Créditos: Mundo Chapín

EL PROYECTO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA REVOLUCIÓN GUATEMALTECA: 1944-1954

Por Carlos Enrique Arriola Avendaño

Prólogo

En conmemoración del 75 aniversario de la revolución de octubre de 1944, este ensayo se centra en el análisis del proyecto político y económico, del que fueron portadoras las clases sociales que hicieron posible la revolución, para hacer de Guatemala un nuevo país, en concreto una sociedad democrática y capitalista. Proyecto político y económico truncado diez años después de haberse puesto en marcha, por el movimiento contrarrevolucionario de 1954, que aglutinó entre otros sectores: a la oligarquía, al ejército, a la iglesia católica y desde luego, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de América.

La puesta en marcha de un nuevo proyecto político y económico, resultaba ser una tarea complicada, pues se trataba en el fondo de construir un nuevo bloque histórico, “hegemonizado” por una clase capitalista, prácticamente inexistente en esos momentos de la realidad histórica del país. Escenario irreversible, toda vez que con el triunfo de la revolucionaria se canceló el viejo bloque histórico, donde la oligarquía terrateniente por larga data impuso su poder por la coerción y no por la vía de la aceptación hegemónica.

De esta cuenta, las  clases sociales que accesaron al poder del Estado al momento del triunfo de la revolución, y durante la década que duró, con la pequeña burguesía como vanguardia, le imprimieron al nuevo bloque histórico en formación, la propuesta ideológica y la realización de los intereses propios de una burguesía, que en la realidad siempre estuvo ausente. Paradójicamente, era la única forma posible de hacer una realidad la construcción de la democracia burguesa en Guatemala.

A su favor, el haber sido una revolución hecha desde arriba, lo que le imprime su carácter pluriclasista al proyecto político y económico de la revolución.  Eso les permitió a las clases que asumieron la vanguardia en la dirección de proyecto revolucionario, primero, la pequeña burguesía durante el proyecto reformista del gobierno de Juan José Arévalo; y después, a la clase obrera durante el proyecto revolucionario del gobierno de Jacobo Arbenz, apostarle a la construcción de una nueva sociedad, con la democracia como forma de vida y sistema de participación política, y con el sistema capitalista como fundamento de la modernización de la economía.

La forma de alcanzar los objetivos expuestos, era transformando la matriz de la formación social. Estas transformaciones las hacen suyas los gobiernos de la revolución, recayendo en el gobierno de Juan José Arévalo el hacer una realidad las tareas democráticas, o sea, los cambios a nivel de la superestructura jurídica, política e ideológica. Mientras que al gobierno de Jacobo Arbenz, le correspondieron los cambios en la base económica, o sea, realizar las tareas burguesas, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas y la modernización de la económica.

En cuanto a la conducción política, la revolución guatemalteca desde el momento de las gestas del 20 de octubre mostró su naturaleza Multiclasista, con la pequeña burguesía asumiendo las tareas de hegemonizar los intereses de las distintas clases y la conducción del poder del Estado, sobre todo durante el gobierno de Arévalo.  Ya con el gobierno de Arbenz, es la clase obrera y la clase campesina a través de sus organizaciones sindicales y políticas, caso de la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CGT) y del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), quienes le imprimen al proyecto sus propuestas para alcanzar el desarrollo del capitalismo.

Para lo anterior, fue clave la puesta en vigencia de la Reforma Agraria, medio para potenciar el desarrollo industrial del país; como también su vigencia fue la clave y el detonante, para que la reacción guatemalteca truncara esa oportunidad histórica para que el Guatemala saliera del subdesarrollo y del atraso social, político y económico, donde históricamente ha estado subsumida.

