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Juez de Mayor Riesgo bajo la lupa; el caso de Gálvez por hacer justicia contra militares

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Créditos: Red de Información del combate a la Impunidad en Guatemala.
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

En la actualidad Guatemala enfrenta un debilitamiento del debido proceso en el sistema de justicia, en el marco de una denuncia contra el juez Miguel Ángel Gálvez y el exilio de jueces independientes se expone un panorama en el que la sombra de la inteligencia militar se asoma nuevamente en la palestra nacional.

Por Juan Calles

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó el 6 de julio al vocal primero de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, Eduardo Galván Casasola, como juez pesquisidor, en contra de Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, por una solicitud de antejuicio que planteó la Fundación contra el Terrorismo en su contra.

Galván Casasola tuvo a su cargo el caso contra el juez de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul. El 12 de octubre de 2021, el pesquisidor recomendó a la CSJ retirar la inmunidad a Xitumul; en ese proceso el pesquisidor no admitió las pruebas de descargo del juez, por lo que las mismas no fueron incorporadas en el informe enviado a la CSJ en donde se recomendaba el retiro de la inmunidad al juez.

El juez Pablo Xitumul dictó sentencia en importantes casos de justicia transicional, corrupción y crimen organizado, tales como Genocidio Ixil, Molina Theissen, Masacre de Dos Erres, y el caso contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, conocido como “Agua Mágica”.

Después de la recomendación de Galván Casasola, el juez Pablo Xitumul fue retirado del cargo.

¿Por qué se acusa al juez Miguel Ángel Gálvez?

El juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez, al igual que otros jueces anteriormente acusados y perseguidos penalmente, ha tenido a su cargo casos contra exmilitares y contra exfuncionarios acusados de corrupción, tales como el caso La Línea, cooptación del Estado, genocidio Ixil, Sepur Zarco y recientemente el caso del Diario Militar.

En este último, el juez Gálvez envió a juicio oral y público a nueve exmilitares y expolicías. Después de esta decisión la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) lo denunció ante la CSJ por los delitos de: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales en forma continuada.

Los denunciantes han dicho que se debe a que el juez Gálvez ha enviado a prisión a varias personas antes de concluir su audiencia de primera declaración, durante la cual se decide si un acusado es ligado a proceso, se dicta prisión domiciliar, o se declara falta de mérito y queda en libertad; dicha audiencia se debe realizar, según la ley, en un plazo no mayor de 24 horas después de la captura de una persona.

El juez Gálvez ha declarado en diferentes ocasiones que debido a que en los casos que ha conocido ha habido un gran número de personas sindicadas, no se puede cumplir con el plazo de las 24 horas, por lo que ha tomado la decisión de dictar prisión preventiva a las personas acusadas.

En una entrevista realizada en mayo recién pasado con Prensa Comunitaria, el juez Gálvez analiza el proceso en su contra y menciona que le sorprende como la institucionalidad de justicia se presta al juego de la FCT, que señala a jueces y magistrados que les son incómodos, los denuncia y en su totalidad terminan en el exilio.

“Es evidente cómo que hay una concertación, como que todas las instituciones se están prestando. Esto lo digo, porque es increíble: él (Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT) viene a la audiencia, posteriormente saca la primera página y a raíz de eso se desencadena una campaña de desprestigio de meterse, incluso, en la vida personal”, menciona Gálvez en la entrevista.

Lea aquí la entrevista completa

Miguel Ángel Gálvez: “Somos espectadores pasivos de cómo un país se viene a pique”

“El problema que se está dando aquí es que se está instrumentalizando el derecho penal, o sea están llevando el derecho penal prácticamente a que responda a ciertos intereses de determinadas personas, y eso es precisamente lo que yo considero que se tiene que proteger, esa independencia que tiene el Organismo Judicial como una institución del Estado”, analiza el juez Gálvez.

Una Corte Suprema de Justicia de facto decide sobre procesos de persecución contra jueces

El abogado Alejandro Rodríguez del instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) opinó que la actual CSJ es una corte de facto ya que es dirigida por magistrados que hace tres años debieron entregar sus puestos, sin embargo continúan ejerciendo en contubernio con el Congreso de la República.

“Están haciendo el trabajo sucio, persiguiendo a jueces y fiscales independientes, procurando impunidad para personas que han cometido ilícitos de corrupción y de corrupción judicial, también como parte de lo que se ha denominado pacto de corruptos”, indicó.

En el caso específico del juez Gálvez, Rodríguez afirmó que es un proceso que carece de sustento fáctico probatorio y jurídico. “En primer lugar, porque no señala qué hechos concretos supuestamente cometió el juez Gálvez y sobre qué se va a investigar, en segundo lugar, la denuncia menciona un informe realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, que no se puede usar como prueba, donde se señalan cinco casos en los que supuestamente se hizo un exceso en el plazo para escuchar la declaración y tres de esos casos no corresponden al juez Gálvez”.

Basado en ello, Rodríguez opina que la CSJ no leyó la causa contra el juez Gálvez para saber si existían elementos probatorios, lo cual se sustenta en el voto razonado de una de las magistradas, María Eugenia Morales, quien en su momento indicó que las acusaciones contra Gálvez son infundadas.

“Estamos frente a una operación de inteligencia militar”

¨La institucionalidad guatemalteca en este momento está básicamente destruida, el debido proceso está muy debilitado”, opinó el abogado Rodríguez, es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos situó a Guatemala en la lista de países que no respetan los derechos humanos, ya que no se garantiza la independencia judicial.  Pero además operadores ligados a militares son quienes amenazan y señalan a jueces independientes que no dictaminan conforme los intereses de estos grupos.

“Estas son operaciones psicológicas que vienen de la perspectiva de la inteligencia militar, todas las campañas de desprestigio tienen una orientación de guerra psicológica para causar temor, es una violencia simbólica que por ejemplo usan nombres para las cuentas de redes sociales que recuerdan a los escuadrones de la muerte, están explícitamente señalando somos militares y vamos a utilizar las técnicas que usábamos en los años 80”, dijo el entrevistado.

La intención según Rodríguez, entre otros, es debilitar los casos contra militares que cometieron crímenes de lesa humanidad y evitar que enfrenten juicio.

“Los jueces independientes deben mantener su posición y no dejarse amedrentar, pero la sociedad guatemalteca también debe reaccionar porque es muy grave que el país pierda su independencia judicial, porque si lo permitimos ningún guatemalteco tendrá sus derechos asegurados, concluyó Rodríguez.

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