Esta es la historia de la alianza entre el gobierno de Alejandro Giammattei y las mineras rusas asentadas en Izabal y Alta Verapaz.
TEXTO Y FOTOS POR: THE STORE PROJECT
Varios gobiernos de Guatemala han permitido la operación ilegal de la mina de níquel en El Estor, Izabal. Esta investigación demuestra que los conglomerados rusos contaron con los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, quienes facilitaron el desmantelamiento institucional y la regresión autoritaria tras la salida de CICIG del país, para crear mecanismos de corrupción, acoso y represión que han servido a la mina para funcionar de forma ilegal, manipular una consulta comunitaria, no dar cuentas por la contaminación ambiental e, incluso, cometer crímenes para garantizar el éxito de su operación.
Esta es la historia de como Solway, la compañía minera asentada en Suiza y creada con capitales rusos, armó alianzas con el poder político de Guatemala para operar de forma ilegal en El Estor, Izabal, y para criminalizar a los indígenas Maya Q’eqchi’ que se les opusieron cuando la mina contaminó sus aguas o quiso desalojarlos de sus tierras.
Es una historia que periodistas guatemaltecos han contado con detalle desde 2017, cuando el pescador Carlos Maaz fue asesinado por miembros de la Policía Nacional Civil en El Estor. A partir de entonces, la minera perfeccionó estrategias de seguimiento a sus opositores y sus mecanismos de impunidad.
La opacidad de la minera no atañe solo al gobierno guatemalteco actual que preside Alejandro Giammattei; ha sido tolerada por sus antecesores, sobre todo por Jimmy Morales. Ambos presidentes no dudaron en decretar estados de sitio en El Estor que la mina de Solway y otras empresas extractivas instaladas en la zona aprovecharon para intentar desalojar a los Q’eqchi’ de sus tierras o para sembrar el terror.
La parte más reveladora de la historia que hoy contamos tiene que ver con los secretos descubiertos tras la publicación en varios medios del mundo de documentos internos de la mina (correos electrónicos, presupuestos, planes de acción, presentaciones digitales), filtrados al consorcio periodístico Forbidden Stories, a 65 periodistas de 20 medios en 16 países.
Por primera vez, Forbidden Stories y los medios colaboradores pudieron levantar la cortina del poderoso conglomerado ruso-suizo propietario de la mina. Los documentos filtrados, que incluyen 470 buzones de correo (2TB de datos) y otros 8 millones de archivos, están llenos de escándalos: daños medioambientales; propuestas para comprar a los líderes de la comunidad, la policía y los jueces; planes detallados para desplazar a las comunidades locales; e imágenes que documentan la vigilancia de los periodistas que investigaron las actividades de la mina.
Pero esta historia también se relaciona con el caso que en Guatemala se conoció como la alfombra mágica o la trama rusa, que involucra un posible soborno de la empresa Mayaníquel, socia de Solwy en El Estor y propiedad de la rusa TelfAg. Directivos rusos de Mayaníquel, según una investigación iniciada en 2021 y enterrada por la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, entregó un soborno al presidente Giammattei.
Ni Mayaníquel ni Giammattei son los protagonistas más importantes en los documentos de Solway, pero las historias de ambas empresas rusas y los políticos de Guatemala, tanto en los despachos de la capital como en los del poder local en Izabal, están íntimamente relacionadas. Este texto se adentra en ese laberinto de corrupción.
Acto I. Los conglomerados rusos, los mineros de El Estor y el gobierno de Guatemala
Juan Francisco Sandoval está siempre pendiente de Guatemala. Vuelve en forma constante a su país a través de la pantalla de su celular. Es así porque está exiliado en un suburbio de Washington, DC desde la noche de julio de 2021 en que tuvo que huir tras denunciar que investigaba al presidente Alejandro Giammattei.
Cuando se adentra en el tema de su salida de Guatemala, Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI), deja su celular. Se dispone a hablar de la investigación que su oficina inició el 23 de junio de 2021 cuando un testigo presentó indicios de que un grupo de ciudadanos rusos y un kazajo relacionados a la empresa Mayaníquel entregaron un soborno a Giammattei. Al caso se le conoce ahora en Guatemala como la alfombra mágica o la trama rusa.
De acuerdo con el testimonio que recibió FECI, la delegación ruso-kazaja asociada a Mayaníquel llegó a Guatemala el 26 de abril de 2021 en un avión privado procedente de Bruselas, Bélgica, después de hacer escala en Punta Cana, República Dominicana. El dueño del jet es un empresario kazajo-israelí llamado Alexander Maskevich.
