“Aquí no solamente está juego la situación de Norma Sancir, también está en juego la libertad de expresión, el respeto a la seguridad de los periodistas y el reconocimiento del trabajo de los periodistas comunitarios y las mujeres periodistas comunitarias”, abogada Jovita Tzul.
Por Simón Antonio Ramón
El próximo miércoles 17 de mayo iniciará en el Tribunal de Sentencia Penal, de Chiquimula, el juicio contra tres agentes y un excomisario de la Policía Nacional civil (PNC) por la detención ilegal de la periodista Norma Sancir, el 18 de septiembre de 2014, cuando cubría una manifestación del pueblo maya Ch’orti’ en el municipio de Camotán, que exigía la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.
El juicio contra las agentes Olga Leticia Segura, Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortiz y el excomisario Ceferino Salquin, por el delito de abuso de autoridad, debió iniciar el 28 septiembre de 2022, pero un día antes, por orden de la jueza suplente del Tribunal, Silvia Lorena Solares Morales, se notificó a las partes el aplazamiento del juicio.
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La manifestación de organizaciones campesinas y autoridades indígenas Ch’orti’ duró dos días. Demandaban la aprobación de la iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, que proponía combatir la desnutrición y la pobreza en el país. Esa propuesta estaba entrampada en el Congreso, donde diputadas y diputados de los extintos partidos Patriota y Líder bloqueaban la agenda o rompían el quórum abandonando las sesiones.
Durante el segundo día de la manifestación, el 18 de septiembre de 2014, la periodista recibió una llamada en la que se le informó que agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (FEP) desalojaban y reprimían a las comunidades que ocupaban el puente Jupilingo, que conecta las fronteras de Guatemala con Honduras, por lo que movilizó al lugar.
Sin embargo, la periodista Sancir no logró llegar al puente, porque, a lo lejos se miraba el humo de las bombas lacrimógenas que lanzaba la policía. En ese momento, comenzó a tomar fotografías panorámicas hasta que unos minutos después fue rodeada por varios agentes.
“Recuerdo que unos cinco o seis policías hombres me detuvieron, después de que me revisaron, me quitaron el equipo. Luego empezaron a insultarme y me esposaron, me detuvieron y me llevaron. Estuve cinco días en la cárcel por los delitos de atentado y desorden público”, dijo la periodista.
Ese día, la periodista Norma Sancir reportó para Prensa Comunitaria y otros medios locales y nacionales videos y fotografías del desalojo policial. A pesar de que se identificó como periodista fue despojada de su equipo y encarcelada.
“Fueron dos días de manifestación, el primer día cubrí todo el día dando información de qué pasaba en el lugar, porqué estaba la gente ahí haciendo manifestación, cuáles eran sus exigencias, sin embargo, el segundo día, yo no pude publicar una nota donde se estaba desalojando violentamente a la población Ch’orti’ en el puente Jupilingo, porque cuando yo me dirigía al lugar me detuvieron. Es una pena que se detenga a los periodistas que están haciendo su labor, porque esa nota ese día no salió”, recordó la periodista.
Cuatro días después de su detención, el 22 de septiembre, en la audiencia de primera declaración fue dejada en libertad por falta de mérito de las acusaciones de la PNC.
Buscamos un precedente para las y los periodistas comunitarios
Han pasado nueve años desde el día de su detención y desde entonces el sistema guatemalteco ha reafirmado las fallas en el acceso a justicia. En 2018, sin conocimiento de la periodista, a las tres agentes y el excomisario se les otorgó la falta de mérito en un proceso que ha sido señalado de tener vicios.
En 2019, con el traslado del caso a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, del Ministerio Público (MP), el juez Manuel Francisco Vela de Mata, favoreció nuevamente a las tres agentes y al excomisario con la falta de mérito, por lo que sus abogados recusaron al juez y pidieron que otro juzgador emitiera una nueva resolución.
El actual proceso que lleva a juicio a las y el acusado inició el 22 de septiembre de 2020, cuando se les ligó a proceso.
Para la abogada Jovita Tzul, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), hay razones y pruebas pra acusar a las tres agentes y al excomisario por abuso de autoridad. “Estuvo (Norma Sancir) privada de libertad por aproximadamente de cinco días, sin que se tomara en cuenta que estaba en el ejercicio de la labor periodística, estaba identificada como corresponde, portaba un gafete y fue señalada del delito de atentado y desorden público, hechos que ya fueron descartados por el sistema de justicia. Los agentes de policía actuaron en un total abuso de autoridad en contra de ella y ahora, a casi nueve años de estos hechos, estas personas van a ser juzgadas”, dijo la abogada.
La abogada Tzul señaló que este caso puede sentar un precedente para el ejercicio de la libertad de expresión y la labor del gremio periodístico comunitario en Guatemala. “Aquí no solamente está juego la situación de Norma Sancir, también está en juego la libertad de expresión, el respeto a la seguridad de los periodistas y el reconocimiento del trabajo de los periodistas comunitarios y las mujeres periodistas comunitarias”, señaló la abogada Tzul.
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Aumentan las agresiones policiales contra periodistas en Guatemala
Este juicio pone en discusión los protocolos de actuación de la PNC con las y los periodistas en los operativos. De mayo de 2022 a abril de 2023 se han registrado 13 casos donde policías les han limitado, acosado y atacado, tanto en las áreas urbanas como en las comunidades.
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