Fue uno de los principales medios de constante denuncia pública de casos de corrupción en diferentes gobiernos. Hasta antes de la detención de José Rubén Zamora, el medio contabilizó más de 145 notas e investigaciones sobre acciones ilegales del gobierno de Alejandro Giammattei. Con la presión política y cárcel de su director, a trabajadores, periodistas y columnistas, el medio dejará de realizar su edición diaria.
Por Prensa Comunitaria
Este lunes 15 de mayo circula la última edición de elPeriódico en su versión digital, este es un medio de comunicación que durante 27 años expuso graves casos de corrupción e impunidad que vinculaban a funcionarios, exfuncionarios, empresarios, narcotraficantes y militares.
El medio de comunicación se vio obligado a cerrar la edición impresa por el ahogamiento económico al que fue expuesto, unos meses después decide cerrar su redacción, ante los constantes ataques, acoso, hostigamiento, criminalización y persecución política que realiza el actual Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras.
Porras a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dirigió la persecución y encarcelamiento de su fundador y periodista José Rubén Zamora, seguido de sus abogados y personas cercanas, usando supuestos delitos que en un inicio afirmó el MP no eran motivados por la labor periodística y de investigación del medio.
En ese mismo proceso, la fiscal encargada del caso Cinthia Monterroso pidió investigar a periodistas que trabajaron en ese medio, por haber realizado publicaciones relacionadas con el caso de Zamora, desvelando el verdadero trasfondo del encarcelamiento del director del medio.
El cierre de elPeriódico no es algo aislado ni sorpresivo. Con el inicio de la regresión autoritaria de la mano del régimen de Alejandro Giammattei se agudizaron los ataques contra la prensa independiente, cuyo primer objetivo era elPeriódico.
“Desde ese momento comenzó la batalla por resistir y las previsiones no eran esperanzadoras. Según los cálculos del personal financiero y dadas las circunstancias, al medio le quedaban dos meses de vida. Pero no fue así. Gracias a la solidaridad de nuestros lectores fieles, de nuestros anunciantes y el apoyo de organizaciones internacionales que creen en el periodismo independiente y la democracia, nuestro equipo resistió 287 días de persecución, presiones políticas y económicas”, se lee en el comunicado de elPeriódico.
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elPeriódico: “Tras 287 días de resistencia, es tiempo de decir hasta luego”
Fue a partir de las acusaciones del fiscal Rafael Curruchiche, contra Zamora a finales de julio de 2022, que el medio de comunicación informó que se vio afectado con el cese de la circulación impresa que realizaba de manera ininterrumpida desde el año de 1996 y más de 150 empleados fueron despedidos a causa de las presiones del MP.
elPeriódico tenía hasta diciembre del año pasado, al momento en el que la edición impresa dejó de circular, un tiraje de 30 mil ejemplares diarios. Mientras que en la edición digital las suscripciones alcanzaban los más de 15 mil usuarios.
El país observó como las cuentas bancarias del medio fueron embargadas, se retuvo por horas al personal el día del allanamiento; y según los representantes del mismo medio, se mantuvo el hostigamiento a los anunciantes para evitar que invirtieran en más pauta publicitaria.
Luego fue en los tribunales cuando el MP mostró su verdadera intención, la de perseguir al medio hasta cerrarlo, lo mismo con los periodistas y a columnistas, por su labor de investigación, cobertura periodística y opinión.
Un caso que la prensa nacional e internacional y organismos de derechos humanos señalan como político y que según varios analistas, en distintos momentos sale a luz el montaje y la construcción de pruebas, la constante violación del debido proceso del director del medio y los errores que el Ministerio Público comete que sumado a un contexto de regresión y cooptación de la justicia violentan el principio de inocencia.
Ha sido una lucha de 30 años, señala una columna de Zamora publicada en la última edición, “una lucha que por cierto ha tenido lugar en medio de la marginalidad y la soledad, en un contexto de polarización y regresión política hacía un fascismo tiránico, anacrónico y multipartidista, nos han conducido, fatigados y descapitalizados, unos a la cárcel y otros al exilio, por un callejón sin salida: el inevitable cierre de elPeriódico”.
Mientras que el editorial de Prensa Libre señala que “habrá diputados, exlegisladores, funcionarios y ex altos cargos que celebren el fin de un medio que denunció incontables casos de corrupción estatal, muchos de los cuales llegaron a procesos penales y condenas. Nadie podrá borrar eso”.
Con el cierre de elPeriódico se profundiza la regresión autoritaria, finalmente pierde el periodismo y el país.
El incremento de los ataques a Jose Rubén Zamora
En octubre de 2021, el periodista Jose Rubén Zamora hizo públicas las intenciones del MP de Consuelo Porras de llevarlo a prisión, el caso reactivado en ese momento fue por supuestas irregularidades en la negociación por publicidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que salía en elPeriódico.
El caso estuvo archivado durante más de ocho años, fue reabierto durante la gestión de Porras, luego de expulsar a Juan Francisco Sandoval y a otros fiscales de la FECI y que elPeriódico mostrara los supuestos sobornos que Giammattei recibe de empresarios rusos.