Tres días después, según el testigo que habló con los fiscales de FECI, los extranjeros visitaron al presidente Giammattei y le llevaron “una alfombra que estaba envuelta como caja de regalo y tenía un listón color rojo que lo amarraba, al cargar dicho paquete con otra persona, pude determinar que la misma contenía en su interior dinero en efectivo envuelto en paquetes”.
Los extranjeros que estuvieron en Guatemala también fueron atendidos por Antonio Malouf, el ministro de Economía de Giammattei y expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). En el testimonio que conoció la FECI de Sandoval consta que Malouf acompaño a la delegación de rusos a Petén el 1º de mayo.
Mayaníquel es propiedad del consorcio ruso TelfAg y es dueña de la licencia minera El Sechol, en la frontera entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, un sitio de extracción ubicado cerca de la comunidad Chichipate, a unos 16 kilómetros del Proyecto Fénix, como se llama a la licencia minera que manejan la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico para la otra compañía de capitales rusos, basada en Suiza, que se llama Solway.
Un mes después de aquella supuesta entrega de dinero, el 28 de mayo de 2021, Mayaníquel obtuvo una nueva licencia para explorar la explotación de níquel y otros metales en el sur de Izabal. La empresa había solicitado esa licencia 11 años antes, en 2010, pero el permiso llegó solo después del arribo de la delegación rusa a Guatemala en 2021.
Fue aquel expediente, dice Sandoval en Silver Spring, la ciudad vecina a Washington, DC donde ahora vive, el que motivó en buena medida que su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, lo destituyera del puesto y le quitara todas las protecciones un mes después, el 24 de julio.
La denuncia pública de Sandoval y su exilio son solo la primera parte de la historia que involucra a los rusos y a las mineras en El Estor.
Acto II. La consolidación de una alianza criminal
La otra gran actriz de esta trama es Solway. Esta empresa, dueña de la licencia minera Fénix en El Estor, Izabal, tiene una relación comercial con Mayaníquel, cuyos representantes se supone sobornaron al presidente de Guatemala. Aunque Solway ha tratado de minimizar esa relación, decenas de documentos prueban que esta existe y es esencial para el funcionamiento de ambas empresas.
Mayaníquel vende a Solway la mena de níquel extraída de su yacimiento en Sechol, entre Izabal y Alta Verapaz, que es la materia prima que sirve para procesar el ferroníquel, el derivado que se exporta desde Guatemala. Y es Solway la que procesa el material, extrae el níquel y lo envía a Puerto Santo Tomás de Castilla para embarcarlo a mercados europeos a través de puertos en Italia, Holanda, Ucrania, entre otros, desde donde la carga se mueve a cualquiera de los 35 países en los que la empresa rusa hace negocios con el níquel guatemalteco. Por ahora, la única empresa que saca el ferroníquel es Solway, gracias a un contrato que tiene con la Empresa Porturaria Nacional (EMPORNAC) y con la privada Pahame, que maneja el puerto y a la que FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) abrieron dos investigaciones por corrupción.
Pronico, una de las empresas de Solway, aceptó, a través de una carta en la que contesta varias preguntas hechas por el consorcio de medios reunido por Forbidden Stories, que hay dos tipos de relaciones con Mayaníquel: contratos por compra de mineral y contrato para la realización de análisis de la muestra de material.
Hay, en efecto, documentos que prueban esas relaciones entre Mayaníquel y Solway/CGN/Pronico. Pero también hay pruebas de otras relaciones que Pronico niega; por ejemplo, que CGN paga derechos de anclaje, carga y amarre de buques fletados por TelfAg, la empresa madre de Mayaníquel, en Santo Tomás de Castilla. En la carta de Pronico, enviada a Forbidden Stories el 25 de febrero de 2022, dicen que esa “información sobre el pago de los fletes no corresponde a la realidad”. Hay, sin embargo, pruebas de lo contrario.
El 14 de julio de 2017, por ejemplo, dos rusos firmaron un acuerdo para certificar el uso conjunto del puerto. Yuriy Berzoviskiy, uno de los gerentes de TelfAg, y Sergeri Nosachov, ejecutivo de CGN, acordaron que será esta última la que pagará a la primera el flete y uso del puerto de los buques Nautical Hilary y Chipobrok Atlantic.
Otro documento, una factura de 2020, muestra la relación comercial entre Mayaníquel y Solway/CGN/Pronico. El 18 de febrero de aquel año, CGN pagó a Transportes Cordón Paz 383,155 quetzales (unos US$51,000) por el transporte de 17,913 toneladas de mena de níquel, el material en bruto del que se saca el níquel, extraído de la mina de Mayaníquel.
