4 de noviembre 2019
La situación de los pescadores en El Estor es precaria, llevan 45 días de prohibición pesquera y 60 días de estado de sitio, esto tiene atados de manos, especialmente a quienes se oponen a la minería en este municipio del caribe guatemalteco. El alcalde Rony Méndez se niega a reconocer a las asociaciones pesqueras que se han opuesto a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) de Solway Investment Group. Mientras existe una prohibición para pescar en el Lago de Izabal, paradójicamente el único programa para palear esta situación es auspiciado por la misma minera ruso-suiza que ha protagonizado una lucha férrea, en contra de los dirigentes de la gremial pesquera desde el 2017. Por su puesto este programa no aplica para la mayoría de ellos y ellas.
La pesca en el Lago de Izabal es una forma de sobrevivencia para muchos de los pobladores q’eqchi de El Estor, un municipio de Izabal, donde al menos unas 600 personas que se dedican a la pesca de especies pequeñas de agua dulce como mojarras, sábalos y bagre.
Fue durante el gobierno de Carlos Arana Osorio, quien hizo una concesión de tierra a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal S.A (Exmibal) para la explotación minera, el 8 de mayo de 1971. Arana les concedió 385 kilómetros cuadrados y así inició la explotación de níquel y otros minerales en El Estor. Cuarenta años después la empresa ruso-suiza Solway, adquirió los derechos mineros, en 2011, durante el gobierno del general Otto Pérez Molina, preso por corrupción y acusado de dirigir una estructura que se dedicaba a la defraudación aduanera.
En la actualidad los pescadores están entre la espada y la pared. Se vieron obligados a decidir, entre oponerse a los efectos de la extracción minera y proteger al lago de Izabal o apoyar a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) de Solway. Por lo que su vida actual transcurre, entre el estado de sitio y la veda, por lo que no pueden organizarse, no pueden movilizarse para exigir sus derechos, no tienen dinero porque no pueden pescar y algunos están siendo condicionados a apoyar a la empresa a cambio de dinero, según denuncian varios de ellos de forma anónima, por miedo a represalias. Ocho de sus dirigentes han tenido orden de captura, de los cuales dos han estado presos por hacer auditoría social y exigir transparencia al Estado sobre esta compañía desde el año 2017.
En febrero del 2018 autoridades indígenas, vecinos y la Gremial de Pescadores pusieron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en donde denunciaron al Ministerio de Energía y Minas por violentar los principios constitucionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que respaldan los derechos de los pueblos indígenas.
El planteamiento es que se está extrayendo minerales sin realizar la consulta previa e informada, por lo que después de varias vueltas legales, el 17 de julio de este año la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso de manera provisional, la licencia de explotación del proyecto minero Fénix, ubicada en el municipio de El Estor en Izabal.
Frente a la resolución de la CC la empresa no solamente rechazaron la suspensión de sus operaciones bajo el argumento de los empleos que generan sino que adviertieron que, como producto del dictamen, habrá conflictos y violencia en el territorio. Buscando con ello enfrentar a las comunidades. Para las autoridades indígenas y comunidades afectadas, esto es supuso una amenaza directa.
En teoría las operaciones de la mina deberían haberse congelado, pero la mina sigue operando en medio de un estado de sitio, que desde el 4 de septiembre ha restringido derechos constitucionales de los habitantes de 22 municipios. Esta fue una petición desmedida del presidente Jimmy Morales, justificándose en el misterioso y no resuelto asesinato de tres soldados en la comunidad de Semuy II, ubicada al sur de El Estor.
Un ex trabajador de la mina que fue consultado, no niega que CGN siga trabajado y asegura que la justificación de la empresa es que la licencia de explotación es distinta a la de procesamiento. Sin embargo, a criterio de Rafael Maldonado, abogado de la gremial de pescadores, quien accionó el amparo contra la mina, la justificación de la empresa no tiene validez porque la licencia de procesamiento se llama Montúfar y está concedida en Los Amates, Izabal y no en El Estor. Los pobladores han denunciado que la planta de procesamiento trabaja cada noche y las góndolas salen cargadas de níquel rumbo al Puerto Santo Tomás de Castilla, además que se ha visto que las chimeneas de la planta procesadora siguen funcionando.
