Presidente de la Junta Electoral de Guatemala se retiró intempestivamente de la reunión después de que fiscales pidieran anular los contratos informáticos.
Por Paolina Albani
A 10 días de las elecciones generales, los fiscales de partidos políticos se mostraron desconfiados del sistema paralelo de conteo de votos que la Junta Electoral Departamental de Guatemala (JEDG) y de la Junta Electoral del Distrito Central adquirieron para optimizar el tiempo de transferencia de datos, y pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que los contratos fueran revocados.
Después de lo que pareció una discusión sin fin, en la que se dejó ver que ninguno de los fiscales conocía el contenido de los contratos para cada Junta Electoral, los magistrados ofrecieron realizar un simulacro del sistema el próximo 19 de junio.
Una discusión sin fin sobre un sistema paralelo
Durante la sesión semanal que los fiscales de partidos sostiene con el TSE para afinar la realización de las elecciones, la empresa Grupo Sega, S.A. hizo la presentación del sistema paralelo, uno que ambas juntas han utilizado desde las elecciones de 2011 de mano de la empresa GVM.
La herramienta ayudaría a reducir los tiempos de control de votos en los 123 centros de votación y 2023 mesas. Después de la presentación, la junta se mostró abierta a contestar las preguntas de los fiscales, pero, al final, terminarían abandonando la sesión de forma intempestiva y con actitud molesta por los cuestionamientos de los fiscales y sus intentos para echar por tierra la contratación de Sega.
Las molestias por el uso de la herramienta informática no tardaron en salir a relucir después de la presentación. Los fiscales mostraron contrariedad por el instrumento pues habían sido enterados de la contratación de la misma la semana previa. Otros expresaron molestia al considerar que duplicaría el trabajo de Datasys, la firma encargada de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los fiscales de partidos políticos cuestionaron a los magistrados si la contratación de la empresa, hecha por las juntas electorales transgredía la ley electoral y las facultades del pleno, al argumentar que de acuerdo al artículo 108 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la utilización de programas para escrutinios es una facultad del TSE.
“¿Está legalmente facultado otro ente de duplicar el sistema?”, preguntaron.
“Es peligroso porque no hemos realizado simulacro de este sistema, no hemos analizado al proveedor que experiencia tiene, como se hizo con Datasys, quiénes son los verificadores”, resaltó uno de los fiscales.
Elizabeth Palencia, magistrada presidenta del TSE, dijo que cuando asumieron la magistratura encontraron que era una práctica común y exitosa, por eso, fue aprobado el gasto en el Plan Operativo Anual.
Continuó diciendo que invitaron a GVM a participar, pero la empresa declinó. El Tribunal, aseguró Palencia, realizó al menos dos licitaciones para contratar a una tercera empresa informática, pero en la primera solo participó una empresa y la segunda quedó desierta.
En el tercer intento, las juntas dieron con el Grupo Sega y firmaron el contrato para la JDEG (Junta Electoral Departamental de Guatemala) el 11 de mayo pasado por un monto de Q5.5 millones y para la JEDC (Junta Electoral del Distrito Central) el 7 de junio por Q2.2 millones, de acuerdo al contenido de los contratos suscritos entre el TSE y la compañía que tiene 32 años de experiencia.
Palencia indicó que era una herramienta complementaria alimentada por el sistema oficial de Datasys, pero la explicación solo generó más dudas, especialmente, porque en las elecciones de 2019, el desempeño informático fue el factor que generó desconfianza en los resultados, dijeron.
“No hemos analizado si los integrantes de la empresa desarrolladora del programa paralelo cuentan con experiencia en otros procesos electorales”, argumentaron.
Los fiscales propusieron un receso a eso de las 10 de la mañana donde se les vio negociar. Minutos más tarde, nombraron como vocero al fiscal del partido Unión Republicana (UR), quien en representación de al menos 20 de los 29 partidos inscritos, dejó ver que era el deseo del grupo revocar los contratos.