Otra factura, fechada el 2 de febrero de 2021, muestra que Mayaníquel le paga a CGN para que esta haga el proceso de toma de muestras previo a la conversión de la mena de níquel en ferroníquel, que es el material que finalmente se exporta a Europa.
Hay otro vaso comunicante claro. El ruso Yuriy Berezovskiy fue alto ejecutivo de Mayaníquel primero y luego fue director general de CGN hasta octubre del año pasado.
En resumen, la documentación prueba que Mayaníquel, de la empresa rusa TelfAg, y CGN/Pronico, de Solway, están emparentadas en la operación minera en El Estor, Izabal, y en municipios aledaños de ese departamento y de Panzós, Alta Verapaz. Mayaníquel extrae, CGN/Pronico transforma, transporta y exporta.
A la postre, la investigación de la posible corrupción atribuida al gobierno de Alejandro Giammattei con relación a Mayaníquel, a la concesión de una nueva licencia minera y un posible negocio para ceder derechos de almacenaje y uso del Puerto Santo Tomás de Castilla, llegaría a los tratos con Solway/CGN/Pronico, que es la que procesa lo extraído por la primera y la que lo saca hacia el mar.
La primera concesión del Estado de Guatemala a Solway, incluso antes de que llegaran los rusos de Mayaníquel en abril de 2021 a la capital guatemalteca, fue permitir la operación de la mina aun cuando la Corte de Constitucionalidad lo había prohibido.
En 2018, un grupo de pescadores y autoridades indígenas demandó al Estado de Guatemala por permitir a la mina de El Estor operar desde 2005 sin haber realizado una consulta previa con las comunidades Q’eqchi’ afectadas de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a la consulta previa con las poblaciones originarias antes del inicio de operaciones. En 2019 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) falló en favor de los solicitantes y ordenó el cierre de la mina, resolución que reiteró en 2020. En febrero de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) comunicó a CGN que debía dejar de operar. La mina, sin embargo, continuó como si nada.
Bajo las narices del Estado guatemalteco, Solway también ha ejecutado, desde que adquirió los derechos de extracción del Proyecto Fénix en El Estor, un plan para llevar adelante desalojos de comunidades indígenas asentadas en sitios de extracción y sus alrededores, para perfilar a líderes territoriales y nacionales que se oponen al proyecto minero, para hacer pagos a la Policía Nacional Civil con el objetivo de que esta funcione como brazo armado de la empresa si es necesario y para inclinar a su favor la consulta que la CC le ordenó hacer en 2019 como requisito para funcionar legalmente.
A finales de 2021, Solway, con el apoyo armado de la PNC y el ejército de Guatemala, arremetió contra un grupo de líderes Q’eqchi’ reunidos en cuatro consejos ancestrales que dirigieron una protesta pacífica contra la mina. Fue la PNC, a la que Solway/CGN/Pronico ha hecho durante años entregas de dinero catalogado “como apoyo estratégico”, la encargada de ejecutar esta arremetida, que se tornó violenta y concluyó con un estado de sitio sancionado por Giammattei.
Fue durante ese estado de sitio, entre finales de octubre y mediados de diciembre pasados, que Solway/CGN/Pronico concluyó una consulta irregular que culminó con un permiso para funcionar legalmente.
Acto III: Los buenos amigos rusos
El 11 de junio de 2020, en pleno encierro por la pandemia de Covid, el presidente Giammattei recibió una carta de Sergey Nosachev, en la que el empresario ruso pedía “apoyo para garantizar la libre locomoción en el municipio de El Estor”. Nosachev es el gerente general de CGN-Pronico.
No era días fáciles para la mina. A principios de mayo, unos 70 trabajadores de la planta en El Estor habían detenido la producción de níquel en protesta porque los ejecutivos rusos habían aumentado a 12 horas seguidas los turnos durante el encierro por pandemia, que el gobierno de Alejandro Giammattei había ordenado en marzo, luego de que el primer contagio de Covid-19 se detectó en Guatemala.
Los trabajadores denunciaron ante el medio guatemalteco Prensa Comunitaria que la mina había enviado guardias armados a disolver la protesta, y que algunos de los líderes de esta fueron luego despedidos. Un mes después de aquello, el ruso Nosachev pidió ayuda al presidente Giammattei.
El tono de la carta de Nosachev es familiar, respetuoso pero determinado en la petición de ayuda. Giammattei tardó poco más de un mes en responder a la solicitud de la minera con la declaratoria de un estado de sitio en El Estor, Livingston y Morales, en el departamento de Izabal y Panzós y Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz.
“Diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos contra las fuerzas de seguridad, acciones realizadas, posiblemente por instigación de grupos criminales que tienen por objeto desestabilizar a la autoridad departamental y municipal”, justificó el presidente de Guatemala su decisión, plasmada en el decreto 13-2020 del Consejo de Ministros y firmada el 19 de julio de 2020.
