Iniciativa antipandillas es enviada a análisis a pesar de contener una inconstitucionalidad

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Créditos: Congreso de la República de Guatemala

Por David Toro

La comisión de gobernación del Congreso envió a tres instituciones un borrador de la ley que pretende calificar de terroristas a pandilleros, a pesar de que el diputado Bernardo Arévalo del partido Semilla detectó una inconstitucionalidad que fue ignorada por el resto de los integrantes de la comisión.

La comisión de gobernación es presidida por el diputado Sergio Arana Roca de la bancada oficial Vamos y está conformada por 21 diputados de las bancadas de Viva, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Unionista y Bienestar Nacional (BIEN). Del total de miembros 20 votaron a favor de la polémica reforma a la ley de ONG el 11 de febrero, esta nueva disposición permitiría al ejecutivo disponer cuales organizaciones cancelar, a excepción de Bernardo Arévalo De León, jefe de la bancada del partido Semilla

El pasado miércoles 12 de febrero esta comisión decidió enviar el borrador de la iniciativa a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y al Ministerio de Gobernación para que las instituciones emitan un informe sobre su contenido y sea considerado antes de una votación final, donde los 21 diputados de la comisión decidirán si dar dictamen favorable a la iniciativa y enviarla al pleno del Legislativo para su aprobación.

El único diputado de la comisión que se opuso a enviar la propuesta para la evaluación de su contenido a las instituciones Arévalo de León, “nosotros detectamos una inconstitucionalidad en el artículo uno de la iniciativa ya que una persona no puede ser perseguida penalmente únicamente por su pertenencia a un grupo, hay varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), esto violenta derechos establecidos en la Constitución (…) además fue por nuestra insistencia que la ley no fue aprobada y fue enviada a varias instancias, nosotros propusimos otro borrador de la ley realizando varios cambios pero por razones que no entiendo no la tomaron en cuenta”, señaló Arévalo.

La versión de la comisión se apegó al esqueleto de la iniciativa inicial del presidente Giammattei, nuevamente no se delimitó quienes pueden ser considerados como miembros de pandillas, dejaron el sujeto penal abierto con el peligro de que cualquiera que “utilice un tipo de lenguaje, símbolos o gestos, se comuniquen u organicen para planificar delitos y quienes rompan el orden público”, podrían ser calificados de terroristas.

Han pasado tres semanas desde que l23 diputados votaron a favor de enviar la iniciativa de ley 5692 a las comisiones de gobernación, asuntos de seguridad nacional y defensa del Congreso.

La propuesta, enviada por el presidente Alejandro Giammattei al pleno del legislativo, propone penalizar una serie de acciones como “apropiarse de propiedad privada, actos contra la vida, atentar contra la salud pública, la seguridad ciudadana o nacional”, pero no delimita a los grupos que serán el sujeto de la reforma, únicamente hace una caracterización amplia: “grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología”. 

El objetivo, sintetizado en el artículo primero de la propuesta de ley, busca considerar como “terrorismo con fines de desorden público”, las acciones de las pandillas y con ello cumplir con la promesa de campaña y con la política de seguridad contenida en el plan de gobierno del partido Vamos.

La moneda está en el aíre, porque aunque no hay un plazo definido para saber cuándo habrá un dictamen final, la iniciativa de ley volverá a la comisión cuando las instituciones citadas, rindan su informe y el borrador, que fue apoyado por la bancada de Gobierno, podría ser enviada al pleno para que se decida si se aprueba o podría estancarse para que se realicen nuevas modificaciones.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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