Por Regina Pérez
La semana pasada concluyó el proceso de consulta comunitaria en torno al proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en El Estor, Izabal, según el Ministerio de Energía y Minas MEM, proceso en el que fueron excluidos 94 representantes del pueblo Q’eqchi’ y que finalizó en el marco de un estado de excepción impuesto por el gobierno de Alejandro Giammattei. Por esa razón y por considerar que el proceso fue ilegítimo, organizaciones sociales y abogados señalaron que las comunidades no reconocerán la consulta realizada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El pasado viernes 10 de diciembre, el MEM informó que el proceso de la consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad en El Estor ya finalizó. Esto se realizó en medio de un estado de sitio impuesto el 24 de octubre y un estado de prevención impuesto por el gobierno de Giammattei, luego de que los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ reclamaran su derecho a participar y realizaran un plantón pacífico de varios días para presionar al gobierno.
Para Robin Macloni, de la Defensoría Q’eqchi’, “en El Estor se impuso la voluntad de la empresa minera y no los derechos de las comunidades indígenas que fueron violentados desde 2005, cuando inició operaciones la empresa minera y no hizo consulta”. Luego el proceso fue viciado, considera.
Macloni dijo que debido a que el Estado no incluyó a las autoridades ancestrales en el proceso no darán valor a lo actuado por el MEM y a líderes que se adjudicaron ser representantes del pueblo Q’eqchi’, una representación que a su criterio es ilegítima porque no fueron electos mediante asambleas en las comunidades.
Al contrario, se dejó fuera de la preconsulta a 94 representantes de las comunidades así como a la Gremial de Pescadores Artesanales, que en 2018 interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la falta de consulta sobre el proyecto Fénix, el cual fue otorgado por la Corte. Posteriormente la CC ratificó su resolución y ordenó consultar al pueblo Q’eqchi’.
Iniciado el proceso de preconsulta, el viceministro de Energía y Minas, Óscar Pérez, desconoció a los representantes de las comunidades y dijo que él podía definir quienes eran autoridades indígenas y quienes no, precisamente por eso es que las comunidades no van a tomar esta consulta como válida, dijo Macloni.
#ElEstor Robin Macloni, de la Defensoría Q'eqchi' de El Estor, señala que las comunidades no reconocerán el resultado de la consulta comunitaria, porque se impuso la voluntad de la empresa minera, afirmó, en referencia a la empresa #CGN
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En el proceso de consulta, que ya dio por finalizado el MEM, participaron como supuestos representantes de las comunidades el autodenominado “Consejo de Comunidades Indígenas de El Estor”.
El abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que por la forma en que se realizó el proceso de preconsulta y consulta fue “ilegítimo” porque el diálogo fue entre instituciones y pseudorepresentantes de comunidades indígenas que no reflejan el sentir de las comunidades Q’eqchi’ y tampoco fue un diálogo abierto y de buena fe porque se realizó en el marco de la suspensión de derechos humanos y garantías constitucionales.
A criterio del abogado, el Estado guatemalteco consumó una violación al derecho a la consulta, algo que es muy grave por lo que analizan las acciones a interponer. “La gravedad no es solo para el pueblo Q’eqchi’ sino para los pueblos indígenas”, indicó.
#ElEstor El abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, considera que la consulta comunitaria en El Estor, Izabal, es ilegítima porque no acató el diálogo que ordena la sentencia de la CC entre el Estado y las comunidades afectadas.
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Kelvin Jiménez, abogado del Parlamento Xinka, señaló que lo que realizó el ministerio de Energía y Minas fue solo un trámite, más que una garantía de un derecho. “La jurisprudencia de la CC como del sistema interamericano establece que la consulta no es un simple trámite y lamentablemente desde el principio hemos visto que se ha tratado de llevar a cabo un proceso exprés, que más que garantizar un derecho, simplemente agotar un simple trámite”, dijo.
Jiménez señaló que un proceso de consulta no se puede llevar a cabo dentro de un contexto de represión como el estado de sitio. “Lo que vemos acá es una burla, totalmente deplorable que de ninguna manera puede justificar que hayan realizado una verdadera consulta a la luz del Convenio 169 y de lo que ordenó la CC” dijo Jiménez.
Por su parte, el gobierno dio a conocer en conferencia de prensa los acuerdos a los que se llegaron con CGN tras realizar el supuesto proceso de consulta.
Los representantes de las organizaciones afirmaron estar enterados de que las comunidades van a rechazar el resultado y que realizarán asambleas donde harán pública su posición.