El gobierno nunca dio más detalles sobre los supuestos grupos criminales ni sobre los “actos de instigación”, pero durante aquel estado de sitio, la PNC y el Ministerio Público hicieron allanamientos y cuestionaron a líderes Q’eqchi’ a los que Solway/CGN/Pronico llevaban años perfilando como “adversarios” del proyecto.
Diez días después de que Giammattei recibió la carta del ruso Nosachev, la Corte de Constitucionalidad confirmó la ilegalidad de la explotación minera del Proyecto Fénix y ordenó el cierre definitivo de la mina en El Estor hasta que la consulta comunitaria con las comunidades Q’eqchi’ se llevara a cabo de una forma libre e informada.
Pero la mina de Solway/CGN/Pronico nunca cerró. La principal prueba de ello son los reportes de ganancia que CGN envió a sus accionistas.
En la memoria de labores de 2020, creada el 17 de febrero de 2021 a las 3:07 p.m. por Marco Aceituno, CGN da cuenta a sus accionistas de que, entre enero y diciembre de 2019, la compañía tuvo una ganancia neta de 81 millones 268,299 quetzales (unos 11 millones de dólares). El documento detalla que las ganancias provienen de la venta de níquel procesado en la planta de El Estor. Es decir, la mina sí estaba funcionando.
Pronico insiste en que lo que la Corte de Constitucionalidad le ordenó fue detener la actividad extractiva de la licencia minera Fénix, lo que según la empresa hizo y siguió procesando material que le llegaba desde los sitios de extracción autorizados a Mayaníquel. Sin embargo, lo que dice la resolución de la CC del 18 de junio de 2020 es que las actividades del proyecto de explotación minera Fénix debían de seguir interrumpidas, como se había ordenado en enero de 2019. Es decir, la mina tenía que estar parada desde principios de 2019. No fue así.
Rafael Maldonado, abogado de los amparistas que demandaron a la mina, dice: “Al suspender la licencia se invalida cualquier otro tipo de autorización que haya sido dado en el marco de esa licencia, incluyendo la planta de procesamiento de minerales… La CC fue clara en que se suspendiera cualquier tipo de actividad de la empresa”.
Aun en noviembre de 2021, la mina insistía en que no había estado en funcionamiento, pero hay centenares de documentos que prueban que el Proyecto Fénix, como se llama la licencia minera de El Estor, funcionaba sin obstáculos: órdenes de compra de repuestos para vehículos, órdenes de compra de tierra a Mayaníquel para procesar en la planta de El Estor, pagos de Mayaníquel a Solway/CGN/Pronico para preparar muestras níquel como proceso previo a la transformación, entre otros.
Hay, por ejemplo, series de facturas y órdenes de compra de inicios de 2021 que dan cuenta de todo el proceso de producción que involucra a ambas empresas.
Una factura emitida por Mayaníquel el 2 de febrero de 2021, número 24816323 de la serie FA954B73, prueba que esta empresa pagó US$1,040 a CGN por servicios de preparación, secado a 105º C y pulverización de 13 muestras de mena de níquel, que se hace antes de la transformación de la mena de níquel a ferroníquel.
Un día después, el 3 de febrero, CGN emitió, desde su sede en la zona 10 de la capital guatemalteca, la orden de compra OC0000007722 para justificar la transacción. El documento fue enviado a la planta de procesamiento en El Estor. Después, un reporte escrito sobre las 13 muestras fue enviado al buque MV Polux, contratado por CGN; este documento está firmado por Blagoj Andonov como representante de Mayaníquel y Carlos Pérez por CGN.
En varias visitas a El Estor se pudo comprobar que la planta de Solway/CGN/Pronico funcionó normalmente en 2020 y 2021, cuando se supone que no debía hacerlo. La buena relación de los rusos con el gobierno Giammattei daba frutos.
Tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) inició una primera ronda de persecución desde el Estado de Guatemala. Uno de sus primeros objetivos fue Gloria Porras, magistrada de la CC que falló en contra de la mina.
El 13 de abril de 2021, el Congreso de Guatemala, dominado por aliados del presidente Giammattei, decidió no juramentar a Porras para un tercer periodo como magistrada de la Corte. Ese mismo día, la jueza tuvo que salir de su país ya sin inmunidad. En Washington, DC, donde ahora vive, Porras dijo que le impidieron seguir en el alto tribunal por que fallos relacionados “a la corrupción y la impunidad. Mi voto inclinó la balanza para no favorecer a la corrupción”.