Zamora denunció que este caso era un puente para que un juez, a pedido del MP, ordenara embargos para la empresa y para él, así como arraigos y órdenes de allanamiento a las oficinas del medio.
El matutino también denunció censura a través de denuncias presentadas usando la Ley de Femicidio. En juzgados especializados en esa materia fueron denunciados periodistas de ese medio de comunicación. Una de estas acciones fue planteada por Sandra Torres, en mayo del 2019, en la que seis editores fueron denunciados. Torres haciendo uso de esta ley, buscaba evitar que se realizaran publicaciones sobre ella, especialmente en los casos de corrupción como financiamiento electoral ilícito en su contra.
La misma estrategia surgió en mayo de 2022. Dina Bosch Ochoa, hija de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Dina Ochoa, presentó una denuncia luego que el medio publicara una nota sobre su contratación en el Tribunal Supremo Electoral TSE. La jueza encargada de conocer ese caso se negó a dictar las medidas contra tres periodistas, pero el MP insistió hasta lograr que se dictaran medidas de restricción en contra de Jose Rubén Zamora y dos periodistas más del medio.
Las acciones que se anticiparon contra Zamora y el medio se concretaron con la reelección de Porras como fiscal general. La reelección se anunció en mayo de 2022, mientras que la detención del periodista se produjo dos meses después.
Antes de su detención, Zamora había experimentado persecución, amenazas de diferentes gobiernos, al extremo de sobrevivir a un secuestro. Durante el gobierno de Alfonso Portillo, integrantes del Estado Mayor Presidencial ingresaron a la casa del periodista, tanto a él como a su familia los mantuvieron retenidos por más de 15 horas y los agredieron.
Luego del incidente la familia de Zamora salió al exilio. Durante el gobierno de Álvaro Colom, fue secuestrado y dejado abandonado en un basurero en Chimaltenango, sus captores lo habían dado por muerto. Zamora también denunció constante campaña de desprestigio publicada en los canales de televisión y radios propiedad del empresario mexicano Ángel González. Luego esa campaña se trasladó a las redes sociales y se opera desde las cuentas de netcenters y grupos de extrema derecha que buscan la “muerte civil” de jueces, activistas, periodistas y en este caso el cierre del medio.
Las investigaciones periodísticas que incomodaron al poder
La línea editorial de elPeriódico se caracterizó por exponer a través de notas, reportajes o investigaciones diversas acciones de corrupción, clientelismo político y crimen organizado. Dicho medio documentó por 27 años los abusos de poder, las estructuras de corrupción en la cual participaban funcionarios públicos, militares, religiosos, empresarios e integrantes del crimen organizado.
Muchos de los casos investigados fueron llevados a los tribunales de justicia, casos como los de la estafa al IGSS y del Ejército; los contratos de obra gris y medicinas, otorgados a allegados de cada gobernante o partido oficial; el caso de la estafa del Agua Mágica y el enriquecimiento desproporcionado de integrantes del gobierno del Partido Patriota.
La persecución contra ese diario se intensificó, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, luego de que se expuso las negociaciones anómalas del gobierno de Guatemala con Rusia, para la adquisición de vacunas Sputnik V para combatir la pandemia de COVID-19.
elPeriódico evidenció que el contrato para la compra de 16 millones de dosis de Sputnik V no ofrecía garantías para el país. La suscripción de ese documento advertía que Rusia no estaba obligada a pagar más de US$100 mil (Q770 mil aproximadamente) por incumplir el contrato que a Guatemala le costaría Q1.2 millardos, pero que finalmente pagó Q614.5 millones a cambio de recibir vacunas monodosis (Sputnik Light).
Con la publicación de los contratos y sus efectos en las negociaciones se incrementaron los bloqueos comerciales a elPeriódico y los intentos de cerrar el medio de comunicación. Pese a ello, meses después, el medio expuso otro hecho; “la alfombra mágica”, en la cual se hizo público el pago de un soborno, oculto dentro de una alfombra, y que habría sido entregado en la residencia del presidente Alejandro Giammattei, de nuevo salieron a luz los empresarios rusos con la minería del níquel en Guatemala
En un reportaje de investigación se evidenciaron los detalles sobre la visita de ciudadanos rusos que llegaron al país y que habrían sido los responsables del pago millonario. Asimismo, se expuso la intención del gobierno de entregar parte del Puerto de Santo Tomás de Castilla a una empresa rusa que, también tiene negocios de extracción de níquel ya que pretendía construir su puerto privado para sacar los minerales del país.
Tras evidenciar este último negocio, desventajoso para el país, finalmente se suspendió esa negociación y la empresa rusa ya no fue beneficiada con la concesión del puerto. Asimismo, fueron expuestos otros mecanismos que utilizaba el gobierno para encarecer las obras públicas a través de incrementos de los contratos ya adjudicados para la construcción, reparación y ampliación de carreteras.