1.  La Propuesta

Con las gestas revolucionarias del 20 de octubre de 1944, la sociedad guatemalteca después de casi 100 años de dominio político y explotación económica de la oligarquía terrateniente, asiste como resultado de la lucha política emprendida por algunos segmentos de las clases sociales subalternas de la sociedad, bajo el liderazgo de la pequeña burguesía, a un recambio en la conducción del Estado y al replanteamiento del bloque histórico; el cual que por larga data, sin hegemonía, pero si con excesiva coerción, había consolidado los viejos intereses de las clases dominantes presentes en nuestra realidad, desde la instauración del Estado Colonial y su reforzamiento en su tránsito al Estado Nacional en su versión republica, versión por cierto, hasta la fecha aún no concluida.

Como resultado y exigencia de una coyuntura política crítica que había tumbado a la oligarquía del control y manejo del Estado, se avizoraba la construcción de un nuevo bloque histórico, cuya conducción pusiera a contrapelo a la burguesía en la dirección hegemónica del nuevo proyecto de país, realidad que exigía la inmediata puesta en marcha del nuevo proyecto político y económico.

La paradoja de todo eso, es que se trataba de un proyecto político y económico diseñado y echado a caminar, para la consolidación de la dirección hegemónica de una clase social sumamente débil, es más, sin presencia en los momentos críticos de las gestas revolucionarias.  Aun así, la naturaleza de todo proyecto político y económico en cualquier sociedad, exige para su éxito la direccionalidad que le den los intereses de la clase que asume el rol de dominante.  En este caso, a la ausencia de la burguesía, es la pequeña burguesía quien le imprime su carácter, no de sus intereses, pues la pequeña burguesía no tiene intereses propios, a la primera fase del proyecto impulsado por los sectores sociales que hicieron una realidad el movimiento revolucionario. Primera fase del proyecto materializada durante el gobierno de Juan José Arévalo,  versus  una segunda fase que corresponde al gobierno de Jacobo Arbenz; momento ya matizado por la presencia de los intereses de las clases subalternas, tanto de la clase obrera como la campesina, sin dejar por un lado la presencia de los intereses de los gremios artesanales, dada la importancia que tenían para ese entonces en la realidad política y económica de la sociedad.  

De esa cuenta, entendemos en este estudio por proyecto político y económico, la manifestación de los intereses de determinada clase social, en su participación en lo político y en lo económico para el desarrollo del proyecto de sociedad que le da sentido, y que organiza y se lleva a la práctica por medio de las instituciones políticas del Estado y la sociedad. El carácter reformista (pequeño burgués) o revolucionario (obrero) del proyecto político y económico, se lo da, los intereses de estas clases al otorgarle su direccionalidad.

Ya en la realidad, con todo y las dificultades de no contar con una clase burguesa fuerte y ni por asomo de un modelo de explotación capitalista dominante, el programa político y económico del movimiento revolucionario quedó plasmado en la nueva Constitución Política de la República, promulgada el 11 de marzo de 1945.  Constitución basada en principios progresistas, pero más que todo resulta ser un instrumento reformista moderado, que si bien por la vía institucional se fijaba como objetivo instaurar una democracia burguesa y capitalista moderna, los viejos intereses oligárquicos siguieron vigentes y resguardados en el nuevo texto constitucional.

En efecto, reformista porque en ella se recogen los intereses de las clases que hicieron posible el movimiento revolucionario; aunque si bien se asiste como resultado, al desplazamiento de la hegemonía y el manejo del poder del Estado a favor de la pequeña burguesía, quien recoge las tareas de la burguesía naciente, no significo que todos los intereses oligárquicos de un plumazo quedaran desprotegidos en la nueva Constitución Política.  Al contrario, estos quedan en el texto constitucional ampliamente protegidos; por ejemplo, el artículo 58, inciso 3, legaliza el pago del salario al trabajador del agro en alimentos, hasta por un 30 % del máximo a recibir; toda una reminiscencia del régimen liberal. Pero que no nos asombre la protección de esos intereses de la oligarquía terrateniente, pues la Constitución Política de 1985, hoy por hoy vigente en la realidad guatemalteca, sigue manteniendo ese beneficio precapitalistas, colonial o feudal, o como le quieran llamar.