No parece casualidad: la firma de la magistrada Porras es la primera que calza la resolución de la CC de junio de 2020 que dinamitó la pretensión de la mina de seguir funcionando sin consultar, de forma legal, a las comunidades Maya Q’eqchi’ afectadas por el proyecto Fénix.
En paralelo, mientras el Estado permitía el funcionamiento ilegal de la mina de Solway, los rusos de Mayaníquel hacían una oferta al gobierno Giammattei para controlar una salida libre al Puerto Santo Tomás de Castilla. En septiembre de 2020, Andrei Antonov, director de Mayaníquel, ofreció al presidente Giammattei alquilar una parte del puerto para ampliar la operación minera.
Luego, en enero de 2021, la italiana María Pozzi delimitó la oferta de Antonov para arrendar 150 mil metros cuadrados en Santo Tomás de Castilla, en un área conocida como El Arenal, para manipular hasta 5 millones de toneladas de carga. La oferta consistía en pagar US$15 millones por 30 años de arrendamiento. Pozzi es directora de International Metal Supply (IMS), una empresa conectada a TelfAg, la casa matriz de Mayaníquel. Para operar el puerto, IMS constituyó otra empresa en Guatemala, Atlantic Bulk Cargo, S.A. en marzo de 2021, cuya dirección en la capital guatemalteca es la misma que la de Mayaníquel.
Un mes después de todo esto, en abril, los tres rusos y el kazajo Alexander Maskevich, asociados a Mayaníquel, llegaron a Ciudad de Guatemala, donde según el testimonio que recogió la FECI de Sandoval entregaron un soborno al presidente. Finalmente, tras el escándalo político por la salida del exfiscal, el negocio en Santo Tomás de Castilla se cayó, pero nuevas negociaciones siguen su curso.
Acto IV: Un asunto geoestratégico
La minería de níquel y otros metales en el nororiente de Guatemala no es solo un tema relacionado con actos irregulares y tratos bajo la mesa entre empresarios rusos y el gobierno guatemalteco; para el gobierno de Vladimir Putin, en Moscú, es también un asunto de estado.
El 30 de junio de 2018, Gustavo Adolfo López Calderón, el embajador de Guatemala ante la Federación Rusa, se reunió en Moscú con Tatiana Mashkova, una funcionaria de alto nivel en el departamento latinoamericano de la cancillería rusa. El objetivo del encuentro, según una nota publicada por la sede diplomática guatemalteca, era coordinar la logística de una misión empresarial rusa que viajaría a Guatemala a finales de ese año como parte de un proceso para modificar el acuerdo de cooperación de inversiones entre ambos países.
En la misión viajarían empresarios turísticos, exportadores, funcionarios del banco central de Rusia y representantes de corporaciones dedicadas a logística portuaria y ferroviaria, además de una empresa minera: TelfAg/Mayaníquel.
Uno de los principales intereses de Moscú, de acuerdo con el comunicado, era promover un plan al que llamaron Los puertos de Rusia del Mar Negro, de “importancia geopolítica y multilateral”, entre cuyos objetivos están “el establecimiento de un centro de acopio en el Puerto Santo Tomás de Castilla… (para) fortalecer el transporte fluvial e infraestructura y el incremento de exportación de mercancía por ambos lados”.
TelfAg/Mayaníquel es la empresa que, a través de otra filial creada de forma ad-hoc en Guatemala, intentó hacerse con un importante espacio en Santo Tomás de Castilla luego de que, según las investigaciones de la FECI que dirigió Juan Francisco Sandoval, el presidente Alejandro Giammattei recibió un soborno de representantes de esa compañía.
Rusia no es uno de los principales socios comerciales de Guatemala. De hecho, la Federación Rusa aparece apenas en el lugar 38 en la lista de países a los que el país centroamericano exporta sus productos, según datos oficiales del Ministerio de Economía. Sin embargo, el intercambio creció un 650% en los últimos años, de acuerdo con declaraciones del ministro Antonio Malouf citadas en el sitio web del ministerio.
En 2018, el sector minas y cantera fue uno de los tres que más inversión extranjera directa de Rusia atrajeron a Guatemala, además de agricultura y petróleo.
Otras cifras oficiales arrojan luz sobre la importancia del sector para la economía guatemalteca. En 2017, de acuerdo con un informe del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el níquel fue uno de los minerales que más toneladas produjo. El níquel, según el MEM, solo se produce en Izabal y Alta Verapaz, donde las licencias mineras pertenecen a los dos conglomerados rusos de los que se habla en este texto: TelfAg/Mayaníquel y Solway/CGN/Pronico.
