Congresistas de oposición refieren que esta medida busca criminalizar a la población que mantiene una postura en contra de las empresas privadas que tienen cobros excesivos por el costo de este servicio.
Por Shirlie Rodriguez
El lunes 3 de abril se publicó en el Diario Oficial la reforma al Código Penal en el que se abordan los delitos de robo y hurto de energía eléctrica, además de las conexiones y que incluye sanciones más duras para quienes sean juzgados por estos.
El 22 de marzo en el Congreso de la República se aprobaron reformas también a la Ley Contra el Crimen Organizado en el que se aumentaron las condenas por el robo de energía eléctrica, agua o gas.
En la reforma se adiciona el artículo 249 BIS del Código Penal que hace referencia al hurto de fluidos cometido por un “grupo delictivo organizado u organización criminal”.
La ley especificaba que quien cometiera el delito de hurto de fluidos será sancionado con prisión de 2 a 4 años y una multa de Q10 mil.
Ahora, la reforma especifica: “quien, formando parte de un grupo delictivo organizado u organización criminal, ilícitamente, sustrajera, indujera o promoviera la sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua, gas, a fuerza de una instalación o de cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con prisión de 4 a 8 años y multa de Q100 mil”.
Por el delito de hurto a través de conexiones ilegales, la sanción para quien realice este tipo de acciones sin estar autorizado desde la red del distribuidor final, podrá ser condenado de cinco a ocho años de prisión y una multa de Q5 mil a Q10 mil.
Otra de las reformas al artículo 245 que menciona que el robo de fluidos lo comete quien con violencia o de forma ilegal, sustrajere energía eléctrica, agua, gas o fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno. Por este delito las penas son de 8 a 12 años de prisión.
Diputados de oposición mencionaron que estas medidas son utilizadas para criminalizar y poner en un mayor riesgo a la población que se mantiene en resistencia en sus comunidades por la explotación de sus recursos para generar estos insumos.
La diputada Vicenta Jerónimo del partido Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), durante su discusión en el pleno, dijo que esto buscaba vulnerar los derechos de la población y las comunidades.
También Bernardo Arévalo dijo que no era una reforma necesaria porque ya existen las leyes establecidas y por lo tanto hay que mejorar las capacidades de las entidades y hacer cumplir la ley, pero no para criminalizar a la población.
Cuidan a las empresas y criminalizan a la población
Según el abogado Elmer Batz, estas reformas quieren mantener blindadas a las empresas que se dedican a la explotación de recursos para generar energía eléctrica y otros tipos de productos.
Se enfoca en la criminalización a las personas que han estado constantemente en la defensa de su territorio y recursos, pero no aplican alguna sanción para estas empresas que generan daños a las mismas comunidades donde operan.
“Ya existe la ley, ya hay delitos que se pueden perseguir, pero lo que quieren es generar más daño a las personas que buscan pronunciarse en contra de los abusos de estas mismas empresas provocan”, dijo el abogado.
El 21 de marzo, Aníbal Rojas, cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, dijo en una nota al diario digital La Hora que con esta iniciativa buscan frenar a personas que “roban energía eléctrica” y señaló directamente a CODECA y MLP.
El abogado refiere que con estas reformas quieren hacer pensar a la población que los delincuentes son quienes defienden sus derechos y sus territorios. Además, hay movimientos comunitarios que denuncian los cobros excesivos de las empresas de energía eléctrica y ante esta vulneración de derechos, no se pronuncia el Congreso.
