Por Stef Arreaga
La noche del martes 24 de marzo el Congreso de la República de Guatemala aprobó de urgencia nacional el Decreto 12–2020, que incluye medidas sanitarias, económicas, financieras y sociales para atender las necesidades de los guatemaltecos ante la crisis del COVID-19, los diputados autorizan al laboratorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y al de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-.
El Congreso habilitó a ambos laboratorios para realizar las pruebas para detectar el virus COVID-19 en pacientes que sean referidos con síntomas de este virus, que se ha extendido en todo el mundo rápidamente y que en Guatemala el Gobierno informó de 24 casos positivos, 1 fallecido y 1200 casos aun en cuarentena, según los datos oficiales.
De esta manera, el Laboratorio Nacional de Salud -LNS- busca descentralizar la carga de llevar a cabo las pruebas con el riesgo de ser acumuladas por la cantidad de muestras enviadas al mismo, sino que podrán ser distribuidas en estos otros dos laboratorios, que deberán de ser equipados con fondos que fueron aprobados por el Congreso en este mismo decreto.
Una fuente interna confirmó que el laboratorio del IGSS de la zona 9 es el único a nivel nacional que cuenta con el equipo de Biología Molecular, capaz de ampliar el ADN y así poder determinar la presencia o no del virus en pacientes. En este laboratorio se habría llevado a cabo la prueba a dos pacientes del IGSS las cuales a pesar de haber salido positivas, tuvieron que ser enviadas al LNS. Luego de 48 horas de haber dado positivas estas pruebas finalmente fueron anunciadas por Alejandro Giammattei en la conferencia de prensa del 25 de marzo por la mañana.
También es importante que las autoridades competentes puedan verificar las condiciones del Laboratorio Clínico Popular (LABOCLIP) de la Facultad de Farmacia de la USAC –ubicado a un costado del Parque San Sebastián en la zona 1 de la ciudad capital-, ya que se tiene conocimiento que no reúne las requisitos necesarios para poder realizar este tipo de pruebas, a menos que con el fondo aprobado el Gobierno pueda dotarlo con el presupuesto, equipo y elementos necesarios para llevar a cabo dichos exámenes. Además por estar ubicados en el Centro Histórico de la ciudad capital, no reciben agua de manera permanente, sino irregular.
Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos –PDH-, el 24 de marzo presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad –CC- para garantizar la salud de las y los guatemaltecos y además, que se desconcentraran las pruebas de detección del virus tal y como lo había ordenado Giammattei.
El Congreso decretó sobre la protección contra el coronavirus
Los congresistas se reunieron el 24 de marzo, en una sesión extraordinaria para conocer distintas propuestas de ley como ya lo hemos mencionado, la sesión comenzó desde las dos de la tarde y finalizó pasadas las 10 de la noche –bajo toque de queda-.
Una de estas propuestas era la exoneración de cobros de servicios básicos como agua potable, luz y energía eléctrica. Que fue presentada a través de una enmienda por adición, para modificar la “Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19” o iniciativa de ley 5742. La mayoría de diputados rechazó la enmienda que podría haber beneficiado a la mayoría de la población.
Todo comenzó a las 9 de la noche con la aprobación de la 5742 de urgencia nacional, el proceso les tomó a los diputados 15 votaciones más para concluir con la versión final de la ley, todo esto ocurrió después de la 01:00 horas de la mañana del 25 de marzo que los diputados resolvieron no aprobar dicha exoneración. La versión final de la ley fue aprobada por 126 diputados, 1 en contra — Javier Alfonso Hernández Franco-, 20 ausencias y 13 diputados con licencia.
Lo único que incluyó el Congreso en esta ley fue aprobar una enmienda en donde las empresa de energía eléctrica, municipalidades y empresas de telefonía se comprometen a no cortar estos servicios básicos, no notificar las órdenes de corte y que los usuarios puedan pagar los servicios antes del 31 de diciembre del presente año sin intereses, ni cobros por mora.
