Por Jody Garcia
En una semana en la que el país ha conocido más sobre casos de violencia contra las mujeres, la protección de 12 mil mujeres víctimas o sobrevivientes es incierta.
En Guatemala hay lugares seguros a donde las mujeres víctimas de violencia pueden acudir. Son once espacios en donde, sin ningún costo, reciben información, apoyo psicológico y social, atención médica y asesoría jurídica para denunciar, además de acceso a albergues temporales y alimentación si su vida y la de sus hijos está en peligro. El funcionamiento ha estado en peligro porque el Ministerio de Gobernación no les entregó el presupuesto del 2018. En junio un viceministro empezó los trámites para la saldar la deuda.
Las mujeres son las principales víctimas de la violencia en Guatemala. Este tipo de delitos es el más denunciado en el Ministerio Público. Entre el 2012 y el 2016, 243,832 mujeres se atrevieron a denunciar: 133 cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. En el 98 por ciento de los casos, la violencia fue ejercida por un hombre. A nivel mundial, una de cada tres mujeres sufre violencia.
Los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) son una opción para las mujeres víctimas de violencia que deciden buscar ayuda para denunciar y que no saben qué hacer, a dónde ir o a quién contarle su problema.
Existen once sedes en todo el país y en cada una trabajan mujeres de diversas profesiones (abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales) que brindan asesoría y acompañamiento y procuran hacerlo en un ambiente de respeto, confidencialidad y calidez humana.
Estos centros fueron fundados y existen gracias a organizaciones como el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), el Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, la Asociación de Mujeres de Petén, la de Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas y la Asociación Generando Equidad, entre otras.
Su presupuesto depende del Ministerio de Gobernación y del Congreso. La burocracia provocó que durante este primer semestre del 2018 no recibieran un solo centavo y que se acumulara una deuda de Q20 millones, que dejó a casi 200 profesionales sin salario y los refugios en peligro de dejar de funcionar.
No cerrar
El primer Caimus abrió sus puertas hace 27 años. Desde entonces, en promedio atienen a 12 mil mujeres al año. Las acompañan en los procesos penales cuando denuncian violencia, en procesos laborales cuando se discute la manutención de los hijos y en casos civiles, cuando pelean por la custodia de los niños.
Una pelea adicional la libran en el Congreso, cuando las organizaciones tienen que hacer cabildeos con los diputados para asegurarse de que se incluya en el presupuesto general del Estado, la asignación de fondos que les corresponden. En años anteriores, el dinero era canalizado a las organizaciones a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. En 2017 fue el primer año en el que el Congreso decidió que los fondos los entregara el Tercer Viceministerio de Gobernación, enfocado en prevención del delito.
Esa fórmula funcionó hasta que Francisco Rivas, ministro de Gobernación entre 2016 y enero de 2018, dejó el cargo, junto al director financiero y jurídico de la entidad. Los cambios administrativos en esa cartera provocaron que, en enero de 2018 no hubiera nadie que firmara los documentos para entregar los fondos.
Axel Romero, viceministro de Gobernación, explicó que están en las últimas gestiones para trasladar los fondos a las organizaciones que administran los Caimus, y aunque se le consultó si había una estrategia para garantizar que la entrega de los fondos sea en el tiempo, dijo que la situación queda a expensas de la voluntad del Congreso, si decide o no incluirlas dentro del presupuesto general del Estado.
El Grupo Guatemalteco de Mujeres administra y hace funcionar cuatro de los once refugios. Están ubicados en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Baja Verapaz y Suchitepéquez. Giovanna Lemus, representante de la entidad, explicó que esos centros funcionan los 365 días del año, las 24 horas, y que durante los seis meses que llevan sin recibir los fondos del Estado, hicieron un esfuerzo para no cerrar y seguir atendiendo a las mujeres, pese a las limitaciones. Recordó que en el 2009 se trazó una estrategia donde se esperaba que para el 2016 hubiera un Caimus en cada departamento; pero la creación de estos centros de apoyo integral no fue una prioridad para los gobiernos de turno.
– Hacemos esfuerzo por buscar los fondos, pero también tenemos audiencias (judiciales). No podemos dejar a las mujeres sin acompañamiento. Lo que nos cuesta que (los jueces nos) den audiencias y no podemos no presentarnos porque no tenemos las condiciones de movilización, de seguridad, de los peritajes, de psicología, los acompañamientos.
Los Caimus brindan un acompañamiento relevante en la búsqueda de justicia para las mujeres que buscan romper con el círculo de violencia. Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, dijo que estos centros son fundamentales porque marcan la diferencia entre la vida y la muerte de las mujeres cuando denuncian a su agresor.
Agregó que la falta de entrega del presupuesto demuestra que la ayuda a las mujeres sobrevivientes de violencia no ha sido un aspecto prioritario para el Ministerio de Gobernación, y eso se traduce en las posibilidades de vida de las sobrevivientes.
Ana Leticia Aguilar, de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), reconoció que la red de Caimus es el mecanismo más importante con que cuenta el país y el Estado para proteger a las mujeres víctimas de violencia y que es necesario que su funcionamiento se institucionalice para que las organizaciones no dependan de la voluntad política de los diputados y funcionarios públicos para recibir el presupuesto que les corresponden.
– Pareciera que con cada cambio de gobierno hay que empezar de cero, hacer un trabajo de convencimiento para los diputados para que entiendan la importancia de estos centros y asignen fondos.
Las organizaciones consultadas resaltaron en las entrevistas que después de meses, perciben que el Ministerio de Gobernación tiene la voluntad política para entregar los fondos y esperan recibirlos en las próximas semanas.