Un juicio violentando el debido proceso
Con uno de los jueces señalados de beneficiar a corruptos, al frente del Tribunal Octavo de Sentencia se realiza el juicio contra Jose Rubén Zamora, el periodista enfrenta la acusación de la FECI sin tener derecho a las pruebas para su defensa, ya que fueron rechazados en una audiencia previa al juicio.
En diciembre de 2022, Juan Francisco Solórzano Foppa denunció que el periodista había sido dejado en un estado de indefensión, ya que las pruebas que ofrecieron para el debate como descargo a la acusación de la FECI, en su mayoría fueron rechazadas.
Desde que se inició el proceso penal contra el periodista, cuatro abogados intentaron defenderlo, pero fueron señalados también y luego detenidos. La FECI que dirige Curruchiche, calificado como un actor corrupto por EE. UU., los acusó de conspirar para obstruir la justicia. Lo mismo ocurrió en las redes sociales con los netcenters, coincidiendo con los pasos a seguir por el fiscal de la FECI.
Dos de ellos Mario Castañeda y Romeo Montoya, ya fueron condenados por la vía de aceptación de cargos, un procedimiento de reciente implementación en el derecho penal, en el que el MP sin acreditar un hecho o continuar con la siguiente etapa de investigación, se condena a las personas con solo declararse culpables. El exministro Carlos Menocal denunció en un programa en vivo el 29 de abril en Punto de Encuentro, que el abogado Mario Castañeda bajo tortura fue obligado a aceptar todos los cargos.
Solórzano Foppa y Justino Brito, los más recientes abogados de Zamora, fueron procesados y enviados a prisión preventiva y el caso está a cargo de Cinthia Monterroso. Zamora ha ido perdiendo a sus abogados uno tras otro y los ataques de la fiscalía no solo se dirigieron a los abogados.
El pasado 28 de febrero, durante la audiencia de primera declaración de Zamora, en un segundo caso que la FECI lleva en contra del fundador de elPeriódico, la fiscal Monterroso pidió al juez Jimmi Bremer ordenar una investigación penal en contra de periodistas, columnistas y medios independientes. El juez Bremer aceptó y lo ordenó.
Casos exprés y las dudas que persisten
La investigación dirigida contra Zamora fue elaborada en 72 horas. La prueba clave de la FECI es la declaración del empresario Ronald García Navarijo, investigado por la FECI anterior y CICIG, acusado de lavado de dinero que está pendiente de iniciar juicio en el caso Bantrab. Al contrario, Zamora denunció en una de las audiencias que García Navarijo estaba siendo presionado y extorsionado por el fiscal Curruchiche quien pretendía obtener varios cientos de miles de quetzales (el 15%) a cambio de devolverle los millones Q33 millones ($4 millones 231 mil dólares).
Según la Fiscalía, Zamora supuestamente le pidió al testigo que lavara Q300 mil, que le entregó en efectivo.
De las grabaciones que la FECI reprodujo en una de las audiencias, ninguna evidencia a Zamora pidiéndole a García Navarijo que lave el dinero, o recogen amenaza alguna contra el exbanquero. Los fiscales tampoco han mostrado hasta el momento evidencia de que el dinero incautado sea producto de los supuestos chantajes con los que señalan al director de elPeriódico.
De esa manera, la primera etapa y el juicio son llevados de manera acelerada, mientras Zamora cumple nueve meses de prisión, el periodista se declaró como uno de los presos políticos en Guatemala.
Los graves errores de la fiscal Monterroso
Expertos que siguen el juicio, han considerado que la fiscal del caso, Cinthya Monterroso muestra poca experiencia en los tribunales, ha mostrado deficiencias en sus interrogatorios, y no conoce de las etapas del juicio, ya que pone a la vista documentos y “evidencia” sin que sea la etapa para hacerlo.
Varios testigos mostraron lo arbitrario del caso, un agente policial quien documentó la entrega del dinero, y quien, a preguntas de la defensa del periodista, respondió que la “operación no la desarrolló por instrucciones del MP, sino de “Ronald”, es decir refiriéndose Ronald García Navarijo, contrario a lo que establece la ley, el policía no actuó por instrucciones de la Fiscalía, sino de un empresario señalado en casos de corrupción y quien de forma extrajudicial decide montar un escenario criminal.
En la sexta jornada del debate se presentó un analista de comportamiento tributario de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien fue presentado como perito, pero que no cumplió con la normativa procesal penal que define que la orden de peritaje debe darla el MP o de un juez, pero en este caso, el analista de la SAT dijo que su jefa inmediata le pidió que hiciera búsquedas y no sabía las razones del porqué de dicha orden.
El MP en otro momento mostró una extracción forense que se refiere a la copia de la copia de los dispositivos de grabación. Es decir (uno de los medios de almacenamiento se perdió), sin que exista certeza para establecer la forma en que fueron realizadas las cuestionadas grabaciones, mostrando que la Fiscalía no tiene control de la cadena de custodia de las supuestas pruebas que usa en contra del periodista.