En los barrios de El Estor, donde habitan la mayoría de los pescadores las condiciones son precarias, las calles son de tierra, sin acceso a electricidad, agua potable, ni drenajes. Deben alimentar a sus familias de al menos 4 a 6 integrantes con los Q33.00 a Q40.00 ($4.50) que obtienen diariamente.
La mina se defiende de las críticas con el ya trillado discurso del desarrollo. En su sitio web, asegura que dan empleo a más de 1,900 personas, aunque el mismo alcalde municipal Rony Méndez, que ha mostrado su simpatía y apoyo a favor de la mina, aceptó en una entrevista el 24 de julio que solo 300 de los empleados son de El Estor.
Cuando el Lago de Izabal se tiñó de rojo en abril del 2017, los dirigentes de la gremial de pescadores encabezaron las manifestaciones contra la mina. En aquel entonces dos periodistas de Prensa Comunitaria documentaron la contaminación del agua, el 27 de mayo de ese año fue asesinato el pescador Carlos Maas durante una manifestación, cuando agentes de seguridad del Estado abrieron fuego contra un grupo de personas que manifestaban pacíficamente. Las autoridades negaron que haya habido un asesinato y no quisieron recoger el cadáver.
Las constantes protestas pusieron a los pescadores en la mira de la CGN de Solway. La empresa reaccionó, a través de sus abogados, entre ellos, Iván Roberto Camey, denunciando penalmente a 11 personas: un barbero, una persona que no es conocida por la gremial, siete pescadores y dos periodistas. Eduardo Bin es vicepresidente de la gremial de pescadores y presidente de la Asociación de pescadores artesanales Wacaxha “manatí“, que aglutina al menos a 250 pescadores, estuvo preso 11 meses 15 días y fue enviado a juicio acusado de los delitos: manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir, reuniones ilícitas y retenciones ilegales. Bin fue criminalizado por CGN, luego de estar en prisión desde el 29 de junio del 2018, en mayo de este año fue absuelto porque el ministerio público (MP), nunca pudo presentar pruebas en su contra. Otros tres pescadores entre ellos Cristóbal Pop presidente de la Gremial de pescadores quien estuvo preso 74 días, Tomás Che Cucul y Vicente Rax Pop siguen acusados junto al periodista Carlos Choc, aunque su caso está cerrado provisionalmente, el Ministerio Público seguirá investigándolos por acusaciones falsas de la empresa.
La prohibición pesquera, una nueva estrategia contra aquellos que se oponen a la mina
Del 15 de septiembre al 31 de octubre de este año, tuvo vigencia la veda pesquera decretada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por medio del acuerdo ministerial número 57-2019. Se trata de una prohibición de pesca que las autoridades establecen anualmente con el objetivo de garantizar la reproducción de las especies que habitan el Lago de Izabal. A pesar de esto, este año la prohibición ha sido un problema severo para los pescadores que se oponen a la actividad minera.
Tomás Che y Eduardo Bin, dos pescadores experimentados, que han sido criminalizados por la CGN, entienden la importancia de la prohibición para garantizar que los peces se reproduzcan. Durante una entrevista en El Estor, ambos denuncian que solo existe un programa para sobrevivir durante el tiempo de veda patrocinado por la misma compañía de níquel y que este año no ha existido un subsidio estatal. Hasta el 2017 recibían 25 libras de maíz de parte del MAGA, para los 45 días sin trabajo, pero en agosto de 2018 en una reunión en Ranchón del Tino las autoridades dijeron a los pescadores que no tenían fondos para apoyarlos durante la veda, según asegura Tomás Che.
Además, señalan que durante sus años como pescadores y según lo que cuentan los ancianos de su comunidad la veda siempre fue entre junio y agosto, no en septiembre, “en esta época no se reproducen los peces”, denunciaron.
