La Fiscalía contra la Corrupción solicitó desestimar un caso contra la Municipalidad de Villa Nueva, que se relaciona con presuntos pagos irregulares que hizo la comuna y que superan los Q10 millones por brindar los servicios catastrales.
Por Alexander Valdéz
A diferencia de los recientes casos contra operadores de justicia, activistas en derechos humanos, funcionarios de oposición y periodistas, los que vinculan a exfuncionarios o funcionarios en actos de corrupción no han tenido resultados.
Prueba de ello, es que la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) solicitó la desestimación de un nuevo caso que está asignado a esa unidad de investigación. Esta vez, se solicitó desestimar una pesquisa relacionada con presunta corrupción en la municipalidad de Villa Nueva, que data del 2016.
La investigación se relaciona con presuntos pagos irregulares que hizo la comuna y que superan los Q10 millones por brindar los servicios catastrales. El MP confirmó que se realizó la solicitud en el Juzgado de Villa Nueva y se espera que se programe la audiencia.
“La Fiscalía contra la Corrupción solicitó audiencia para la desestimación para evitar doble persecución en virtud de que el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Administrativos. De tal cuenta, está pendiente que el juzgado programe la audiencia correspondiente”, justificó el MP.
Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Administrativos que quedó a cargo del expediente, ha tenido el caso desde hace siete años, pero no ha avanzado en la pesquisa anunciada. Incluso en 2019, el entonces alcalde Edwin Escobar, fue despojado de su inmunidad por solicitud del ente investigador.
El caso
En 2018, el MP confirmó que la denuncia contra el edil fue presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y que estaba vinculada a la tercerización del servicio catastral en la comuna.
El informe de auditoría que presentó la CGC del ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva, en 2016, determinó que la tercerización del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquín & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.
“La municipalidad de Villa Nueva como unidad ejecutora no cuenta con el estudio de factibilidad y declaración de incapacidad, en donde indique que la misma no posee la capacidad instalada para la administración de su Unidad de Catastro y actualización constante de la información catastral que permita incrementar los ingresos por concepto del Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI) dentro de su jurisdicción”, informó la CGC.
Según el informe a la empresa Marroquín, Marroquín & Asociados, S.C. se le pagaron Q10.2 millones y DHV Consultants Guatemala, S.A. cobró Q5.2 por brindar los servicios catastrales.
Prioridad para la criminalización
No es la primera investigación que se conoce públicamente que la Fiscalía contra la Corrupción solicita desestimar. La última que se tuvo conocimiento fue la relacionada con la compra de los aviones Pampa lll y que vinculaba al expresidente Jimmy Morales.
En dos años, el exfiscal Juan Francisco Sandoval suma cuatro órdenes de captura en diferentes señalamientos, Virginia Laparra también ha sido sometida a dos procesos penales, de igual forma otros abogados anticorrupción. Misma suerte ha tenido el periodista Jose Rubén Zamora, contra quien en seis meses se han presentado dos casos.
Además, algunos jueces han tenido que salir del país, como Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán, quienes constantemente denuncian hostigamiento y criminalización.
