En el marco del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas, que se celebra cada 25 de febrero, organizaciones interpusieron un amparo en contra de la candidatura presidencial de Zury Ríos, a quien consideran no idónea para el cargo y quien tiene prohibición constitucional para participar.
Por Regina Pérez
Las calles del Centro Histórico fueron el escenario de la marcha por el Día Nacional por la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado que se conmemora cada 25 de febrero, que fue aprovechado por las y los sobrevivientes para enviar un mensaje a las y los candidatos de la contienda electoral de 2023, con la interposición de un amparo en contra de Zury Ríos, hija del golpista Efraín Ríos Montt.
La conmemoración comenzó con una invocación frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde las víctimas presentaron un amparo en contra de la candidatura de Zury Ríos, quien busca la presidencia del país por el partido VALOR, por considerar que tiene prohibición constitucional para participar. Pese a la prohibición en el Artículo 186 de la Constitución, Ríos fue inscrita por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Feliciana Macario, integrante de la Plataforma Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, dijo a Prensa Comunitaria que la Constitución Política de Guatemala no permite que hijas e hijos y parientes de golpistas puedan ser candidatos a la Presidencia ni ser electos.
Para nosotros es una acción que va en contra de la dignidad de las familias sobrevivientes del Conflicto Armado Interno (CAI) señaló Macario.
Juan José Marcos, abogado de dicha Plataforma, señaló que este amparo fue presentado en nombre de las organizaciones víctimas del conflicto armado. Además de tener prohibición constitucional, las entidades advierten la falta de idoneidad de la candidata. “En reiteradas ocasiones la señora Zury ha emprendido acciones en contra de los derechos humanos, principalmente por medio de iniciativas de ley y su partido ha sido promotor de distintas acciones en contra de las víctimas del conflicto armado interno” dijo Marcos.
Una de estas iniciativas promovidas por el partido de Ríos en el Congreso es el proyecto 5920, “Ley de Consolidación de la Paz y la Reconciliación”, que busca amnistía para militares acusados de violaciones a los derechos humanos. La iniciativa aún se encuentra en trámite.
El padre de Ríos, el general Efraín Ríos Montt, llegó al poder mediante un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982. Durante su gobierno de facto se registraron numerosas masacres, entre ellas la de la Finca San Francisco en Huehuetenango y en la región ixil. Ríos Montt fue condenado por genocidio el 10 de mayo de 2013, aunque su condena fue revertida por la Corte de Constitucionalidad (CC) días después.
Durante la caminata de este viernes, los familiares de las víctimas recorrieron las calles del Centro Histórico hacia el Congreso de la República donde pidieron reunirse con un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, para abordar sus demandas sobre el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), que fue desmantelado durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Una de las paradas de la marcha fue en la sede de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) donde su director Nery Rodenas recordó a Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Gerardi dirigió el informe “Guatemala Nunca Más” el cual recogió la voz de las víctimas de la guerra interna y que fue presentado el 24 de abril de 1998 en la catedral metropolitana.
“Hace 24 años estábamos muy emocionados por este salto histórico para nuestro país y por el mundo, para dar a conocer la historia contada desde los testimonios de las víctimas de violencia”, recordó Rodenas. Sin embargo, cuatro días después de presentar dicho informe Gerardi fue asesinado. La presentación de dicho informe, dijo, fue el primer paso para la transformación del país.
A nivel nacional se tienen previstas diversas actividades para conmemorar este Día, instaurado después de que la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas difundiera el informe Guatemala Memoria del Silencio en el que reconocía que el conflicto armado interno (1960-1996) dejó al menos 200 mil muertos. El 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos se le atribuyó a las fuerzas armadas del Estado guatemalteco.