Implícitamente se plasmaron otros artículos para el beneficio de los intereses de la oligarquía terrateniente, como fueron los relacionados con el tema indígena. En efecto, en el artículo 137, se enumera entre las facultades del presidente de la república, el crear y mantener las instituciones para atender el problema indígena; y, a fin de asegurar al indígena una base económica, declara “imprescriptibles, inexpropiables e indivisibles” las propiedades de las comunidades indígenas (art. 96).  De igual forma, el articulo 66 manda que, “el Estado fomentará el crédito agrícola y rural, dará apoyo y protegerá la industrialización de los productos agrícolas  y se esforzará, así mismo, por conservar a los trabajadores en los campos[1]. Fase última que se refuerza con el artículo 67, que tiene por objeto urbanizar las fincas rusticas.  Nada más obvio, ya que al no cuestionarse la estructura agraria, era imperante tener legalizada la afluencia de mano de obra barata de los  campesinos a los centros de producción, lo que se logrará al mantener estacionada a la población campesina en los centros de trabajo y en sus comunidades; lo cual hace imprescindible que cuenten con tierra, vital para agenciarse a través de la economía de subsistencia buena parte de su sustento.

Ahí radicó la mayor debilidad de la Constitución Política, pero sobre todo del quehacer gubernamental durante el primer gobierno de la revolución, imprimiéndole el sello de reformista al proyecto político y económico, así como al gobierno de Juan José Arévalo.  Como también explica, que por ser una revolución hecha desde arriba, el carácter pluriclasista del proyecto queda definido y plasmado en el articulado de la Constitución.

Los artículos anteriormente citados, ponen en evidencia el carácter pluriclasista del proyecto revolucionario en sus inicios, donde se ve claramente que la oligarquía terrateniente cede la hegemonía al interior del incipiente bloque en el poder, pero sus intereses de clase siguieron formando parte del mismo. El manejo del tema de la tierra pone al descubierto esa realidad, al menos al principio, tal y como se observa nuevamente en el artículo 91 de la Constitución Política al prohibir los latifundios, pero dejando a una ley ulterior su regulación y desaparición.

Tenemos entonces una ley fundamental totalmente pluriclasista, al fin de cuentas no hay que perder de vista el papel jugado por algunos miembros de la oligarquía y la burguesía naciente, en el derrocamiento del régimen liberal. Basta por ejemplo con una lectura al memorial de los 311, para entender esa realidad. Pluriclasismo de la Constitución, que resguarda los intereses económicos de la oligarquía; pero de igual forma, se protegen con mucha intensidad los intereses de la clase vanguardia y demás sectores, que hacen posible el derrocamiento de la última dictadura cafetalera. En efecto, quedan bien apadrinados los intereses del magisterio y de los profesionales en conexión con la universidad, además de la burocracia estatal, la cual queda ampliamente protegida en un extenso articulado (sección 2, del capítulo II).

En cuanto a los intereses de los gremios y otros sectores pequeños burgueses muy tradicionales de ese entonces, no quedan fuera de la protección y fomento de la nueva Constitución, como lo encontramos en el artículo 66, que se refiere al apoyo que el Estado le dará a la formación de empresas cooperativistas; y el articulo 87, que literalmente dice: “Las artes e industrias populares son elementos de la cultura nacional y gozarán de especial protección tendiendo a conservar su autenticidad artística y a mejorar su producción y distribución”.     

Por otro lado, la Constitución de la Republica consolida el principio de propiedad privada, la existencia de la explotación de los hombres por otros, la de la riqueza para una minoría y la pobreza para las grandes mayorías, a pesar de que en el artículo 88, se asienta que el Estado velará porque “la riqueza alcance al mayor número de habitantes de la Republica”. Igualmente, aparte de la cuestión puramente programática en donde el poder del Estado lo detenta la pequeña burguesía, asegura un dominio exclusivo a una nueva clase social explotadora, legislando para que perdure un orden social deseable y beneficioso a ella.

El Articulo 97 de la Constitución ratifica lo afirmado, ahí se establece la libertad de industria, de comercio y de trabajo, precepto liberal que lleva una dedicatoria inconfundible; con esa libertad únicamente se beneficiaran quienes tengan el poder económico suficiente y los medios de producción para generar riqueza. Bajo ese precepto la pequeña burguesía utiliza el poder estatal, al igual que la incipiente burguesía para consolidar su poder económico.

