Por Lucía Ixchíu
En medio de la pandemia provocada por el covid-19, la crisis social y política que vive el país y un con un sistema de salud colapsado, agregado a los asesinatos de Domingo Choc y Alberto Cucul, la descomposición social ha estallado en el Estor, Izabal, Guatemala.
El día de hoy 12 de junio 2020, se realizó una masiva manifestación por el supuesto cese de operaciones por parte de la empresa CGN-PRONICO, cese de labores anunciado por medio de un volante calzado con el logo de la empresa minera y varias páginas web locales, en donde señalan la incapacidad para cumplir los protocolos sanitarios proporcionados por el Ministerio de Salud en Guatemala, el documento fue repartido con todo sus trabajadores el día 11 de junio.
A pesar de las restricciones, la mayoría de empleados de la mina ha seguido en labores. Cabe mencionar que esta empresa fuertemente cuestionada nacional e internacionalmente, ha sido cuestionada de violentar los derechos laborales, así mismo se le relaciona a asesinatos y desalojos. El pasado 23 de mayo falleció el ingeniero Raúl Alberto Pacay, geólogo que trabajaba como técnico minero y supervisor. Según información oficial de la empresa, fue arrollado por maquinaria pesada dentro de las instalaciones de la empresa.
De manera anónima, llegó a esta redacción la denuncia de intimidaciones y acoso por parte manifestantes afines a la mina y empleados de la CGN –PRONICO, en contra de periodistas comunitarios, organizaciones sociales y amparistas en el caso legal que tiene este megaproyecto en la Corte de Constitucionalidad.
Carlos Ernesto Choc y Baudilio Choc ambos periodistas comunitarios y miembros de Prensa Comunitaria han sido intimidados en diversas y recurrentes ocasiones, por dar seguimiento a las violaciones a derechos humanos que esta mina ha hecho en El Estor, desde el asesinato del pescador Carlos Maas, los ataques no cesan.
Cristóbal Pop Coc presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales y representante de las comunidades que forman parte de los amparistas que solicitaron al Corte de Constitucionalidad el cese de las operaciones puesto que esta mina opera sin la consulta correspondiente regulada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. También denunció intimidación y acoso, asegurando que teme por su vida, la de su familia y todos los amparistas.
Otra organización intimidada es AEPDI-Defensoría Q´eqchi. Quien ha llevado el acompañamiento social y legal en el caso penal contra la mina que tiene un amparo pendiente de resolver de forma definitiva, AEPDI realiza una labor de difusión de información atreves de radio comunitaria Xyaab’ tzuultaq’a que es afiliada a la Federación de Escuelas Radiofónicas, FGER.
Desde la mañana del día de hoy, todas estas personas y organizaciones tuvieron acoso afuera de sus casas y durante la manifestación, se escucharon insultos que refuerzan el discurso de odio. Todas estas personas violentas han sido parte en diversos momentos de promoción de odio contra ellos y parte de campañas fuertes de difamación en El Estor.
Axel Tot, trabajador minero manifestó en medio locales, sobre denuncias legales y penales en varias instancias. Mynor Álvarez en el año 2019 frente a la CC dio declaraciones al respecto, anunciando que en El Estor habría un estallido social, en medio de la polémica por el cierre, del cual no notificaron formalmente a sus trabajadores.
La compañía siempre publica información oficial en sus redes sociales, pero hasta el día de ayer no han emitido ninguna postura. Han suspendido labores de manera arbitraria, generando un conflicto innecesario que pone en riesgo la vida de las personas.
Al momento de tomar algunos de los testimonios, varios de las y los entrevistados aseguraron que temen por su vida y piden a las autoridades poner cartas en asunto, así como garantizar los derechos humanos para todas las personas en El Estor, Izabal.