Además de lo que ya se produce en los recintos mineros de El Estor y alrededores, existe la posibilidad de que los rusos estén interesados en la extracción de uranio. Es, al menos, una sospecha que ha rodeado la actividad minera en Izabal.
Una exfuncionaria guatemalteca que investigó a la actividad de la mina, y quien tuvo que abandonar Guatemala luego de que el Estado inició una persecución contra ella, aseguró que informó a la embajada de Estados Unidos en la capital guatemalteca en 2014 sobre la presencia de uranio en El Estor.
Lo cierto es que, de acuerdo con documentos consultados para este informe, la minera instalada en El Estor ha hecho exploraciones para determinar la presencia de uranio. En 2017, la mina hizo un estudio comparativo de los minerales presentes en las tierras incluidas en la licencia; el análisis determinó que hay uranio en las cantidades máximas permitidas por guías internacionales.
También es cierto que en las aguas de El Estor aledañas a la mina hay uranio en concentraciones importantes. Una muestra de agua recolectada en 2016 muestra que la concentración de uranio es de 6,76 μg/L (microgramos por litro), arriba incluso que la concentración de níquel, cuyo total en la muestra fue de 6,16 μg/L.
No hay pruebas directas de que la mina esté extrayendo uranio, pero sí algunos indicios de que la compañía explotadora está interesada en el asunto.
Y hay también un contexto que habla del lobby ruso, parte del interés geoestratégico, en el tema de energía nuclear, en el que el uranio es importante. El 18 de octubre de 2021, en un evento realizado en Moscú auspiciado en parte por la embajada de la Federación Rusa en Guatemala, el Parlamento Centroamericano firmó un memorándum de entendimiento con la Agencia Estatal Rusa de Energía Nuclear Rosatom.
Aun si la explotación de uranio es solo una posibilidad en la mina de El Estor, el gobierno de Guatemala que dirige Alejandro Giammattei no se ha detenido en sus acercamientos al gigante ruso. En junio de 2021, el ministro Antonio Malouf visitó San Petesburgo para asistir a un foro económico internacional organizado por el gobierno de Putin. En aquella ocasión, dice un comunicado del MINECO, el objetivo era “fortalecer relaciones comerciales con Rusia”.
No era la primera vez que Malouf viajaba a Rusia para reunirse con funcionarios de Vladimir Putin. También visitó Moscú en junio de 2018, cuando el gobierno de Jimmy Morales preparaba la visita de empresarios rusos, incluidos representantes de TelfAg, a Guatemala. Esa vez, Malouf, que fue en su calidad de presidente de AGEXPORT, también se reunió con Tatiana Mashkeva, la diplomática que preparaba la comitiva que viajaría a Ciudad de Guatemala. Malouf y Mashkeva, dice un boletín de AGEXPORT, “suscribieron un acuerdo de colaboración de beneficios bilaterales”.
Cuando Malouf viajó como funcionario del gobierno Giammattei en junio de 2021 habían pasado menos de dos meses desde que el ministro de economía se reunió con los representantes de TelfAg que vinieron a Guatemala entre abril y mayo de ese año. Faltaba poco más de un mes para que Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de FECI, denunciara el supuesto soborno de los rusos a Giammattei. Y faltaban algo más de tres meses para que la Policía Nacional Civil de Guatemala arremetiera en El Estor contra indígenas Maya Q’eqchi’ que se atrevieron a oponerse a la mina de Solway/CGN/Pronico.
El 2 de marzo, Forbidden Stories envió una carta a Malouf solicitando comentarios y respuestas sobre su relación con los ciudadanos rusos que llegaron a Guatemala en abril de 2019 y sobre sus visitas a Rusia. Al cierre de esta nota no había habido respuesta.
Acto V: La red ilegal ruso-guatemalteca se ensaña con las comunidades Maya Q’eqchi’
No hay acaso una imagen más representativa de la colusión entre el gobierno de Alejandro Giammattei que la de camiones contratados por la minera rusa que entran a El Estor escoltados por decenas de policías y militares tras la disolución violenta de una protesta pacífica de comunitarios Maya Q’eqchi’.
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2021, tras 20 días de un plantón en la entrada de El Estor que impidió el paso de camiones cargados de carbón para alimentar a la mina, el gobierno de Giammattei concentró al menos a un millar de agentes de la fuerza pública en El Estor para disolver la protesta. Era un asunto urgente para los rusos.
Los líderes Maya Q’eqchi’ que encabezaron la protesta reclamaban que el gobierno guatemalteco no los había tomado en cuenta en la consulta requerida por la Corte de Constitucionalidad para permitir el funcionamiento legal de la mina. Se mantuvieron durante 20 días en los que, sin el carbón necesario para hacer funcionar las calderas, la mina estuvo al borde del colapso.
