“La periodista lleva más de siete años buscando justicia, una justicia que no busca una reprimenda contra las personas acusadas sino una justicia que transforma y deja un precedente por las situaciones que viven las y los periodistas comunitarios e indígenas en Guatemala y que pueda sentar precedentes para la libertad de expresión y de prensa en el país”.
Por Francisco Simón Francisco
Este jueves 23 de septiembre, un juez de turno del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Chiquimula resolvió enviar a juicio de debate oral y público a cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por el delito de abuso de autoridad al detener de forma arbitraria e ilegal a la periodista comunitaria, Norma Sancir en el municipio de Camatón de ese departamento, el 18 de septiembre de 2014, mientras se encontraba en una cobertura periodística.
La resolución del juez de enviar a juicio a los cuatro agentes de la PNC se basó en la argumentación presentada por el Ministerio Público (MP) y admitió que en el presente proceso los implicados están claramente identificados en tiempo, modo y lugar de los hechos.
Además de admitir la acusación del MP también aceptó como querellantes adhesivos a la periodista Norma Sancir y al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)de forma definitiva en la carpeta judicial. Asimismo, a la Procuraduría General de la Nación (PGN) como tercero civilmente demandado, para que en caso se dicte una sentencia condenatoria en contra de las agentes Leticia Segura, López Pérez, Mirna Marleny Ortiz y el excomisario Salquin, la periodista sea beneficiada con un proceso de reparación digna.
El juzgador, tras dictar la resolución, notificó a los sujetos procesales para la audiencia de ofrecimiento de pruebas el 28 de septiembre en el mismo juzgado con sede en Chiquimula.
La audiencia de etapa intermedia inició este miércoles 22 de septiembre en contra de las agentes Olga Leticia Segura, Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortiz y el excomisario Ceferino Salquin por los siguientes hechos: violación al derecho de la libertad de expresión, de prensa y de opinión, obstaculización de la labor periodística y detención ilegal por haber detenida a la periodista comunitaria maya Kaqchikel, Norma Sancir, mientras se encontraba ejerciendo este oficio con su carné de identificación de prensa.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) presentó durante la audiencia las pruebas testimoniales, documentales y otros medios de investigación que respaldaron la acusación en contra de los implicados y solicitó al juez enviar a juicio a los agentes, por existir suficientes elementos para determinar la culpabilidad y la participación de los acusados. A lo formulado por el MP se sumó la defensa de la periodista.
A decir de la abogada Jovita Tzul, es positivo que se incluya a la PGN en el proceso porque si se llega a una sentencia condenatoria se otorgaría una reparación digna a Sancir y se sentaría un precedente de acción transformadora y de no repetición de los hechos de los que ella fue víctima.
Según la defensa de la agraviada, la resolución del juez es satisfactoria, aunque tardía, porque la periodista lleva más de siete años buscando justicia, “una justicia que no busca una reprimenda contra las personas acusadas sino una justicia que transforma y deja un precedente por las situaciones que viven las y los periodistas comunitarios e indígenas en Guatemala y que pueda sentar precedentes para la libertad de expresión y de prensa en el país”.
La abogada Tzul aclaró que CALDH fue aceptada como querellante en el presente caso, por la gravedad que implica iniciar un proceso penal en contra de los agentes de la fuerza de seguridad pública del Estado y con esto se busca defender los intereses colectivos, de la libertad de expresión y de prensa para periodistas comunitarios que ejercen estos derechos en medios comunitarios, alternativos o independientes.
Durante este proceso, la periodista Norma Sancir ha recibido apoyo de organizaciones de derechos humanos, de medios alternativos, de pueblos indígenas y de las mismas comunidades. Mientras que CALDH la ha acompañado con asesoría legal y defensa técnica de forma gratuita.
La periodista fue intimada por el delito de atentado y desorden público, sin tomar en cuenta que se dirigía a documentar la manifestación. Permaneció durante tres días en el centro de detención para hombres y mujeres del Departamento de Zacapa, hasta que el 22 de septiembre del mismo año, un juez declaró su libertad.
Norma Sancir inició acciones en contra de los agentes y oficiales policiales, proceso que ha sufrido retardos injustificados, teniendo ya siete años en el sistema de justicia, periodo en el que ha sido víctima de intimidaciones y acusaciones por parte de los implicados.
El 18 de septiembre de 2014 la periodista comunitaria fue detenida mientras cubría una movilización del pueblo Ch´orti´, en Camotán, Chiquimula, que terminó en un desalojo violento por parte de los agentes de seguridad. Los agentes vulneraron los derechos a la libertad de prensa y de expresión de los que gozaba Sancir cuando portaba su carné de identificación que la acreditaba para ejercer este oficio.
Esta vocación y entrega la ha hecho trabajar en beneficio de la gente y las comunidades que defienden la vida y la tierra. Por ello se dedica gran parte de su tiempo a visibilizar a los pueblos indígenas y las mujeres a través de la comunicación y el periodismo alternativo.
Fue así como decidió trabajar en la Coordinadora Central Campesina Ch´orti´ “Nuevo Día”, aportando desde su experiencia como periodista. Norma también forma parte del equipo de Prensa Comunitaria desde el 2013, sin pensar que un proceso penal malicioso, tardío y largo la esperaría.
