Por tercera ocasión se reprograma la diligencia judicial, esta vez por ausencia del representante de la Municipalidad de Quetzaltenango. Los integrantes del concejo son quienes denunciaron al profesional por coacción.
Por Shirlie Rodríguez
El abogado André Guillén califica como una estrategia política por parte del concejo municipal de Quetzaltenango, la suspensión por tercera ocasión de la audiencia para conocer un caso en su contra por el delito de coacción.
Este caso en contra del abogado surgió luego que Guillén denunció un caso de corrupción en la Empresa Eléctrica de Quetzaltenango (EEMQ).
Guillén se dedica a asesorar legalmente a empresas inmobiliarias. En uno de los proyectos que trabajaba para una empresa se realizaron los trámites para la solicitud de energía eléctrica a la EEMQ.
Días después, el abogado denunció que el gerente de la EEMQ, Marvin Calijau le exigió dinero para agilizar el trámite. Guillén señala que lo pedido correspondía al 10 por ciento del costo del proyecto (alrededor de Q10 mil).
Luego de esto, el abogado Guillén insistió en que se le proporcionaran los servicios básicos y realizó los procesos legales exigiendo en las dependencias municipales la instalación del servicio, pero 14 integrantes del concejo dijeron sentirse coaccionados y lo denunciaron.
Por ser un delito menor, el proceso se realiza en el Juzgado de Paz de Quetzaltenango, pero es la tercera vez que se reprograma, esta vez el abogado Francis Peña, representante de la comuna planteó una excusa médica.
Al respecto, el abogado dice que la suspensión es una estrategia que mantienen los denunciantes (los del concejo municipal) ya que son parte de la planilla que busca la reelección con el actual alcalde Juan Fernando López y no quieren que su imagen esté marcada por estar en audiencias en tiempos de elecciones.
Agregó que él solo pidió que cumpliera con su trabajo porque deben proporcionar los servicios y hacer que los procesos no sean engorrosos. También existían represalias en su contra y obstaculizaban los proyectos que llevaba.
“Como profesional son represalias y en este sentido es legal para que no se les pida que cumplan con sus funciones. El proyecto inmobiliario ya fue terminado, pero el concejo lo tiene retrasado por al menos tres años y estamos esperando a que autoricen los dictámenes”, contó.
El caso
El 28 de enero de 2021, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, montó un operativo en el cual capturaron de forma flagrante a Marvin Calijau, exgerente de la EEMQ y Oscar Chang, exsubgerente, por recibir Q10 mil tras pedirlo como soborno.
La denuncia fue planteada por el abogado Guillén y colaboró con las investigaciones. En el operativo él entregó la cantidad de dinero en efectivo y fue ahí cuando capturaron a los exfuncionarios de la administración del alcalde Juan Fernando López.
En ese entonces, la FECI en Xela era liderada por Virginia Laparra, quien ahora está en prisión por criminalización en su contra. El proceso contra los extrabajadores municipales llegó hasta un Tribunal de Sentencia en donde fueron condenados.
El 12 de diciembre de 2022, Calijau y Chang aceptaron los cargos por el delito de cohecho pasivo y el Tribunal Primero de Sentencia Penal dictó la sentencia de tres años y cuatro meses conmutables y el pago de una multa de Q50 mil.
Ambos salieron de prisión en la primera etapa del proceso, pero fueron apartados de su cargo en la administración municipal.
