Search
Close this search box.
Créditos: La jueza Érika Aifán salió del país el mismo día en que tuvo su segunda audiencia ante el juez pesquisidor del antejuicio en su contra. Foto Juan Rosales
Tiempo de lectura: 5 minutos

Por Regina Pérez

Tras 19 años como jueza, Érika Aifán, quien se desempeñaba como titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, renunció a su cargo por no contar con garantías suficientes de protección a su vida y su integridad. En su carta de renuncia, dirigida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Aifán señaló que las presiones, amenazas y hostigamientos en su contra le hacían imposible continuar en el cargo.

Con su renuncia, Aifán se suma a la lista de operadores de justicia, exfiscales y magistrados que han tenido que salir al exilio, como las extitulares del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana; la exmagistrada Claudia Escobar, la exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras; el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval y demás fiscales que trabajaron en la FECI.

La jueza Aifán tenía más de 100 procesos penales en su contra y cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial. Foto Juan Rosales

En un video, Aifán señaló que como jueza enfrentó denuncias, amenazas y presiones. “He conocido tantos casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad”, dijo.

La jueza indicó que decidió presentar su renuncia al cargo porque no cuenta con garantías suficientes de protección a su vida y su integridad, ni a la posibilidad de defenderse con el debido proceso.

“Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por el avance de la justicia decidieron cooptar las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad”, agregó en el mensaje.

En su carta de renuncia, destacó ser víctima de múltiples amenazas, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas de identificación; espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de su despacho.

Además, manifestó haber sido criminalizada en más de 100 procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aproximadamente 30 antejuicios y otras denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia.

A eso se sumaron las campañas mediáticas de desprestigio y odio hacia su persona, su cargo como jueza y como mujer, buscando obstaculizar su trabajo, dijo.

A la fecha, Aifán enfrentaba varias solicitudes para despojarla de su inmunidad, entre ellas un antejuicio presentado por el Instituto de Magistrados, el cual ya estaba en su fase final, en espera de que el juez designado, Roaldo Isaías Chávez, integrante de dicho Instituto, enviara el informe a la CSJ.

De acuerdo con el medio salvadoreño “El Faro”, Aifán salió del país el 9 de marzo, por tierra hacia El Salvador para luego volar a Costa Rica, el mismo día en que tuvo su audiencia ante el juez Chávez para presentar sus pruebas de descargo por el antejuicio en su contra, presentado por el referido Instituto.

La audiencia del 9 de marzo duró todo el día y en horas de la tarde, con semblante cansado, la jueza atendió a los pocos periodistas que estaban en la Torre de Tribunales. Una de las mayores preocupaciones que la juzgadora externó a varios medios, fue lo que pasaría con su integridad física si se le retiraba la inmunidad.

En una entrevista con Prensa Comunitaria, Aifán indicó: “Nuestra vida estaría en grave riesgo en el momento en que nos separaran del cargo”.

Erika Aifán: “Nuestra vida estaría en grave riesgo en el momento en que nos separaran del cargo”

Como titular del Juzgado de Mayor Riesgo, donde fue nombrada hace seis años, Aifán conoció casos de corrupción y crimen organizado, entre ellos el de Financiamiento Ilícito de FCN-Nación, donde procesó a los empresarios más importantes del país, por aportes ilegales a la campaña electoral de dicho partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia en 2015.

También conoció el caso Comisiones Paralelas 2020 donde, según los magistrados de Sala que la denunciaron, ordenó diligencias ilegales en contra de candidatos a magistrados de Sala que fueron señalados en la investigación. Los denunciantes manifestaron que la jueza no tenía competencia para ordenar dichas diligencias.

Otro caso que estaba siendo conocido por Aifán es el de un posible soborno en contra del presidente Alejandro Giammattei, durante su campaña electoral. El medio electrónico El Faro publicó que la jueza tenía una copia de la declaración de un testigo, conocido como Testigo A, en su juzgado, quien dijo que negoció con Giammattei la entrega de 2.6 millones de dólares para su campaña, por medio del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

Ya en el exilio, Aifán confirmó que el presidente Giammattei pidió una copia de la grabación de la declaración, lo cual fue negado por la jueza, ya que el mandatario no es parte procesal en el expediente.

El pasado 9 de marzo, ante la pregunta de un periodista sobre la solicitud del mandatario, Aifán se rehusó a responder. “Sería importante que pudieran preguntarle al señor presidente, pedirle que les muestre el documento, para que puedan ver el contenido exacto, yo no puedo pronunciarme en cuanto a si una persona tiene o no vinculaciones en el caso, sobre todo si tengo a cargo el proceso”, señaló en esa ocasión.

La labor de la jueza Aifán es reconocida por varios sectores de la sociedad civil. Foto Juan Rosales

La renuncia de Aifán estuvo antecedida por numerosas denuncias, ataques y hostigamiento en su contra. La Fiscal General, Consuelo Porras, quien busca su reelección, autorizó varias solicitudes de antejuicio en contra de Aifán, por los casos de alto impacto que conocía la jueza como Comisiones Paralelas 2020, Odebrecht y Cooptación y Corrupción Judicial.

Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil y diferentes sectores, le expresaron su solidaridad. El 2 de marzo, el cardenal Álvaro Ramazzini la visitó en su despacho y le manifestó su apoyo en tanto el 7 de marzo, representantes de varios sectores acudieron a la Torre de Tribunales para expresarle su respaldo.

El 9 de marzo, el día de su audiencia ante el juez Chávez, el embajador de Estados Unidos, William Popp, llegó afuera de la Sala donde ella presentaba sus pruebas de descargo, como un gesto de apoyo hacia la jueza que se sumó a las muestras de respaldo de otros miembros del cuerpo diplomático. Ese gesto no fue del agrado de las cámaras empresariales.

La renuncia de la jueza despertó reacciones de diputadas, el Procurador de Derechos Humanos y la exfiscal general, Thelma Aldana, ente otros que se han expresado sobre su renuncia y salida del país.

“Lamentable que otra operadora independiente de justicia, incluyendo el caso en el que se señala a Giammattei de recibir dinero (sobornos de constructoras) para su campaña, ahora tenga que exiliarse”, comentó la congresista de Semilla, Lucrecia Hernández Mack.

En tanto, Sonia Gutiérrez, jefa de la bancada Winaq indicó “Guatemala hoy pierde a una de sus mejores y valiosas juezas como consecuencia del nivel de cooptación del Estado por ese pacto que lo une la corrupción e impunidad. Mi solidaridad con la jueza Aifán”.

En una entrevista concedida al medio radial Emisoras Unidas, Aifán indicó que aún evalúa la opción del exilio. “No he decidido la situación del exilio…estoy considerando, a partir de la presentación de mi renuncia, otras opciones profesionales”, señaló.

COMPARTE