Trecsa se impone en Sumpango con la bendición del alcalde municipal y de la pandemia

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Fotografías y texto: Anne Bordatto

12 de junio 2020

La pandemia del covid-19 ha sido una bendición para la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica Sociedad Anónima (Trecsa) en Sacatepéquez, pero particularmente en el municipio de Sumpango, donde ha estado trabajando sin parar desde que se declaró el estado de calamidad pública y el toque de queda el pasado 14 de marzo.

Durante este tiempo, Trecsa ha tenido tiempo de construir dos torres, desmantelar una tercera que había sido mal ubicada por malos cálculos de ingeniería, terminó dos postes y construye un tercero.

La pandemia ha sido un regalo para la empresa que violenta la autonomía municipal, los derechos colectivos del pueblo Kaqchik’el de Sumpango y las leyes nacionales. La declaración de estado de calamidad y las disposiciones presidenciales han constituido una oportunidad de oro para que pueda avanzar sin oposición social. Esta ha sido una manera efectiva de desviar la atención de municipalidades porque necesita de mucho trabajo desde lo local para evitar una catástrofe, en un país con un sistema de salud público tan debilitado como el de Guatemala.

Se impusieron restricciones mayores para la mayoría de la población, pero no para ciertos sectores que fueron declarados como esenciales, entre los cuales se encuentra el eléctrico, minero y de hidrocarburos.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó el Acuerdo Ministerial No. 107-2020 el 22 de marzo de 2020, en el que se estipula que “ninguna autoridad podrá limitar las actividades relacionadas con la producción, transporte y distribución de energía eléctrica”. Estas medidas parecen lógicas para quienes ya prestan efectivamente el servicio, es decir, que ya están generando, transportando y distribuyendo la electricidad, pero no es el caso de esta empresa que ha necesitado tres prórrogas de contrato[1] y avanza sólo porque no cumple con la normativa y corrompe autoridades.

La transportadora de energía no cuenta con licencia de construcción en el municipio de Sumpango. El 30 de julio de 2016, se realizó una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), con la presencia de vecinos, vecinas y sociedad civil y la población acordó NO aprobar la autorización de licencia de construcción a la empresa para el desarrollo del proyecto PET-1-2009. Esta decisión fue ratificada en el punto quinto del acta número 53-2016, de fecha del 1 de septiembre de 2016, de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal y de la cual fueron notificados los representantes de Trecsa, el 23 de septiembre de 2016. A pesar de eso, la empresa construyó nueve torres en la jurisdicción municipal, de las cuales, cinco tienen un proceso administrativo en su contra por la construcción sin licencia, iniciada por la administración anterior.

La actual municipalidad realizó a principios de marzo de este año un recorrido con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para constatar que las torres están bien ubicadas en Sumpango y no en Santiago Sacatepéquez, como alega la empresa. La visita se realizó como primer paso para seguir con las denuncias administrativas por la construcción de las torres sin licencia. La municipalidad no avanzó con el proceso administrativo ni ha parado los trabajos por falta de licencia, a pesar de que cuenta con la potestad de actuar para que se respete el reglamento de construcción.

Los trabajos de Trecsa en el municipio se aceleraron desde que entró el nuevo concejo municipal. El comité cívico “Somos Sumpango”, con Enrique Cubur al frente. Ganaron las elecciones y hay rumores de que el comité recibió financiamiento de la empresa para su campaña electoral (también parte de la población piensa que el anterior concejo municipal se vendió a la empresa y por eso no ha parado su avance en el territorio).

Se realizó una reunión con vecinos, vecinas, sociedad civil y el concejo municipal el 25 de enero de 2020 para tratar el tema y preguntar qué acciones se tomarían desde la municipalidad. Uno de los compromisos a los cuales se llegó fue tratar el tema en una comisión especial que se integraría con la comisión municipal de ambiente y personas interesadas en la siguiente reunión del Comude. Nunca se conformó la comisión.

La instalación de torres se concentra en el Paraje Chuyá, ubicado en el kilómetro 39 de la Ruta Interamericana (CA1), en la cercanía de las subestaciones Cauque y Las Cruces (esta última es parte del PET-1-2009). El Paraje se compone de un conjunto de residencias rodeadas de campos de cultivos (principalmente milpa e invernaderos para tomates) y remanentes forestales.

