Los beneficiados con la libertad fueron: Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García. El fallo también alcanza a Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, que aunque no figura en el amparo, es uno de los acusados y condenados por esos hechos.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo dejaron en libertad condicional a los militares condenados por delitos graves cometidos en contra de Marco Antonio y Emma Molina Theissen en 1981.
Anabella Esmeralda Cardona Cambara, Mynor Antonio Oxom Paredes y Marvin Fradique Reyes Lee, dieron cumplimiento a una resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó que se acatara una recomendación de la Corte de Constitucionalidad (CC), para dejar en libertad a los sentenciados en ese caso.
En abril, la misma Sala aseguró que no podía ejecutar esa recomendación porque existía una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y negó las medidas sustitutivas que la CC había recomendado.
Los beneficiados con la libertad fueron el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez y a los generales Manuel Antonio Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García. El fallo también alcanza al oficial de inteligencia Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, que aunque no figura en el amparo, es uno de los acusados y condenados por esos hechos.
La abogada de las víctimas Jovita Tzul calificó la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo como lamentable y señaló que la misma “genera retrocesos graves en materia de derechos humanos”. Agregó que sobre los tres militares acusados hay dos autos de prisión preventiva: uno por el caso Creompaz, por desaparición forzada; y el otro por el caso de genocidio durante el periodo del presidente Romeo Lucas García.
En mayo de 2018, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C condenaron a 58 años de prisión al general Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor Presidencial; a Manuel Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia y a Hugo Ramiro Zaldaña, exoficial de inteligencia; y a 33 años de cárcel a Francisco Luis Gordillo, excomandante de la zona militar “General Manuel Lisandro Barillas”, en Quetzaltenango, por los delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen; y violación con agravación de la pena en el caso de Emma Molina Theissen.
Cortes los favorecen
El pasado 8 de marzo, se publicó la decisión de la Corte de Constitucionalidad en la que otorgó un amparo a los militares en condición de retiro Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García.
El beneficio también alcanza a Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, otro de los acusados y condenados por esos hechos que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo condena.
En su fallo, la CC hace consideraciones que benefician a los sentenciados, medidas orientadas a que se les otorgue arresto domiciliario, una petición que había sido negada por la gravedad de los delitos por los que fueron condenados.
Al no haberse podido ejecutar esa resolución, la CSJ dictó otra en la que ordenó a la Sala dar cumplimiento y liberar a los militares.
Corte IDH pidió no liberar a militares
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recomendó al Estado de Guatemala abstenerse de acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad.
La Corte IDH analizó las medidas de protección que se otorgaron a las víctimas, para que Guatemala garantice el acceso a la justicia y se juzgue a las personas que fueron encontradas culpables.
“Requerir al Estado de Guatemala que, para prevenir un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso Molina Theissen Vs. Guatemala, se abstenga de ejecutar la decisión emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 6 de marzo de 2023 hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 157° Período Ordinario de Sesiones por realizarse del 17 al 29 de abril de 2023, de conformidad con lo indicado en el Considerando 8”, señala la resolución de la Corte IDH emitida el 27 de marzo.
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