A la disolución de la protesta siguió, de inmediato, la imposición de un estado de sitio a través de un decreto firmado por Giammattei y aprobado por un Congreso afín a él. Tanquetas, jeeps artillados donados por Estados Unidos, camiones militares y patrullas llegadas de al menos 5 departamentos del país acompañaron a centenares de agentes policiales, militares, personal de inteligencia y miembros del Ministerio Público que allanaron casas de los líderes Q’eqchi’ que encabezaron la protesta pacífica y de periodistas comunitarios que cubrieron aquellos sucesos.
Decenas de testimonios recogidos en El Estor y comunidades vecinas entre octubre y diciembre, lo que duró el estado de sitio, dan cuenta de la imposición de un estado de terror y vigilancia similar al que los vecinos de esta región han sufrido desde los tiempos del conflicto interno e incluso antes, cuando el Estado de Guatemala acompañó a otras compañías mineras y a hacendados extranjeros y guatemaltecos en sus ataques contra los Maya Q’eqchi’ y su reclamo por estas tierras.
Lo de finales de 2021 no es nuevo, pero en esta ocasión la colusión encontró un nuevo caldo de cultivo: la regresión institucional que Guatemala vive desde la salida de la CICIG. El desmantelamiento de la arquitectura anticorrupción permitió, entre otras cosas, anular a la Corte de Constitucionalidad que falló en contra de la mina en 2019 y 2020 y expulsar a Sandoval, el fiscal que empezó a investigar la trama rusa.
El Estor, el pueblo lacustre que es epicentro de esta trama, está a 319 kilómetros de Ciudad de Guatemala y a 10,686 kilómetros de Moscú, dos ciudades clave para la red de intereses políticos y empresariales que han determinado la vida alrededor de la mina. Es ahí, en El Estor, donde el maridaje entre las mineras rusas y el Estado de Guatemala muestra sus rostros más macabros.
La Policía Nacional ha sido uno de esos rostros que, como se hizo evidente a finales de 2021, ha servido como garante de los planes de Solway/CGN/Pronico para operar a sus anchas y para acosar a las comunidades Q’eqchi’ que han defendido su territorio ante la mina.
Entre 2014 y 2017 CGN-Pronico entregó a los puestos de la PNC en El Estor y Río Dulce 35 galones mensuales de gasolina, además de fondos extra para alimentación del personal policial, pago de renta de locales y otros gastos como reparación de vehículos y llantas. En total, la PNC recibió de las empresas rusas 1,443,940.36 quetzales (unos US$193,000).
Los aportes de las compañías rusas aumentaban en ocasiones de crisis, como en casos de desalojos de comunidades de tierras que CGN-Pronico reclamaba como propias.
En febrero de 2018, la compañía emprendió una ofensiva para desalojar a comunitarios Q’eqchi’ establecidos en una finca conocida como Setal, en las inmediaciones de la mina. Para garantizar el éxito del desalojo, CGN-Pronico presupuestó fondos de “apoyo” a la PNC destacada en El Estor y el vecino Río Dulce.
CGN-Pronico calculó que necesitaría una inversión de 650,856 quetzales (unos US$90,000) durante ocho días en caso de que la intervención de la PNC fuera necesaria. Ejecutivos de la empresa se reunieron con el jefe de la comisaría policial en El Estor para determinar la cantidad de dinero, que quedó sujeta a cambios si en una reunión posterior con “altos mandos de la PNC” se definía que los costos serían superiores.
El plan de gastos incluía pagos por alimentación y alojamiento para 2,000 agentes policiales y para la movilización de 300 patrullas que llegarían desde “diferentes lugares del país”, según un cuadro elaborado por la gerencia de seguridad general de Pronico el 25 de febrero de 2018, enviado a los directores generales de CGN y Pronico.
Además del cuadro de gastos proyectados, la gerencia de seguridad general elaboró aquel día un análisis de escenarios si el desalojo se tornaba violento. Uno de los escenarios “negativos” contemplaba “heridos, retenidos, secuestrados y muertos”.
Al final, después de una negociación con los representantes de la mina y del gobierno, los comunitarios de Setal decidieron desalojar pacíficamente. Como sea, la PNC estaba lista para intervenir y CGN-Pronico lista para sufragar los gastos de la Policía.
Pero el acoso no paró aun después del desalojo. Un mes después, en mayo, Carlos Coc, residente de la zona denunció que miembros de la PNC quisieron arrestarlo. Coc, además, reiteró que las instituciones del Estado presentes en El Estor actuaban bajo la dirección de la minera.
