El MESECVI es un comité responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la convención de Belém do Pará, del que Guatemala forma parte, y es integrado por expertas independientes representantes de los Estados que forman parte de la convención.
Por Juan Calles
El comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) publicó su postura ante el caso penal contra la exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, además de mostrar profunda preocupación, instó al gobierno de Guatemala a garantizar sus derechos humanos.
“Se solicita a las autoridades de Guatemala, cuando menos, tomar las medidas necesarias para evaluar las condiciones de detención de la exfiscal Laparra y garantizar que reciba la atención médica necesaria para atender su salud”, se lee en la publicación.
En la publicación se hace saber que el MESECVI recibió denuncias en las que se hace evidente que el trabajo de Laparra, trabajaba en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, (FECI), es la causa principal de las acusaciones en su contra, y por lo tanto su condena a cuatro años de prisión.
“Se estaría en contravención con los principios de imparcialidad y transparencia, así́ como el debido proceso. Asimismo, se habrían producido manifestaciones directas en contra de la exfiscal que podrían suponer actos de violencia contra ella por el hecho de ser mujer, así como actos de violencia y discriminación contra sus abogadas, lo cual además de estar prohibido por la Convención de Belém do Pará, estaría prohibido por el reconocimiento internacional del derecho a defender derechos”, afirman.
En el mismo comunicado se informa que el Mecanismo recibió información del Estado de Guatemala, de la Secretaría Técnica, específicamente, en donde aseguran que los temas denunciados fueron debidamente atendidos, sin embargo, el comité debido a la información recaba ofrece su colaboración técnica de ser necesario.
“No obstante, ante la abundante información recibida sobre los hechos denunciados, el Comité de Expertas se pone a disposición del Estado para cualquier apoyo técnico que pudiera requerir en la materia”.
Por otra parte, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, (WOLA) también se ha pronunciado respecto al caso de Virginia Laparra, en su análisis “La distorción de la justicia en Guatemala”, publicado en noviembre del 2022, afirman que las élites guatemaltecas, tanto como los altos mandos militares y políticos se unieron para revertir la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
“Estas élites se unieron no sólo para derribar estos esfuerzos, sino para cooptar instituciones clave, incluyendo el Ministerio Público, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, y para convertir al sistema de justicia en un instrumento para castigar a aquellos que estaban en el corazón de la cruzada contra la impunidad en Guatemala, incluyendo jueces, fiscales, magistrados y personas defensoras de derechos humanos”.
Además, Amnistía Internacional, (AI), declaró a Laparra como presa de conciencia. La organización señala que no se encontraron pruebas que demuestren que haya cometido algún delito y que su persecución fue desempeñar sus funciones como fiscal y señalaron especialmente la decisión de mantenerla en prisión 9 meses antes de iniciar un juicio en su contra bajo la figura de prisión preventiva.
Lea el comunicado completo del MESECVI
https://belemdopara.org/wp-content/uploads/2023/01/Comunicado-Virginia-Laparra.pdf
Virginia Laparra fue condenada por abuso de autoridad cuando se desempeñaba como fiscal especial contra la corrupción en la ciudad de Quetzaltenango, en el año 2018, ello porque denunció al juez de mayor riesgo Lesther Castellanos, que hoy hace parte del gobierno de Alejandro Giammattei, en la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, por que éste facilitó información al abogado Omar Barrios.
Laparra fue declarada culpable de abuso de autoridad en forma continuada el pasado 16 de diciembre, por lo que fue condenada a cuatro años de prisión conmutables; sin embargo, no puede salir de prisión por que existe un segundo caso en su contra y la sentencia aún no ha quedado firme y si hay apelación podrían pasar años antes de resolver su situación jurídica.
