Por David Toro
28 meses han vivido en condiciones infrahumanas 111 familias de la comunidad Laguna Larga, en San Andrés, Petén, quienes fueron desplazadas forzosamente por el Gobierno de Jimmy Morales. El líder comunitario Constantino Vásquez pide al Estado que les permitan volver a sus tierras o que finalmente les entreguen un lugar donde vivir dignamente y comenzar de cero.
Desde el 2 de junio del 2017 los pobladores de Laguna Larga fueron desalojados por el Gobierno, bajo el argumento de que esta es un área protegida de la biosfera maya, nunca fueron reubicados ni atendidos y se vieron obligados a instalarse en el punto más lejano de Petén, en medio de la selva y la nada, en la zona de adyacencia que divide a Guatemala de México.
Este miércoles 6 de noviembre, en una conferencia de prensa, en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), don Constantino Vásquez líder de la comunidad, que viajó más de 600 kilómetros, denunció la precariedad en la que están viviendo. “Ya no queremos pasar otra navidad en esas condiciones”, dijo don Constantino, que pide al gobierno que los regresen a su hogar o que les proporcionen otro lugar para vivir, antes de que aumenten las muertes a causa del desplazamiento.
Durante los 28 meses de desplazamiento, nueve personas han muerto, porque en la zona donde se han asentado las condiciones de vida son infrahumanas. No hay acceso a electricidad, agua potable, las viviendas son improvisadas con paja y madera, el centro asistencial más cercano está a 100 kilómetros y además está en territorio mexicano. El único apoyo del Estado fue de parte del Ministerio de Educación (Mineduc), que asignó tres maestras de educación primaria para los niños de la comunidad, además la única fuente de agua cercana es una laguna, que según don Constantino, está contaminada y ha causado enfermedades en la piel de los niños, también enfermedades gastrointestinales que no son atendidas por la ausencia de servicios médicos.
Los comunitarios denuncian que tampoco han recibido apoyo en alimentación a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares en septiembre de 2017, además la tierra donde se encuentran no son aptas para cultivos, “nos encontramos sin fuentes de empleo”, subrayó don Constantino.
Por su parte, el PDH, Jordán Rodas, agregó durante la conferencia que han nacido niños en estas precarias condiciones y no han podido ser inscritos en el registro civil, porque están muy lejos y han intentado hacerlo en los hospitales mexicanos, pero los padres carecen de papeles, pues los perdieron durante el desplazamiento. “Las medidas cautelares de la CIDH no son un juguete, son para cumplirse, es preocupante que el Estado no las esté cumpliendo, se están violentando los derechos básicos del as personas”.
El abogado Edgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos (BDH), asesor de las familias de Laguna Larga, declaró que es preocupante que el Estado no haya dado respuesta aún porque las personas desplazadas tenían su propio desarrollo, su casa e iglesias, “pero ahora los han dejado sin medos de subsistencia, remarcó Pérez.
La PDH agregó que los hallazgos encontrados durante una visita a las familias desplazadas el 20 de octubre de este año, serán enviados al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y a otras entidades estatales esperando una rspuesta al asunto de forma pronta y así se pueda evitar que las 111 familias desplazadas sigan viviendo en una alta situación de riesgo como en la que se encuentran desde hace más de 2 años.