“La compañía es la que está creando el conflicto. Yo le pido al Estado que investigue a los fiscales que trabajan en Izabal y al juez de primera instancia penal de Puerto Barrios… Están en conjunto con la empresa minera CGN-Pronico”, denunció Coc al medio guatemalteco Prensa Comunitaria.
Los aportes regulares a la PNC continuaron a lo largo de 2020, durante el encierro por la pandemia de Covid-19 y cuando la mina tendría que haber estado cerrada tras el fallo de la CC que ordenaba su cese temporal.
El consorcio Forbidden Stories consulto a dos abogados guatemaltecos con amplia experiencia en investigación criminal, ambos exfiscales del Ministerio Público, si es legal que la PNC reciba donaciones privadas. Explicaron que lo es siempre que las donaciones se hagan en cumplimiento del manual de registros de donaciones aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala en 2014.
En este documento se establece que las dependencias del Órgano Ejecutivo deben de recibir las donaciones a través de la tesorería nacional después de un proceso de inscripción de las instancias donantes.
Consultada al respecto, Solway/CGN/Pronico respondió, a través de la carta enviada por Pronico a finales de febrero, que su relación con la Policía Nacional Civil es únicamente por la Comisión Municipal de Prevención de Violencia en El Estor (COMUPRE), dentro de la cual “da cobertura” al programa “Fortaleciendo a mi Comunidad”.
La pregunta específica sobre la relación entre la minera y la PNC se formuló así: ¿Cuál es la naturaleza de la relación de Solway con la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC)? ¿Solway ha donado alguna vez dinero a la PNC? ¿Ha hecho Solway alguna vez donaciones en especie a la PNC pagando por comida, alojamiento, equipo, combustible u otros servicios? En caso afirmativo, ¿cuáles son los montos y las intenciones de esas donaciones? La empresa evade responder en detalle.
Y, al ser consultada de nuevo si ha hecho donaciones a la Policía en el marco de desalojos de comunidades afectadas por la mina o si ha coordinado con autoridades policiales en esos casos, la respuesta es dos veces no. Eso no es así, como lo prueba el caos de El Sechol citado arriba.
Muchas de las donaciones a la PNC se realizan a través de la Fundación Raxché, una organización sin fines de lucro financiada casi exclusivamente con dineros de la empresa y sus subsidiarias. Uno de los abogados consultados, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, dijo: “La triangulación de fondos es la forma de eludir el cuestionamiento sobre el conflicto de interés o la falta de ética, porque aducirán que la donación la hizo una persona jurídica distinta”.
Lo de Setal en 2018, cuando la compañía minera coordinó con altos mandos policiales una posible intervención violenta para desalojar a los comunitarios, fue un antecedente de lo que ocurrió tres años y medio después, cuando la PNC sirvió de gendarme a los camiones contratados por CGN-Pronico que ingresaron a la fuerza a El Estor el 23 de octubre de 2021 tras la dispersión de un bloqueo pacífico de carretera protagonizado por miembros de los consejos ancestrales Q’eqchi’ que llevaban 20 días protestando por el funcionamiento ilegal de la mina.
Los sucesos de 2021 en El Estor, Izabal, en los que la PNC sirvió como guardián de los camiones de la mina, fueron una escalada en una historia que escribe hace años el Estado de Guatemala para favorecer a industrias extractivas que operan en el país, en ocasiones, en los márgenes de la ley. Y son, acaso, el desenlace lógico en el capítulo ruso del Proyecto Fénix, como se llama a la mina de El Estor: fue con la llegada de Alejandro Giammattei al poder que las compañías Maya Níquel/TelfAg y Solway/CGN/Pronico pudieron consolidar aún más sus operaciones en El Estor.
En el camino se creó una alianza entre el Estado de Guatemala y un nuevo poder foráneo, el de empresas montadas con capitales rusos, al que se le permitió perfilar a los comunitarios Q’eqchi’ y criminalizarlos, usar a la fuerza pública guatemalteca como una especie de guardia privada y montar una consulta comunitaria en medio de un estado de sitio. Esta red creció en momentos en que la Guatemala oficial de Alejandro Giammattei vive una de sus peores regresiones institucionales desde la salida de CICIG y el desmantelamiento de las instituciones contraloras del Estado.
La trama que había empezado a investigar Juan Francisco Sandoval, el exfiscal exiliado en Estados Unidos, es compleja y enrevesada, como intentan probar este y los otros textos y audiovisuales publicado en The Store Project, un proyecto de periodistas guatemaltecos basada en una larga investigación en El Estor, Puerto Barrios y Ciudad de Guatemala y apoyada en los documentos y las investigaciones de decenas de colegas que son parte del proyecto de Forbidden Stories.
Publicado originalmente en:
