La carta está dirigida al ministro Alberto Pimentel, con copia al presidente de la mina Kappes, Cassiday & Associates con sede en Nevada, y al embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp.
Por Regina Pérez
Una representación de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, del departamento de Guatemala, entregó una carta al Ministerio de Energía y Minas (MEM) firmada por aproximadamente 2,500 personas y 200 organizaciones de 16 países en la que piden garantizar la plena participación de las comunidades afectadas por la mina Progreso VII Derivada, en la consulta que se realizará en torno a dicho proyecto.
La carta está dirigida al ministro Alberto Pimentel, con copia al presidente de la mina Kappes, Cassiday & Associates con sede en Nevada, propietaria del proyecto minero, y al embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp.
En dicho documento las personas y organizaciones instaron al MEM a garantizar la participación de los pobladores, que antes se identificaron como parte de la Resistencia Pacífica de La Puya.
Álvaro Sandoval, quien es parte de las comunidades involucradas en el proceso de consulta, ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), señaló que la cartera ya está comenzando a excluir a representantes de las áreas de influencia de la mina.
El MEM, desde su primera reunión, intentó dejar 15 días para que nombraran a sus representantes, pero también buscan que sean los alcaldes quienes los nombren, afirmó Sandoval.
#ConsultaLaPuya 👁️Observan proceso
Pobladores entregaron al @MEMguatemala una carta firmada por 2500 personas que piden garantizar la participación de comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en la consulta por la mina Progreso VII Derivado.
📷Maco Hernández pic.twitter.com/ZMlyq51lqO
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) February 27, 2023
El congresista estadounidense Chuy García saludó la acción de las comunidades a través de su cuenta de Twitter y dijo que sus delegados deben ser tomados en cuenta en la consulta respecto al proyecto minero que podría afectar el agua y su salud.
Según la información del MEM, el 22 de mayo de 2022, hicieron el primer acercamiento con la alcaldía indígena de San José Nacahuil. En el encuentro dieron a conocer el contenido de la sentencia de la CC, que emitió una resolución definitiva el 11 de junio de 2020, que suspendió las operaciones de la mina.
En un comunicado firmado por la Alcaldía Indígena Nak’awil, las comunidades afectadas señalaron que, desde el 20 de diciembre de 2022, solicitaron la acreditación de sus delegados para el proceso de consulta pero que el Ministerio solo aceptó parcialmente a sus representantes, por lo que piden que se acepte la acreditación de todas y todos los delegados.
En 2011, el MEM emitió la licencia de explotación a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, denominada Progreso VII Derivada, para la explotación de oro y plata en un área ubicada entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, sin consultar a las comunidades. En el lugar hay población indígena kaqchikel y xinka, quienes desde el principio se opusieron al proyecto.
Según la resolución de la CC, del 11 de junio de 2020, las instituciones y actores que deben nombrar a dos representantes titulares y dos suplentes son: el Consejo Municipal de cada uno de los municipios que estén en el área de influencia; las comunidades indígenas radicadas en los municipios, “que deberán nombrar a sus representantes conforme a sus sistemas”; los ministerios de Cultura y Ambiente; los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), al titular de los derechos mineros del proyecto; el Procurador de los Derechos Humanos; el MEM; la Universidad de San Carlos; y la Comisión Presidencial de Diálogo.
Con la entrega de dicha carta al MEM, Sandoval dijo que quieren mostrar que hay personas que están observando el proceso a nivel internacional.