Las líneas que impone la empresa transportadora de energía corresponden al lote A que une Escuintla, San Raymundo y al Lote F que vendría desde Totonicapán hasta la ciudad capital. Según información pública que proporcionó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el estudio de impacto ambiental del Lote A (EIA-018-2011) no contemplaba pasar por Sumpango y en los diferentes instrumentos[2] que se presentaron sobre los cambios de diseño que realizó Treccsa, ninguno incluyó este municipio.

Pero tampoco están incluidos planos para la instalación de postes y torres, como los tres que están construyendo durante el estado de calamidad. No se tiene claridad de la razón por la cual están encareciendo las obras con estos postes. Puede ser para rodear terrenos de personas que no han querido negociar, así como para evitar de talar árboles en el municipio porque carecen de licencia forestal (es posible que como no hay ni licencia ambiental ni licencia de construcción, el Instituto Nacional de Bosques no haya podido emitir licencias forestales para los diferentes terrenos afectados).

Ante la inacción de la municipalidad y las denuncias penales y públicas estancadas (con el estado de calamidad, el ministerio público, juzgados y tribunales trabajan con efectivos, y efectividad, reducidos o están cerrados), algunas personas se han organizado para defender sus terrenos.

No se puede decir que haya consenso en el paraje porque hay rumores de que un grupo ha negociado el mejoramiento de la calle de acceso con Trecsa (se habla de una inversión de Q140 mil). Entonces las demás personas afectadas están alambrando sus terrenos, cerrando las servidumbres y siembran carteles de “propiedad privada” para tratar de impedir que trabajadores sigan metiéndose sin autorización.

Por ahora se ve la premura de avanzar con la construcción del Lote A. ¿Será por la necesidad de electricidad de la planta de Cementos Progresos en San Juan Sacatepéquez y acercarle la que está generada por los ingenios azucareros de la Costa Sur?

Las servidumbres de derecho de paso que la empresa impone a las personas propietarias y poseedoras de terrenos, que no negocian con la construcción a la fuerza de sus líneas, abarcan 15 metros de ambos lados (una franja de 30 metros alrededor del cableado). Según la Ley general de electricidad (artículo 32 ), no se puede construir ni sembrar en esta servidumbre y cualquier actividad se realiza bajo cuenta y riesgo del propietario.

Lo preocupante es la inactividad del concejo municipal, y del juzgado de asuntos municipales. Están incumpliendo con sus deberes, omiten, rehúsan o retardan la realización de algún acto propio de su función o cargo, como hacer cumplir el Reglamento Municipal de Construcción. Este delito es sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial, según el artículo 419 del Código Penal.

Además, los daños a personas que habrían negociado derechos de paso con Trecsa no son tan importantes porque el artículo 26 de la Ley General de Electricidad establece que “en el caso de que se extingan las servidumbres por cualquier motivo, el propietario o poseedor del predio sirviente recuperará el pleno dominio del bien afectado y no estará obligado a devolver la compensación recibida”. Por lo tanto, se pueden cuestionar cuales son los intereses de la municipalidad de no cuidar del bienestar de la población.


[1] La construcción del Plan de Expansión del sistema de Transporte PET-1-2009 (863 kilómetros de línea a alta tensión, 12 subestaciones nuevas y la ampliación de otras existentes) a cargo de TRECSA experimenta mucho atraso con relación al plan inicial (las obras fueron  adjudicada el 20 de enero de 2010 y estaba previsto que finalizarán en mayo de 2013), y ahora se ejecuta la tercera ampliación de tiempo del contrato por 38 meses que fue firmada el 14 de septiembre de 2017, por lo que finaliza el 14 de diciembre de 2020. Según el Plan de expansión del sistema de transporte 2020-2034,  TRECSA ha finalizado los lotes C, E y falta poco para que el D también entre en funcionamiento. Los lotes A y B están aproximadamente a la mitad de la implementación, en tanto que el  F está bastante atrasado.

[2] Se presentaron y aprobaron por parte del MARN los  siguientes instrumentos: EIA-229-2012, EIA-332-2012 y EAI-147-2019.

Autoría y edición

Investigadora comunitaria.
Defensora de derechos humanos y de la naturaleza.

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