Por Simón Antonio Ramón
Han pasado dos semanas desde que un consorcio de medios de comunicación publicó una serie de investigaciones a partir de una filtración de información interna del Proyecto Minero Fénix, manejado por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico para la multinacional ruso-suiza Solway. En los reportajes, se reveló la compra de voluntades en las comunidades, vigilancia y seguimiento, tanto a comunitarios como a periodistas.
La investigación periodística publicada el domingo 6 de marzo por más de 20 medios de comunicación bajo la dirección de Forbidden Stories conocidos como Mining Secrets o Secretos Mineros, involucra a altos funcionarios de gobierno, alcaldes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y operadores de la minera Solway Investment Group.
A pesar de las respuestas que han tenido las piezas periodísticas en Guatemala, los funcionarios de gobierno han guardado silencio. Pero el debate sobre el tema ha sido planteado por algunas diputadas y diputados. Como la moción privilegiada presentada por la legisladora Andrea Villagrán, de la bancada BIEN, el 15 de marzo, y la iniciativa de ley sobre la moratoria de las licencias, presentada por la bancada Semilla, el 18 de marzo.
Corrupción y colusión razones que impone el silencio
La diputada Andrea Villagrán, de la bancada BIEN, presentó el martes 15 de marzo al pleno del Congreso de la República un punto resolutivo para pedir al Organismo Ejecutivo la cancelación de la licencia minera Fénix-. La petición también incluye que se declare lesiva la compra de un lote de vacunas Sputnik, para combatir la pandemia de la COVID-19, porque en ambas instancias hay intereses de empresarios y del gobierno ruso.
El punto resolutivo coincidió con la postura del gobierno de Guatemala sobre el conflicto de Rusia y Ucrania y pide la cancelación de la licencia de la minera porque tiene inversiones rusas que podrían violentar los derechos humanos. Pero al final de la sesión con contó con los votos necesarios para su aprobación.
“Estas filtraciones de tantos documentos acerca del mal manejo de la gestión de la mina, la corrupción que se da alrededor de ella. Esta filtración generó un escándalo, lo que yo lamento es que se generó un escándalo a nivel internacional, pero en Guatemala pues a nivel político este escándalo no desata, no se desarrolla, no existe un debate público dentro y parte de las autoridades del Estado”, afirmó la diputada Villagrán.
Para la diputada Villagrán, los votos de 104 diputadas y diputados en contra del punto resolutivo, representan discriminación y corrupción. “Hay un alto nivel de discriminación porque son poblaciones indígenas; y segundo, por los grandes niveles de corrupción que se dan en el Estado y en los funcionarios públicos, lamentablemente el Congreso en lugar de representar a la población al que se representa, representan intereses económicos”, puntualizó.
El 17 de marzo, la bancada Semilla presentó la iniciativa 6049 Ley de Moratoria Minera Metálica que plantea la postergación de 10 años las licencias en proceso y las licencias vigentes que se vencen en ese plazo no sean renovada.
A criterio del diputado Román Castellanos, de esta bancada es porque la minería deja más problemas que de lo que resuelve económicamente. “Con el modelo actual se dilapida nuestro patrimonio y se enriquecen funcionarios públicos, políticos y empresarios representantes de empresas transnacionales, todo ellos sin escrúpulos” dijo el diputado al momento de presentar la iniciativa de ley.
“Con la minería metálica con el actual modelo pierden las comunidades, la naturaleza, el país y sobre todo, pierde el pueblo de Guatemala”, dijo el diputado.
Para el analista político Renzo Rosal, la publicación es profunda y con información poderosa. Al consultar sobre el impacto que genera esta publicación desde el 6 de marzo indica que hay un silencio muy obvio por muchas razones. “Por un lado, la primera operación de esta minera con capitales rusos fue canadiense a lo largo de los 50 años que lleva operando. También hay intereses de diferentes gobiernos que están coludido en la forma de operación de la minera como el caso de diputado que su hijo es proveedor de la mina según una publicación de esta serie de investigaciones”, dijo el analista.
Otros actores que pueden influir en ese silencio, según Rosal, son a empresarios y proveedores. “Aquí podemos mencionar a quienes prestan servicios como proveedores de múltiples herramientas o pautas en medios de comunicación, hasta parece ser normal porque en este momento el epicentro es la minera en una serie de redes”, analizó Rosal.
“Porque al abrir el panorama podemos ver en cuáles empresas mineras hay intereses rusos, lo que convierte en una disputa geopolítica, porque entonces ya no solo es un asunto de políticas militares donde interviene Rusia que conocemos comúnmente, sino también en políticas económicas lo que eleva los niveles de alarma de Estados Unidos”, dijo Rosal.
Hasta el momento no hay una postura, tanto del actual presidente Alejandro Giammattei como también de la administración de Jimmy Morales, a pesar de los señalamientos que se les ha hecho a los funcionarios de estas administraciones. Desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia han seguido las actitudes de Solway y CGN Pronico de cuestionar la veracidad de la información y no han aclarado los señalamientos para la gestión de esta minera que opera desde 1970.
Las reacciones de Solway
Solway, con sede en Suiza, ha emitido dos comunicados de prensa en su portal web, en los que acusa al trabajo periodístico dirigido por Forbidden Stories de difamación y la filtración hecha por un grupo de hackers, que nombran “Guacamaya”, como ataques cibernéticos. Comunicado emitido el 17 de marzo informó hará un investigación para CGN, Pronico, sus agentes, administradores y personas asociadas.
Por su parte, las filiales de Guatemala, CGN y Pronico, han emitido cinco comunicados de prensa desde el 7 de marzo. En sus comunicados niegan la participación de accionistas rusos en la empresa y rechazan los hechos documentados en más de ocho millones de documentos revelados. El comunicado del 17 de marzo se refiere a la investigación anunciada por Solway el 15 de marzo.
