Por Regina Pérez
Cuando Virginia Laparra fue jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en Quetzaltenango, denunció en al menos cuatro ocasiones al juez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos, porque supuestamente había brindado información de una investigación bajo reserva a terceros y por ventilar el caso en medios de comunicación.
Con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2019, forzada por el presidente Jimmy Morales y el retiro del apoyo institucional por parte de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP) a las y los fiscales que formaron parte de la FECI empezaron a ser perseguidos penalmente.
Este fue el caso de Laparra, quien fue detenida el 23 de febrero de 2022, con un excesivo uso de fuerza policial. La entonces fiscal tenía una citación al día siguiente de su detención, sin embargo, el juez Sergio René Mena, del Juzgado Séptimo, ordenó su captura un día antes.
En el caso contra la exfiscal figuran como querellantes el abogado Omar Barrios, quien fue candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), el juez Castellanos y la Fundación contra el Terrorismo, cuyos representantes Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla también han denunciado a otras exfiscales y a la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo.
¿Qué hay detrás de la acusación en contra de Laparra?
Laparra fue detenida por haber realizado cuatro denuncias en contra del juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, porque ella llevaba un caso que estaba bajo reserva, del cual el juez brindó información al abogado Omar Barrios, quien publicó sobre dicho proceso y lo ventiló en medios de comunicación.
La exfiscal de la FECI realizó la primera denuncia el 7 de noviembre de 2017, tras lo cual el juez Castellanos fue sancionado administrativamente.
De acuerdo con la abogada de Laparra, Claudia González, la entonces mandataria de la CICIG, Flor de María Gálvez, recusó al juez por esa razón. En total se presentaron cuatro denuncias administrativas, una de las cuales fue porque Castellanos, el 13 de julio de 2018, cuando ya no conocía el expediente por estar recusado, pidió una copia de documentos y audios cuando el caso ya estaba en ejecución y no le notificaron a los demás sujetos procesales; él aportó esa información en la denuncia administrativa.
Según la defensa de Laparra, no es posible aseverar atentado a la independencia de un juez que no conocía ninguna causa al momento de presentar su denuncia.
Tras la salida de la Comisión, Gálvez presentó la renuncia a las acciones y solo quedó Laparra dándole seguimiento.
Este caso involucraba al exfutbolista René Villavicencio, del equipo Xelajú Mario Camposeco, detenido el 1 de agosto de 2016, por presunta extorsión y quien se constituyó como colaborador eficaz en otro caso llevado por la FECI y la CICIG, en el que estaba implicado el exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Rolando Barrientos Pellecer, detenido en septiembre de 2018 por hechos de corrupción en la municipalidad.
Villavicencio presentó una declaración en anticipo de prueba, la que según la denuncia, llegó a personas que no formaban parte del proceso.
Luego de esta situación, el juez denunció a Laparra en la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, con el control jurisdiccional en Quetzaltenango. Posteriormente, la exfiscal fue denunciada en la ciudad de Guatemala, por lo tanto hay dos demandas por el mismo hecho, explicó González.
El Ministerio Público (MP) la señaló de no tener las facultades para denunciar administrativamente al juzgador y pidió su captura.
Audiencia clave en caso Laparra se retrasa por excusa de juez
Actualmente la exfiscal de la FECI es la única del grupo de exfiscales detenidos, en febrero pasado, que continúa en prisión preventiva. La exmandataria de la CICIG, Leily Santizo y la exfiscal Eva Siomara Sosa recobraron su libertad con una medida sustitutiva, en tanto un juez declaró falta de mérito a favor de Allis Morán Mejía y Paola Escobar, detenidas por abuso de autoridad en el caso Comisiones Paralelas.
Según información de la defensa, Laparra se encuentra en una bartolina en el Centro de Detención Preventiva “Mariscal Zavala”, por razones de seguridad. Tiene derecho a dos visitas semanales y solo puede salir a tomar el sol durante una hora al día. Esta situación ha afectado su ánimo, ya que está lejos de su familia y sus hijos.
El domingo 3 de abril recibió la visita del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien verificó su situación en dicho centro carcelario. Por medio del PDH, Laparra envió un mensaje a la población guatemalteca, en el que enfatizó las anomalías de la denuncia en su contra. Dijo que fue detenida un día antes de la citación que tenía en el Juzgado y que el juez Sergio René Mena le ha negado medidas sustitutivas, así como el hecho de tener dos causas abiertas por el mismo caso, uno en la ciudad de Guatemala y otro en Quetzaltenango.
Un día después, el juez Sergio René Mena, se excusó de seguir conociendo la denuncia en contra de Laparra aduciendo que se le intentaba presionar de manera mediática, por la publicación de la carta. Para la abogada defensora, Wendy López, la decisión deja el expediente en un limbo y atrasa la audiencia de etapa intermedia fijada para el 18 de abril.
Antes de conocerse la excusa del juez, González manifestó su preocupación porque tanto el juez Mena como el MP buscaran atrasar la audiencia, lo cual finalmente ocurrió con la excusa. Ahora se tendrá que designar un nuevo juez que conozca el caso de Laparra.
La importancia de dicha audiencia radicaba en que se resolvería si la exfiscal va a juicio o no. “Para nosotros es importante para que ella recupere su libertad, porque la hemos pedido en dos oportunidades y los argumentos del juez para no darle su libertad es que, por ser abogada, doctora y ser fiscal, ella puede entorpecer el desarrollo normal del proceso”.
Tras denunciar a Laparra, el pasado 22 de marzo, el Congreso nombró como Relator contra la Tortura al juez Lesther Castellanos con 111 votos a favor.
Juez se excusa de conocer el caso de exfiscal Virginia Laparra
