Consulta de vecinos en Puerto San José transcurre con normalidad

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Créditos: Juan Rosales
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

La comisión organizadora denunció que el TSE no brindó apoyo en la logística ni del material electoral para la realización de la jornada.

Por Isela Espinoza/ Paolina Albani

Más de 30 mil personas empadronas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) están convocadas este domingo a una consulta de vecinos sobre la concesión por parte del gobierno a una empresa privada para la rehabilitación con pago de peaje de la autopista Escuintla al Puerto San José.

Los 14 centros de votación instalados en el municipio San José abrieron sus puertas a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 17:00. Aunque la jornada ha transcurrido con tranquilidad, la comisión organizadora denunció que el TSE no brindó el material electoral para realizar la votación.

La privatización de la autopista lo aprobó el Congreso en noviembre de 2018 a través del decreto 18-2021, que establece que la construcción y reparación se realizará por medio de una alianza pública-privada que será coordinada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).  La obra incluye un peaje de Q15.

El proyecto de 40 kilómetros será desarrollado por el Consorcio Autopista Guatemala (CONVÍA) que tiene entre sus asociados a la empresa Marnhos que administra la autopista Palín-Escuintla. En la papeleta los vecinos encuentran la pregunta: “¿Está de acuerdo con que se dé la reconstrucción, rehabilitación, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, que va del municipio San José al municipio de Escuintla, en alianza publico privada a través de una concesión que el Estado de Guatemala otorgó a la empresa participante Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y el consorcio Autopistas de Guatemala o con cualquier participante?”.

Vecinos el Barrio Peñate manifestaron que la consulta “es una lucha justa del pueblo”. Sin embargo, están en contra de la privatización de la carretera debido al aumento que podría traer a productos de la canasta básica lo que traduciría en pobreza para el municipio. “La privatización (de la carretera) se sumaría a los bajos salarios y un Gobierno inoperante lo que significa más pobreza a nivel nacional y en el Puerto San José”, dijo Isau López de 65 años. Al medio día, el Centro de votación Instituto Nacional de Educación Básica “Barrio Peñate” registraba 213 votos.

Denuncian falta de apoyo

Los organizadores de la consulta señalaron hoy la falta de apoyo del TSE en el traslado de mobiliario, tinta, boletas y del padrón electoral.  “Hace más de dos semanas se le envío al TSE una solicitud para el apoyo en la logística a través del consejo municipal. Sin embargo, cuando faltaba menos de una semana para el evento la respuesta fue negativa”, dijo uno de los organizadores.

Además, denunciaron que hoy cinco autobuses trasladaron a pobladores del municipio a Taxisco. Señalaron que partidos políticos que están a favor de la privatización de la autopista buscan entorpecer el proceso.

Marco Antonio Cabrera, representante del procurador de Derechos Humanos para el departamento de Escuintla, afirmó que hasta el mediodía siete personas de la delegación se hicieron presentes en casi el 80 por ciento de los centros de votación. Observaron afluencia de vecino bajo un ambiente de tranquilidad. El municipio suspendió actividades recreativas para garantizar que los vecinos del municipio emitieran su voto.

“Estamos haciendo presencia para garantizar y promocionar los derechos de los votantes”, dijo Cabrera en referencia a vecinos que se han acercado para conocer información sobre la consulta. Se requiere la participación de al menos 20 por ciento de las 35 mil personas empadronadas.

Por otro lado, Julio González del colectivo Madre Selva, una de las organizaciones observadoras del proceso, enfatizó que la importancia de la jornada es la participación de los ciudadanos. “Los proyectos que se implementarán en algún territorio requieren, por mandato del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales), que se realice una consulta de vecinos para que den el aval de construcción de los proyectos o políticas que se pretenden implementar”, agregó González.

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