“El sistema informático forma parte crucial en el proceso de escrutinio y en la transmisión, tenemos un sistema que nos va a decir estos son los resultados, genérelos. Van a haber dos digitadores, el del TSE y el de las juntas. Eso atenta a la legalidad de las normas electorales. Vemos que se vulnera la certeza jurídica el evento electoral y los principios fundamentales de elegir y ser electos, inmersos en ellos la transparencia y el debido proceso electoral. Es requerimiento del foro de partidos políticos fundamentados en el artículo 28 y 223 de la Constitución Política y que revisen la contratación del sistema y definir el mecanismo para poder revocar la implementación del mismo”, indicó el fiscal de UR.
4️⃣ Vocero de los fiscales solicita que se anule el uso del sistema paralelo de verificación y análisis de votos en el distrito central y departamento de Guatemala.
??Las Juntas Departamentales dicen que agilizaría los procesos.#Elecciones2023 ?
?@ap_albani pic.twitter.com/qiW3ew3wFa— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 15, 2023
Mientras tanto, los representantes de la empresa informática explicaron que la herramienta era una solución integral desarrollada por el Grupo Sega que incluiría el hardware que se enviará a los centros de votación, el equipo y el personal. Tras la conclusión de cada ejercicio, la información será entregada a cada Junta Electoral, afirmaron.
Sega ha trabajado con el TSE en las elecciones de 2015 y en temas de seguridad en la Consulta Popular de 2018. “Un proyecto como este no lo hemos hecho anteriormente. Nuestra clientela son industrias como la banca, banca regional, aerolíneas… tenemos la capacidad para esto, esta es la experiencia que estamos ofreciendo a ambas juntas electorales”, manifestaron.
Los fiscales de partidos como CREO expresaron su preocupación porque aun no se ha capacitado a los fiscales informáticos para el uso de este sistema, a solo 10 días de las votaciones, por lo que Palencia y Sega accedieron a la petición de CREO de realizar un simulacro. Este se llevará a cabo el 19 de junio a las 9:00 horas en el hotel Adriatika de la zona 14. De acuerdo a Sega solo 10 partidos se han acreditado. Los demás, parecían no saber del tema en absoluto.
Un problema de interpretación
Al finalizar el discusión, el presidente de la JEDG salió de la sala y defendió el uso del sistema por ser una herramienta de respaldo. Dijo que analizarían el requerimiento de los fiscales y señaló que el problema fue por la forma en la que se interpretó la adquisición. Luego se mostró renuente a contestar más preguntas.
Otros miembros de la junta que se quedaron atrás, como Gerardo Ordónez y Juan Pablo Pons, suplente 1 y 2 de la JEDG, dijeron que legalmente le corresponde al TSE decidir si se revocarán los contratos y que “no tenemos problema en hacer una revisión de las contrataciones. Esperaremos las recomendaciones del TSE”.
“Históricamente, ha sido el Distrito Central y el Departamento de Guatemala los que usan este sistema, pero cada junta es independiente. Siendo así, pueden tener las herramientas tecnológicas que necesitan para respaldar sus resultados”, apuntaron los integrantes de al junta. Actualmente, solo Guatemala cuenta con sistemas informáticos de respaldo.
Por otro lado, no supieron decir si ya se había realizado el primer desembolso del contrato que es por productos.
En conferencia de prensa Palencia señaló que el Departamento Jurídico analizará los contratos, la fases en la que se encuentran, y luego le corresponderá al pleno de Magistrados sentarse a analizar la propuesta de nulidad.
Partido Poder podrá participar en las elecciones
El partido Oportunidades y Desarrollo (Poder) podrá participar en las elecciones del 25 de junio próximo luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera otorgarles el amparo en definitiva (amparo 1016-2023).
Poder impugnó la decisión que contradicen al TSE que decidió dejarlos fuera de la contienda. Un recurso que fue presentado en marzo fue resuelto a 10 días de las votaciones. De momento, los magistrados dicen que el TSE no ha sido notificado y tampoco los fiscales del partido que se encontraban en la sesión del Tribunal.
Esta resolución cambiaría los planes logísticos del TSE que desde el 25 de mayo pasado, envío los listados de candidatos a impresión.
