua y el cuidado del territorio, ellos van a acabar con la vida ¿qué están esperando para cuidarnos?”, preguntó Situé en una de las primeras movilizaciones en San Salvador de Jujuy.
Los artículos más controversiales de la nueva Constitución atentan directamente contra los derechos de los pueblos originarios, entre ellos se encuentra “la provincialización de recursos naturales como el suelo y el agua”. Un artículo que posibilita el desplazamiento de las comunidades que se encuentran habitando territorios de interés extractivista. Del mismo modo, desconoce los territorios ancestrales a las comunidades que no poseen personería jurídica luego de años de negarles ese derecho. Una Constitución que le dará más valor al título “fiscal” que al “ancestral”.
Además, con este artículo, el Gobierno tendría control total sobre recursos estratégicos como el litio en un territorio donde las comunidades se encuentran fuertemente organizadas para prohibir el ingreso de los proyectos mineros. En este sentido, Jujuy es una de las tres provincias argentinas que ocupan el mal llamado “triángulo del litio” en la región y su valorización mundial lo ha configurado como una commodity de exportación.
Desde esta perspectiva, los modos de vida y las economías domésticas sostenidas por los pueblos de las salinas estorban y deben ser desplazados: “Nosotros creamos toda una economía regional para que no sólo las comunidades de Salinas sean las beneficiadas con el turismo, sino que queremos que las 33 comunidades de la zona trabajen de manera articulada y se puedan quedar en el territorio”, explicó Erica Cañari, presidenta de la comunidad Pozo Colorado de Salinas Grandes. “Sabemos bien que no nos quieren acá, que quieren el litio y destruir el salar. Todo este conflicto comenzó, justamente, en 2019, cuando le dijimos que no a la minera”, agregó.
Corte de ruta y asamblea de los pueblos
El miércoles 14 junio, las comunidades indígenas habían comenzado a descender desde sus territorios hacia la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, en lo que llamaron “Malón de la Paz”, refiriéndose a las caminatas realizadas en 1946 y en 2006 para el reconocimiento de sus derechos. Pero el malón se vio interrumpido por la aprobación express de la constitución el 15 de junio.
Desde entonces, las comunidades se asentaron en los diferentes puntos neurálgicos de la provincia y los cortaron de manera pacífica. Sin embargo, la represión no se hizo esperar: desde el viernes 16, diferentes operativos se desplegaron por la provincia para criminalizar la protesta social. Una muestra —para nada gratis— de qué entiende por “gobernar” Gerardo Morales: represión policial, detenciones ilegales, violación de los derechos, persecución y violencia política. “La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”, denunció Érica Cañari, desde la Comunidad Pozo Colorado.
“La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”
Érica Cañari, Comunidad Pozo Colorado.
Con el antecedente de la detención ilegal de Milagro Sala por ser una lideresa mujer e indígena, el actual operativo vuelve a exponer, también, un claro sesgo de violencia racista y machista. Tal como lo indicaron desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS): “En las detenciones del sábado 17, las últimas en ser liberadas fueron 8 mujeres indígenas”. En su comunicado agregaron que, tras la represión del 20 de junio, “de las 33 personas detenidas, 23 son mujeres”. Y que, si bien se supone que las detenciones fueron a quienes ingresaron a la Legislatura y en las grabaciones solo se ven varones, “las mujeres los superan en la representación dentro de los patrulleros” y se ve cómo son detenidas y violentadas por oficiales varones. Desde el CELS explicaron que se las acusa principalmente de “resistencia a la autoridad, daños y lesiones, tres acusaciones que, juntas, pueden terminar en encarcelamiento”.
A pesar de las múltiples y brutales represiones que se desplegaron en la última semana, son más de 20 cortes los que continúan activos. Luego de una gran asamblea de pueblos originarios, las comunidades decidieron salir a las calles y quedarse allí hasta que Morales dé marcha atrás con la Constitución: “En este momento pedimos la derogación de la reforma porque él lo hizo a espaldas de las comunidades y no lo consultó ni con nosotros ni con los gremios ni con nadie. Es mentira que se reunió con las comunidades porque estamos todas en diálogo”, explicó Delia de la Comunidad de Hornaditas.
Luego de la jura de la Constitución seguida de represión y desinformación, Érica Cañari recordó a LatFem: “Lo que sucedió es inconstitucional; el gobernador no abrió el diálogo con las comunidades, solamente el día martes sacó dos artículos que según él era los que estábamos reclamando, pero nosotros reclamamos por toda la Constitución”. En ese marco, declaró que hay muchos artículos que afectan directamente a los pueblos originarios por los territorios y recursos que tienen y que su preocupación mayor es el agua.
“Fue salvaje la represión del día de ayer. No vamos a aceptar los atropellos que le hizo a la gente, nuestras hermanas y hermanos detenidos, tantos heridos y amenazados”, denunció Delia. Tras la represión, el paro continúa y los apoyos se multiplican: “Hoy bajaron las comunidades de Abra Pampa, Mina del Aguilar y la Quiaca para reforzar todos los puntos”. Para Delia “la fuerza es unánime”: “Estamos todos los pueblos de la puna, la quebrada y los valles. Todas las comunidades están presentes en las rutas pidiendo la renuncia inmediata o la intervención de la provincia contra este desastre”. El reclamo también es unánime y así lo sintetizó Cañari: “Queremos una nueva reforma que dé la oportunidad a las comunidades y organizaciones de participar”.
Recibir el nuevo sol en las calles
Como la cosmovisión andina lo indica el 21 de junio es un día de celebración. Cuando “Tata Inti” (el sol) se acerca a la tierra marca el comienzo de un nuevo ciclo. Para recibirlo, cada 20 de junio las comunidades indígenas que comparten esa cosmovisión se encuentran en sus espacios ceremoniales para pasar la noche más larga del año en comunidad. Esta vez, el Inti Raymi se trasladó a los cortes, allí algunas comunidades decidieron abrir el paso de manera interrumpida durante la noche para evitar posibles tensiones con la polícia y realizar su ceremonia como corresponde: “La potencia de la celebración del Inti Raymi es superior y no lo están respetando, es un acto sagrado de conexión con la madre naturaleza, es un día espiritual”, manifestó Nelson Chasqui de Abra Pampa.
Para recibir el nuevo ciclo las comunidades andinas levantan sus manos al amanecer en espera de los rayos del nuevo sol. En el corte los puños siguen alzados: “No vamos a bajar los brazos hasta que Morales renuncie y se vaya con todo su gabinete”, aseguró Delia desde el corte de Purmamarca. “Estamos en las calles por los pueblos originarios y por toda la sociedad. Es un momento muy doloroso para las comunidades, para los gremios y los docentes. Queremos que se escuche la voz de la provincia de Jujuy que está sufriendo mucho, nosotros vamos a seguir adelante pero necesitamos de su apoyo”, aclaró.