Por último, respecto a la Constitución Política es válido afirmar que fieles a su adscripción de clase, los constituyentes del ‘45 partieron del hecho de que se trata de una formación social que arrastra el sello histórico del antagonismo; limitando por consiguiente, y hasta por tradición y costumbre se podría decir, los derechos de los sectores desposeídos de la sociedad.

La pequeña burguesía de la que venimos hablando, en esta coyuntura ve la posibilidad de introducirse en los sectores de la burguesía incipiente, básica e importante movilidad social ascendente.  Surge como vanguardia porque aglutina a los intelectuales jóvenes quienes por lógica tenían una mayor perspectiva de devenir.  De esto se entiende el porqué, al triunfo de de la revolución, estos intelectuales saltan de las aulas universitarias a los puestos de gobierno. 

Dos cosas son importantes de hacer mención para tener la visión correcta de lo que fue la Revolución del ‘44.  En primer lugar, los obreros, pese a que eran junto a los campesinos los más numerosos en términos de fuerza de trabajo, su participación fue importante pero no tomó el carácter de decisiva.  Como clase social jamás podía jugar un papel importante a nivel de las gestas del ’44, y no lo podía hacer porque el carácter del movimiento no le correspondía, ya que su nivel en términos de conciencia de clase era tan insipiente, que no les permitió ver la importancia y la necesidad de luchar por sus intereses de clase.  Situación que se reflejaba en su nivel bajo en términos de organización política, por lo que solo fueron útiles. Su participación a nivel de la dirección, probablemente hubiera cambiado el curso del proceso, situación que de ninguna manera le hubiese convenido a la pequeña burguesía.

En segundo lugar, los campesinos, en peores condiciones que los obreros desde cualquier punto que lo miremos, es obvio que aquellos que tuvieron conocimiento de la gesta revolucionaria, hayan manifestado en ese preciso instante una justificada desconfianza a la participación (400 años de opresión, exclusión, discriminación y racismo hablan por si solos); sin embargo, más que lo anterior, sencillamente privó el desconocimiento que tuvieron del movimiento revolucionario, simplemente porque no se les involucro.  En otras palabras, lo que tratamos de decir es que el movimiento revolucionario de octubre del ’44, en esencia y en términos espaciales fue netamente urbano.    

2.  El Carácter Reformista del Proyecto

Bajo éste esquema de las clases sociales, se puede decir sin equívocos que el proyecto revolucionario en sus inicios, pero concretamente el período de gobierno de Juan José Arévalo, fue fundamentalmente pequeño burgués.  Multiclasista por los intereses presentes, pero por la direccionalidad política que le imprime la pequeña burguesía, totalmente reformista.  Con la salvedad, que su carácter reformista no es una crítica o señalamiento alguno de ser un relevo sin importancia, o más de lo mismo del régimen dictatorial, que las gestas del 20 de octubre echaron por tierra.

Al contrario, fue importante y clave para el surgimiento inicial del nuevo bloque histórico, instituido esencialmente para el desarrollo del capitalismo como sistema económico, y con ello, la burguesía como clase hegemónica del nuevo bloque; más el apuntalamiento de un sistema de convivencia social y política, fundamentado en la vida democrática.  Esa es la razón del porqué, las tareas primordiales que asume el primer gobierno de la revolución, se centraron justamente en la constitución de una nueva superestructura jurídica, política e ideológica. 