Él único programa, que existe para paliar esta falta de empleo, está patrocinado por la CGN de Solway, consiste en la limpieza de las orillas del lago. A los pescadores que se han acogido a este programa de la empresa, se les paga Q100 diarios por este trabajo. Los pescadores que no están de acuerdo y se oponen a la mina son descartados. Según el ex trabajador de CGN a quien se ha consultado, solo entre 50 a 60 pescadores son los beneficiados, todos son parte de la asociación pesquera Bocas del Polochic, cuyo presidente es, Emilio Quinich, quien ha laborado como técnico en la mina, según un documento al que Prensa Comunitaria tuvo acceso.
El alcalde de El Estor, Rony Méndez, aceptó que el único programa durante la veda que existe, es el de limpieza del lago, patrocinado por CGN, “la municipalidad se encarga de brindar los camiones y el equipo de limpieza, antes les dábamos comida por limpiar, desde el año pasado gracias a la mina ya se les da pisto”, dijo Méndez durante una entrevista telefónica. Al ser cuestionado sobre por qué solo 50 pescadores están siendo beneficiados cuando la gremial de pescadores aglutina a 600 personas, respondió: “no vamos a coincidir usted y yo, en El Estor no existe una gremial, la municipalidad solo reconoce a dos asociaciones de pesca, Bocas del Polochic y el Comité Aj Kar, las demás no son reconocidas porque son lideradas por personas que no son pescadores”. El alcalde desconoce a dos asociaciones, la Asociación de Pescadores Artesanales con enfoque ambiental, social Wacaxha y la Asociación Güaritas (Asogua).
Además, Rony Méndez aceptó que la fecha de la veda fue cambiada desde el año pasado a petición de los pescadores (Bocas del Polochic, ligada a CGN), “los mismos pescadores nos pidieron el año pasado que la veda se cambiara de fecha y nosotros aceptamos”, declaró Méndez. Sobre el tema, la bióloga y consultora, Maria Fernanda Asturias, explicó que para fijar la fecha de una veda pesquera se debe rendir un informe técnico que justifique que en ese tiempo los peces se reproducen.
La Dirección de Pesca (Dipesca), aseguró que, sí existe un informe técnico que respalda que es viable una veda durante estos 45 días, sin embargo, antes de esta publicación, aún no ha sido entregado el informe y tampoco fue posible una entrevista con el director de Dipesca, el ingeniero Carlos Marín, pues según la entidad, no está en el país.
Mientras tanto en El Estor, muchos pescadores salían a pescar por las noches o madrugadas, para poder sobrevivir, ya que no fueron tomados en cuenta para el único programa que brinda un ingreso económico durante la veda, además pescar durante la prohibición y en pleno estado de sitio es un riesgo, porque el MAGA a través de la policía les puede imponer una multa de Q7,000.00, que les implica perder su equipo pesquero o incluso ser arrestados.
El pescador Eduardo Bin, cree que la veda ahora es una nueva estrategia para castigar a los que se oponen a la minería, “el alcalde y el Estado saben que los pescadores siempre hemos denunciado la contaminación”, dice Bin durante una entrevista a la orilla del Lago de Izabal el 17 de octubre de 2019.
El estado de sitio que fue decretado bajo el supuesto de dar con los culpables de la muerte de tres soldados, ha servido según los pescadores criminalizados para que la CGN de Solway, siga trabajando ignorando que la CC les ordenó detenerse. Además, el estado de sitio mantiene a los pescadores sin poder denunciar que la veda pesquera a sido politizada, pues la mina que los ha criminalizado está financiando el único programa alterno a la pesca bajo el respaldo del alcalde saliente Rony Méndez.
A tres días de haber terminado el tiempo de veda, los pescadores ya salen a pescar, pero siguen sin poder reunirse y organizarse. El vicepresidente Jafeth Cabrera el 30 de octubre después de finalizada una reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Social, dijo que no ampliarán el estado de sitio pero que “a futuro habrá una vigilancia constante para no recaer nuevamente en el problema”.[1]
[1] https://www.agn.com.gt/gobierno-de-guatemala-no-ampliara-de-estado-de-sitio-en-22-municipios-del-pais/
