El Tribunal segundo de sentencia de Cobán, Alta Verapaz, aplazó por tercera vez el inicio del juicio de 21 comunitarios de Chicoyogüito, que debió iniciar este 8 de septiembre. Los comunitarios consideran el proceso como un acto de criminalización de la protesta social porque las 21 personas fueron detenidas mientras realizaban una manifestación en la que reclamaban al Estado la devolución de un territorio que les despojó en 1968.
Por Simón Antonio Ramón
El juez Walter Chen, del Tribunal Segundo de Sentencia de Cobán, Alta Verapaz, reprogramó este 8 de septiembre, por tercera vez, el inicio de juicio oral y público en el que están señaladas 21 personas de la comunidad de Chicoyogüito, por los delitos de usurpación agravada y atentado, porque el juez dijo que los acusados no pueden estar de pie, por lo que se buscará las condiciones para que se desarrolle de la mejor manera.
De las 21 personas criminalizadas, a tres de ellas se les acusa de atentado contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC). El juicio debió iniciarse en julio, pero fue pospuesto para este 8 de septiembre y en esta tercera ocasión se reprogramó para el 23 de enero de 2023. El argumento del juez, fue que los comunitarios criminalizados no pueden llevar el juicio de pie, por lo que se buscará las condiciones para que se desarrolle el juicio de la mejor manera.
Los 21 comunitarios fueron detenidas el 9 de junio mientras realizaban una manifestación en la que exigían la restitución de un terreno que les fue despojado a sus abuelos al final de la década de 1960, para la construcción de la Zona Militar No. 21, en donde hoy funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
“Buscábamos realizar una manifestación pacífica en Cobán para exigirle al Estado la devolución del territorio del que nos despojaron hace 54 años, donde se instaló la Zona Militar No. 21, hoy Creompaz”, informaron las comunidades por medio de un comunicado.
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Para las comunidades, el proceso penal en contra de los comunitarios busca la criminalización a la protesta social en el que, además, se hace un uso indebido del derecho penal para evitar la movilización a favor a la defensa y recuperación del territorio.
En el proceso están como querellantes la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y un agente de la PNC.
Para la abogada defensora Jovita Tzul en la audiencia de este jueves había al menos 15 personas de las 21, estaban de pie por lo que la suspensión de la audiencia fue prudente, pero no comparte el tiempo de espera. “Entendemos que hay mora judicial, es demasiado tiempo, según el compromiso del juez si se va a llevar a cabo la audiencia estén como estén las condiciones”, dijo Tzul.
Actualmente, hay un proceso penal en contra de militares de alto rango durante la guerra interna en Guatemala, porque la Zona Militar No. 21 funcionaba como centro de detención y ejecución clandestino. Entre 2012 y 2015 la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) realizó 14 exhumaciones en el que encontró 558 osamentas en cuatro fosas, 90 de los restos que se encontraron durante las exhumaciones fueron de niños y niñas. La FAFG confirmó que 128 osamentas pertenecen a personas desaparecidas durante 1981 y 1982, el caso se conoce como Caso Creompaz y es conocido como el caso más grande de desaparición forzada en América Latina.
