Orlando López encabezó las investigaciones que llevaron a juicio al presidente de facto, José Efraín Ríos Montt, por genocidio. Está en prisión desde el jueves y la audiencia de primera declaración será hasta el martes.
Por Alexander Valdéz
El exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, fue informado de las razones de su captura en el Juzgado Quinto Pluripersonal Penal, que lo envió de manera preventiva a la cárcel de Matamoros.
Ese juzgado programó para el martes de la próxima semana la audiencia de primera declaración, en la que la Fiscalía de Asuntos Internos le imputará el delito de abuso de autoridad.
López, según el ente investigador, cuando fue suspendido del cargo sin goce de salario por un proceso penal que surgió por un accidente de tránsito, ejerció como abogado y notario sin tener competencia para hacerlo.
“Toda vez que, durante el año 2019, previo a que finalizara su relación laboral con la institución, ejerció la profesión de abogado y notario a sabiendas de que tenía incompatibilidad con su labor como empleado de la institución”, justificó la Fiscalía.
En la cárcel de Matamoros también está recluida desde hace un año la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien también es perseguida penalmente por la misma unidad que pidió la captura de López.
Diferentes organizaciones se han pronunciado en contra de la detención del exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, unidad donde se investigan crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno, ya otros investigadores y fiscales han denunciado amenazas.
Investigó crímenes de guerra en Guatemala
López, fue el fiscal que investigó la pesquisa por el caso Genocidio Ixil. Mientras trabajó en el Ministerio Público (MP), logró llevar a juicio al fallecido presidente de facto, José Efraín Ríos Montt, quien incluso fue condenado en un Tribunal de Sentencia; una condena que luego fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
En la investigación, la Fiscalía que dirigió López pudo establecer que aproximadamente 1,771 indígenas fueron asesinados durante 1982 y 1983. La pesquisa señala 31 masacres y 23 comunidades que fueron arrasadas por elementos del ejército durante el conflicto armado interno en Guatemala. Otros casos que investigó fueron la masacre del “Plan de Sánchez” y el caso “Creompaz”.
La primera se relaciona con la masacre ocurrida un 15 de septiembre de 1981 en la plaza del mercado del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, donde soldados del destacamento de Rabinal, acompañados por patrulleros, comisionados y judiciales ejecutaron a unas 200 personas a balazos.
Mientras que en el caso Creompaz, se juzgó a militares por desapariciones forzadas y violaciones. En las excavaciones se localizó 558 osamentas humanas, se ha establecido que 90 corresponden a menores de edad; 443 adultos, todavía por definir entre hombres y mujeres; adultos de la tercera edad; y 22 sin determinar en este momento. De esas 558 osamentas humanas, 97 han sido identificadas por ADN.
