¿Existe una conspiración desde el MP contra la población y la CC?

Por Nelton Rivera

Recientemente, una serie de acontecimientos simultaneos en el país hicieron evidente que diversos actores cerraron filas en contra de un grupo de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Uno de esos actores claves, sería el propio Ministerio Público (MP), que bajo la dirección de la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta ordenó diversos procesos de antejuicios.

En esta cronología, donde se recopiló información del medio digital Factor 4 y las propias fuentes oficiales, se  presentan varios datos relevantes sobre esos acontecimientos:

• La resolución del MP publicada la noche del 7 de agosto, que busca retirar la inmunidad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados del Congreso de la República, incluidos los de la Comisión Permanente y magistrados de la CC, se podría interpretar como un ataque directo a la CC.  

• La resolución de los antejucios promovida por el MP fue inmediatamente respaldada de forma simultanea por las distintas cámaras empresariales aglutinadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), quienes unas horas antes ya habían fijado su postura e incluso hicieron un llamado público a los diputados para desconocer y desacatar las resoluciones de la CC.

• La ley en materia de Antejuicio Decreto 85-2020 establece en el capítulo III de Competencia, que los antejuicios a magistrados deberán ser conocidos por el Congreso de la República y los antejuicios contra diputados del legislativo, serán conocidos por los magistrados de la CSJ. Bajo esa normativa, la resolución del MP genera un vacío legal.

• Resulta predecible que el Congreso no le quitara el derecho de antejuicio a los magistrados de la CSJ señalados; y que en correspondencia la CSJ no le quitara la inmunidad a los congresistas señalados por la CC. Esa acción dejó expuestos a los magistrados de la CC, a quienes la CSJ y el Congreso han intentado en varias ocasiones quitarles la inmunidad.

• La ley de Antejuicio no establece qué órgano debe de conocer un antejuicio contra algún magistrado o magistrada de la CC, pero bajo esta dinámica el escenario político parecería estar colocado por las cámaras empresariales, que están presionado por el retiro de la inmunidad a los magistrados de la CC.

• La presión ejercida por el sector empresarial es similar a la promovida contra la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo A, por el delito de genocidio al general  José Efraín Ríos Montt, en 2013. Presión que logró su absolución luego de la sentencia condenatoria. En ese momento el empresario José Santiago Molina era presidente del Cacif.

• El 7 de agosto, el  presidente Alejandro Giammattei  estuvo presente en una de las fábricas de Agroindustria de Petén, empresa productora de aceite de palma africana, propiedad de Santiago Molina, quien es dueño de Grepalma. Varias industrias de esta plantación de la familia Molina fueron denunciadas como las responsables del ecocidio y contaminación del río la Pasión en 2015.

• Durante el 2019, las autoridades del Ministerio de la Defensa (Mindef) confirmaron que en las plantaciones de palma africana existen pistas clandestinas que son utilizadas por el narcotráfico para realizar aterrizajes de avionetas. Ejemplo de ello es la empresa Naturaceites en El Estor, Izabal. El portavoz del Mindef, Óscar Pérez, explicó a la agencia de noticias Reuters que poseen “evidencia” de que las pistas de la empresa fueron usadas por narcotraficantes, porque encontraron “aeronaves incineradas”, una práctica muy común para deshacerse de pruebas.

En la selva de Guatemala, las drogas y el crimen son los nuevos vecinos del aceite de palma

Esta relación entre el narcotráfico y los empresarios de palma de aceite no es única en Guatemala, el mismo patrón se repite en países cercanos como Honduras.

• Guatemala permanece bajo un estado de calamidad por la pandemia del coronavirus. En esas condiciones se intentó aprobar un estado de sitio en cinco municipios de Izabal y Alta Verapaz, finalmente se decretó un estado de prevención en esas regiones, bajo el cual se han documentado y denunciado intentos de desalojos de familias indígenas y campesinas, en acciones promovidas por terratenientes, empresarios, mineras e industrias de plantaciones de palma africana en estos departamentos.

El lavado de dinero en Guatemala y la palma aceitera

• El 3 de agosto, la CC otorgó un amparo provisional al vicepresidente Guillermo Castillo Reyes ante el trámite de antejuicio promovido por la CSJ. En este caso ninguna de las cámaras empresariales se pronunció en respaldo al vicepresidente.

• Se establece un nuevo pulso político-legal-institucional, “que crea un vacío legal en donde Consuelo Porras podrá cómodamente ver desde el escritorio como la legitimidad de las instituciones se desgasta en una pugna para que algunos individuos legren impunidad”.

• Este conflicto significaría una ruptura del orden constitucional, que representaría una oportunidad para que personas o grupos puedan aprovechar. “Como siempre cualquier ruptura institucional significa una violación a la ciudadanía y sus derechos”.

• El 23 de marzo, representantes de la Cámara de Comercio, presidida por Jorge Briz, anunciaron las medidas económicas que el Gobierno y una parte del sector privado tomarían en medio de la pandemia COVID-19. “Confirmando la mancuerna gobierno/sector privado”.

• “Mientras una parte del sector empresarial con apoyo de instituciones del Estado,  intenta provocar la salida de funcionarios incómodos para sus fines, 56 mil 189 guatemaltecos se han contagiado de covid-19 y 2 mil 197 han muerto en casi cinco meses de pandemia”.

• En esta serie de acontecimientos, la acusación del Tribunal Federal de Miami en contra de Acisclo Valladares Urruela por lavado de dinero del narcotráfico para la compra de voluntades en el Congreso generó la respuesta de un grupo de empresarios globalizados que se resiste a las investigaciones y procesos penales en contra de integrantes de su sector. Estos hechos ocurrieron cuando Valladares Urruela fue ministro de economía durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.