Créditos: Juan Rosales
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Pese a que predominó el rechazo a la concesión de la obra a una empresa privada, se requería la participación de al menos el 20 por ciento del padrón habilitado en ese municipio para que el resultado fuera vinculante. Los representantes de los vecinos pidieron al Gobierno que los resultados sean tomados en cuenta.

Por I. Espinoza/ P. Albani/J. Rosales

En una conferencia de prensa, la comisión específica para la consulta de vecinos y la organización Defensores del Puerto San José dieron a conocer la noche de este domingo los resultados de la consulta que se realizó en el municipio San José. De más de 35mil 001 personas habilitadas para votar, 4 mil 861 acudieron a las urnas para decir sí o no a la privatización de la carretera que comunica el Puerto San José con la cabecera de Escuintla.

Al menos 27 mesas fueron habilitadas en 18 centros de votación distribuidos en las comunidades del municipio. José Urbina, miembro de Defensores del Puerto San José, afirmó que, de los 4 mil 861 votos, 4 mil 734 fueron en contra de la privatización de la autopista Escuintla- Puerto Quetzal, 55 votaron a favor, 64 votos nulos y cero en blanco.

Foto: Juan Rosales

“Los resultados finales evidencian que prevalecen los votos en contra de la privatización y el cobro de peaje a los vehículos que circulen sobre esta vía” afirmó Urbina. Para que la consulta fuera vinculante se requería la participación de al menos el 20 por ciento del total de personas empadronadas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, los representantes de vecinos enfatizaron que el resultado de la consulta “recoge las aspiraciones de los pueblos” por lo que debe ser tomado en cuenta por el Congreso, el Gobierno y las empresas del sector privado que se verían involucradas en la ejecución del proyecto.

“Exigimos el respeto a la voluntad expresada por los vecinos del Puerto San José, al Concejo Municipal que realice las acciones pertinentes para cumplir con el mandato ciudadano y a los tres poderes del Estado a derogar el decreto por medio del cual aprueba la concesión”, agregó Urbina.

Si los resultados de la consulta son o no vinculantes, el colectivo recalcó que tienen derecho presentar un recurso de inconstitucional y un recurso contencioso- administrativo e incluso podría llevar la batalla legal a nivel internacional.

“Están dando la mesa servida”

Durante la jornada, Prensa Comunitaria registró la opinión de los vecinos que acudieron a emitir su voto. Víctor Rodríguez de 76 años, votó en la Colonia La Libertad y comentó que formó parte del personal que construyó la carretera que comunica el Puerto San José con la cabecera de Escuintla. “El Gobierno de ese entonces invirtió mucho dinero para la construcción de la carretera. Se le echó un relleno de cuatro metros, cortes altos, se hicieron puentes, tuberías, bóvedas”, recordó.

Para Rodríguez, que tiene 46 años de estar en el sector de construcción de carretera, el actual gobierno está “dando la mesa servida” al Consorcio Autopista Guatemala (CONVÍA) que tendrá a cargo la reconstrucción y mantenimiento de 40 kilómetros de la carretera. CONVÍA tiene entre sus asociados a la empresa Marnhos que administra la autopista Palín-Escuintla.

“Esa empresa va a venir a echar una manchita de asfalto cobrará toda la vida ese gran impuesto (peaje) porque ya están hechos los puentes, tuberías, pasos. Ahí lo que hay que hacer es volver a echar el asfalto y eso vale tal vez el cinco o 10 por ciento de lo que ya está invertido”, agregó el vecino.

Otros entrevistados afirmaron no estar de acuerdo con la privatización de la carretera debido a que a corto plazo se traduce en el aumento del costo de la canasta básica y afectaría el bolsillo de los habitantes del municipio debido a que tendrían que pagar Q15 de peaje.

Según miembros de la comisión organizadora de la consulta el 70% del combustible que se maneja en el país proviene del Puerto San José por lo que el cobro del peaje podría verse reflejado en el aumento de los precios del combustible.

Consulta Municipal de Vecinos, Puerto de San José Escuintla. Fotos Juan Manuel Rosales

Aprobado por el Congreso

La privatización de la autopista lo aprobó el Congreso en noviembre de 2018 a través del decreto 18-2021, que establece que la construcción y reparación se realizará por medio de una alianza pública-privada que será coordinada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Sin embargo, este fue archivado y en noviembre de 2021 se volvió a reactivar la discusión y aprobación de la iniciativa, pero nunca se consultó a la población del municipio de Puerto San José.

Desde 2018, Defensores del Puerto San José junto con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), con el sindicato de transportistas, iglesia católica, sectores de mujeres y grupos de la sociedad civil habían solicitando al Concejo Municipal que convocara la consulta de vecinos. Pero hasta ayer concretaron la votación a pesar que el TSE no les apoyó con la logística del material electoral.

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