Sin embargo, hay que ser enfáticos con el análisis de ese momento histórico que le tocó vivir al primer gobierno de la revolución, bajo la idea de que si bien un nuevo bloque histórico, por principio exigía de igual manera la transformación de la base económica de la matriz de la formación social; la pequeña burguesía en la dirección política del proyecto, privilegiando los intereses de la oligarquía, sus limitaciones ideológicas, por no decir su carencia de ideología propia, les dificultó la posibilidad de entender la importancia de los cambios económicos.[2]          

Las medidas más importantes que se implementaron, como parte de los cambios a realizar en la superestructura jurídica, política e ideología y que encuentran respaldo en la nueva Constitución Política, fueron: la Seguridad Social, el Código de Trabajo, Leyes de Fomento Industrial, la Autonomía Universitaria, la Reforma Bancaria, etc., etc. Medidas reformistas que al ponerse en marcha dan inicio a un proceso que empezó en definitiva a cambiar la faz del país.

En política agraria, el gobierno de Arévalo inicio medidas reformistas muy tímidas, entre las que encontramos, la derogación de la Ley contra la Vagancia y el Reglamento de Jornaleros; medidas gubernamentales que eliminaron formalmente, al menos, la coacción extraeconómica, golpeando los intereses de los terratenientes, toda vez que esos instrumentos facilitaban el obtener de fuerza de trabajo gratuita y semigratuita.

 A la par de esas medidas que afectaban los intereses de la oligarquía terrateniente, con claro beneficio para el sector campesino, se adiciona a favor de éstos últimos, la promulgación de la Ley de Titulación Supletoria. Su importancia, permitir la titulación de tierras baldías o dadas en usufructo por el régimen de Jorge Ubico. 

Siguiendo un orden de importancia de las acciones tomadas por el régimen reformista de Arévalo, es justo decir que la medida más importante y que vino a determinar el curso de la política agraria, fue sin duda la emisión del Código de Trabajo en 1947. Es importante porque liberaliza la mano de obra y regula el mercado de la fuerza de trabajo, aunque no eliminó totalmente la renta feudal de la tierra.  Un segundo impacto del Código de Trabajo fue el derecho democrático de organización de las masas campesinas, surgiendo de esa cuenta la Confederación Nacional Campesina de Guatemala  (CNCG).

Es necesario hacer ver que antes de la emisión del Código de Trabajo, en el área urbana se habían formado agrupaciones sindicales, y en el área rural se dieron varios brotes de huelgas laborales, agudizando las contradicciones sociales; teniendo como resultado la intención por parte de la oligarquía, el intento de detener el proceso revolucionario por la vía del golpe de Estado. Fueron varias las tentativas de deponer al gobierno de Arévalo por esa vía, siendo el más importante por sus resultados el gestado en 1949, pues el coronel Francisco Javier Arana, ex triunviro de la junta revolucionaria, fue muerto en la conjura. El efecto inmediato, la sublevación fallida de la Guardia de Honor el 17 de julio de 1949.

La reacción de la oligarquía por el fracaso no se hizo esperar, incrementando los precios de los productos básicos y la negativa de arrendar tierras a colonos y campesinos. Sus implicaciones, por cierto la última medida reformista del gobierno en materia de política agraria, la promulgación de la Ley de Arrendamientos Forzosos. 

Pese a todo lo anterior, la política agraria del gobierno de Juan José Arévalo, nunca tocó la cuestión fundamental del problema agraria en Guatemala: la tenencia de la tierra. Esto significó que la estructura agraria siguiera manifestando la misma composición y su manifestación más importante: la relación latifundio – minifundio.

En efecto, “el gobierno arevalista jamás tocó realmente el problema agrario, ni afecto efectivamente la base económica de los monopolios extranjeros. Al aumentar numéricamente y organizarse sindical y políticamente, la clase obrera empezó a jugar un papel político más activo e influyó en las masas para llevar adelante un proceso revolucionario, sacándolo del característico reformismo del gobierno arevalista mediante una lucha decidida por profundizar su contenido agrario y antiimperialista.” (Alvarado, 1974, p. 73).

