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Créditos: Nelton Rivera / Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Ante el deterioro progresivo del Estado de derecho en Guatemala, el escrutinio internacional resulta clave para proteger la democracia del país, destaca Human Rights Watch y WOLA.

Por Isela Espinoza*

La no participación de candidatos opositores, el financiamiento electoral ilícito y medidas que generen condiciones desiguales son algunas de las principales amenazas que visualiza Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

Durante una entrevista con el diario Voz de América, Pappier comentó que el actual proceso electoral de Guatemala se desarrolla en un contexto de deterioro del Estado de derecho en donde las principales instituciones encargadas de verificar y observar “carecen de independencia y credibilidad para muchos guatemaltecos”, comentó.

Sus declaraciones son reafirmadas en el informe presentado por Human Righst Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) que señala que el escrutinio internacional es esencial para asegurar los derechos humanos durante el proceso electoral del país.

Pappier resaltó la importancia de realizar un examen “exhaustivo” de las condiciones electorales. Sobre todo de las instituciones encargadas de “garantizar y proteger la legitimidad” de los comicios entre ellas: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.

En el informe presentado a finales de enero, WOLA y Human Rights Watch resaltaron su preocupación debido a que una parte de las autoridades de las instituciones involucradas en el proceso electoral han sido nombradas mediante procesos que no fueron transparentes ni independientes.

“En los últimos años, las autoridades en Guatemala han debilitado la separación de poderes y las garantías de derechos humanos con el propósito de asegurar la impunidad de la corrupción generalizada en las altas esferas del poder. El Ministerio Público ha impulsado cargos penales espurios contra periodistas independientes, fiscales y jueces que investigaron o revelaron hechos de corrupción, violaciones de derechos humanos e instancias de abuso de poder”, agrega el documento.

*Con información de Voz de América.

 

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