3.  El Carácter Revolucionario del Proyecto

Una de las características fundamentales de la pequeña burguesía es la de no contar con ideología propia, porque puede, según la coyuntura política, económica y social en un determinado tiempo y espacio de una formación social, ser conservadora o revolucionaria.  El bloque histórico en construcción a partir de las gestas del 20 de octubre del ’44, llevó consigo el sello de esa realidad ideológica, pues los dos gobiernos que lo constituyeron tuvieron en su dirección política a la pequeña burguesía, tratando de construir una hegemonía para una clase social totalmente débil, como era la realidad de la burguesía.  Por lo que el Proyecto Político de la revolución guatemalteca, nunca dejo de ser pluriclasista, tal y como había sido plasmado desde sus inicios en la Constitución Política del ‘45.

Hay un salto totalmente radical en la dirección política e ideológica de un gobierno a otro, reformista o conservador durante el gobierno de Arévalo, transitando a revolucionario durante el gobierno de Jacobo Arbenz. Cambio cualitativo matizado por los intereses de clase sociales que le dieron su direccionalidad a cada periodo de gobierno; pero que en la realidad se trataba del mismo proyecto. El asunto lo delimitó de forma clara, el tipo y la naturaleza de las tareas que los gobiernos asumieron a nivel de la matriz de la formación social; donde las tareas democráticas a nivel de la superestructura le correspondieron al primer gobierno, de ahí su naturaleza reformistas, mientras que al gobierno de Jacobo Arbenz le tocaron las tareas burguesas, o sea, la transformación de la base económica de la formación social, para la construcción de la sociedad capitalista.

Tareas burguesas que sin lugar a equívocos, fueron marcadas por la ideología de la clase obrera, al profundizar su lucha por la reivindicación de sus intereses de clase, con un contenido agrario y antiimperialista.  Esa ideología marco las tares del segundo gobierno de la revolución; de ahí el cambio en la naturaleza del proyecto Político y Económico. En efecto, esa fue la posición que asumió el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, desde el preciso momento que da inicio su gestión de gobierno, al promulgar inmediatamente una nueva Ley de Arrendamientos forzosos, mucho más severa ante el fracaso de la ley que en esa materia había puesto en vigencia el gobierno de Arévalo al final de su mandato.

El verdadero contenido revolucionario del proyecto en materia de política agraria, tiene su punto fundamental en el decreto 900, “Ley de reforma Agraria”, aprobada por el Congreso de la Republica el 17 de junio de 1952.  Reforma agraria “que tenía por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que las originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala” (Alvarado, 1974, p. 73). 

La puesta en práctica del decreto 900, “Ley de Reforma Agraria”, agudizó las contradicciones de clase ya que fue dirigido a mermar el poder económico de la oligarquía terrateniente, afectando al mismo tiempo los intereses de la UFCO de capital estadounidense. Reforma agraria destinada a proporcionar tierra a todos aquellos campesinos que carecieran de ella, o que la tuvieran en cantidad mínima, y que por lo tanto, la supervivencia del trabajo sin ella fuera imposible. Para llevarla a cabo el gobierno de Arbenz instituyó las instituciones necesarias para su buen éxito, creándose de esta cuenta el Departamento Agrario Nacional y el Banco Nacional Agrario.

El vigoroso impacto de la reforma agraria al interior de las clases sociales, implicó la participación más decisiva en organizaciones y sindicatos, así como una alianza más estrecha con la clase obrera, todo bajo la égida del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en la conducción, y así hacer una realidad esa parte revolucionaria del proyecto Político y Económico.

El programa del Partido Guatemalteco del Trabajo es lucido respecto al quehacer para impulsar en desarrollo en todos sus órdenes.  Pone el énfasis en el problema de la agricultura  y del campesino, porque esto tiene como efecto el carecer de una industria nacional desarrollada. Tierras acaparadas por terratenientes y compañías extranjeras hacen imposible el desarrollo de la agricultura, en la cual se encuentra inmerso un campesino empobrecido, sin tierra, esclavizado por los arrendamientos.  A lo que se suma la práctica de una economía de subsistencia en extensas zonas del país, por lo tanto sin la posibilidad de accesar a productos manufacturados, situación que de igual forma perjudica también a la clase obrera.  Justifica así el PGT la reforma agraria y las tareas benefactoras del Estado.

Además, expone de igual manera en su programa, que la condición semicolonial del país obstaculiza el desarrollo industrial, señalando como responsable al imperialismo norteamericano, toda vez  que se opone a la industrialización en los países atrasados; y si la fomenta, será solo en aquellas actividades económicas cuyos inversionistas son norteamericanos, socavando de esta cuenta la soberanía nacional. Por esta razón se debe de defender y desarrollar la industria nacional, organizar el crédito en particular para los pequeños industriales, fomentar la producción de la energía eléctrica por el Estado, así como por las empresas nacionales; además, explotar la minería, defender la riqueza petrolera, abaratar los combustibles, elevar el salario de los obreros, ayudar efectiva y adecuadamente a los artesanos, a los pequeños comerciantes e industriales, etc.

Llama a la necesidad de romper el monopolio del comercio exterior, el que está monopolizado casi en su totalidad por el imperialismo norteamericano, por lo que de una u otra manera impide el comercio con otros países, al mismo tiempo que controla la circulación comercial internamente por medio de sus monopolios; lo que hace necesario que se construya una amplia red de carreteras que facilite la explotación de las riquezas naturales, la producción y el comercio, así como la construcción de caminos auxiliares, la baja de tarifas y fletes del ferrocarril y la creación de la marina mercante nacional.

Toca entre otros puntos la cuestión indígena por su falta de tierras, el respeto a su cultura, la defensa de sus derechos, etc.  Hace ver también la necesidad de proteger a la familia, a desarrollar la educación, poniendo énfasis en intensificar la alfabetización de las grandes masas populares, las campañas educativas, la enseñanza politécnica, etc.

Por último, como cuestión sobresaliente, se aboga por los derechos fundamentales de la mujer y de la juventud, así como su participación en las reivindicaciones populares, donde es necesario poner a luchar al pueblo por: el abaratamiento del costo de la vida mediante la rebaja de alquileres y la construcción de vivienda barata para los trabajadores, rebaja del precio de los víveres, de las medicinas, de la ropa y demás artículos de amplio consumo y limitación de las ganancias de los grandes comerciantes, así como la acción enérgica contra los especuladores y acaparadores.  Es necesario también proyectarse por la ampliación y mejoramiento de la asistencia social, la construcción y mejoramiento de hospitales, la atención a infancia y la juventud, la efectividad de los derechos sociales en toda su expresión, etc.

Por lo que expresa el PGT de forma enfática en su programa: hay que liquidar la servidumbre y la opresión feudal, liquidar la esclavitud imperialista que mantiene a nuestro país en condiciones de semicolonia, desarrollar económicamente a Guatemala, ampliar y fortalecer la democracia en el país, estructurando un régimen que se apoye en la clase obrera, en los campesinos, la pequeña burguesía y el sector patriótico de la burguesía nacional, son los objetivos de la revolución antifeudal y antiimperialista en Guatemala.[3] 

Sin duda, el programa de gobierno de Arbenz en la realidad, era proyecto de la clase obrera con la conducción del PGT, encaminado a desarrollar el capitalismo interno y  transformar las estructuras de la formación social guatemalteca. Proyecto truncado en 1954, por lo que saber hasta donde pudo haber llegado, es algo que no se puede especular.

Al menos en sus inicios, el proceso de la reforma agraria agudizó las contradicciones, acelerando la lucha de clases.  Es así como la oligarquía terrateniente, representada por la Asociación Guatemalteca de Agricultores libró una lucha tenaz contra el gobierno; y en el plano internacional, el imperialismo estadounidense se dio a la tarea de socavar el proceso revolucionario.

Es importante hacer ver, que si bien el decreto 900 fue lo más trascendental en la década revolucionaria, la lucha antiimperialista del gobierno de Arbenz se gestó en un enfrentamiento  con los intereses estadounidenses en otros campos; siempre por el camino de la legalidad, cuya finalidad era salir lo más rápido posible del marco de la dependencia. De esta cuenta, encontramos el impulso de proyectos de infraestructura, caso de las carreteras hacia los puertos, los puertos en sí mismos y la construcción de la hidroeléctrica de Jurún Marinalá, para quebrar los monopolios del las empresas norteamericanas en el campo del transporte y la energía eléctrica; renglones importantes para el desarrollo del país, los cuales habían sido entregados a los monopolios extranjeros por parte del los gobiernos liberales, con leoninas ventajas.

4.  A Manera de Síntesis

La coyuntura del ’44 se definió en el nivel político, lucha política entre el sector oligárquico terrateniente que se hallaba en ese momento anquilosado, y las clases emergentes que pretendían sentar las bases de una sociedad democrática y de ser posible, con todo y sus temores, capitalista. Esta es la razón por la cual el proceso revolucionario fue impulsado desde arriba, lo que explica el porqué la clase obrera no tuvo mayor relevancia a nivel dirigencial, siendo útiles nada más; y el porqué, el grueso sector campesino ni siquiera tuvo participación en el mismo. Fue la pequeña burguesía como clase social quien condujo el proceso revolucionario, accediendo como resultado al momento de la definición de la coyuntura crítica, al manejo, del poder del Estado.

En el período 44-54 se pueden observar dos momentos los cuales responde a la dinámica del proceso revolucionario, en la medida que la hegemonía se fue acentuando, en el primero momento en la pequeña burguesía y, en el segundo, por la dialéctica del proceso, el cual rebasó los límites máximos del momento pequeño burgués, la hegemonía se deslizó poco a poco hacia la clase obrera.

El primer momento del  proceso revolucionario nunca estuvo encaminado a la transformación de la totalidad de la estructura social. Bastaba con los cambios perpetrados a nivel de la superestructura jurídica, política e ideológica, sin que eso haya significado que fueran aceptados como beneficiosos por todos los sectores, sobre todo la oligarquía y algunos elementos de la burguesía y pequeño burguesía de ideología anticomunista. Las dudas respecto a la seguridad social y la oposición a Código de Trabajo por el propio presidente Arévalo, ejemplifican de buena manera las pugas al interior, tanto de la sociedad civil como del propio Estado.

La situación hegemónica de la pequeña burguesía en la primera fase del proyecto revolucionario, por el carácter dinámico del proceso revolucionario amparado en el marco democrático, entró en contradicción con el carácter negativo de esta clase, o sea el no tener intereses propios, permitiendo la agudización de las contradicciones de clase y el agotamiento de la forma de como se había planteado del proyecto pluriclasista (intríngulis con tintes bonapartistas); rompiendo la hegemonía (en términos de Gramsci), desplazándose poco a poco el poder a otra clase más revolucionaria: la clase obrera. Lo anterior toma forma al llegar al poder Jacobo Arbenz Guzmán, quien se apoya en la clase obrera para lanzar un proyecto político y Económico esencialmente revolucionario, encaminado a la transformación de la totalidad de la estructura social.

El gobierno de Jacobo Arbenz se caracteriza por la implementación de cambios esenciales en las políticas del Estado, haciendo eco de los planteamientos políticos y económicos de la clase obrera.  Sin embargo, el decir que el carácter del proyecto político con Jacobo Arbenz respondió a la clase obrera, no se quiere decir de ninguna manera que el carácter pluriclasista había desaparecido en el apoyo de Jacobo Arbenz. Lo anterior queda claro cuando vemos que varios de los miembros de su gabinete, eran representantes de la burguesía, incluyendo hasta un elemento representante de la embrionaria burguesía agraria. Así, encontramos en su gabinete al “hacendado Nicolás Brol, ocupó la cartera de Agricultura, el industrial Roberto Fanjul, en la de Economía y el Doctor Julio Roberto Herrera, la de Salud Púbica. El ultimo canciller, Guillermo Toriello, pertenece a una de las familias económicamente más poderosas del país, etc.” (Torres-Rivas, 1977, p. 78).

Lo que se trata de decir cuando se habla del proyecto de la clase obrera, es que a nivel de lo económico, importante para consolidar un capitalismo moderno, fueron los planteamientos de esta clase social la avanzada del proyecto del gobierno de Jacobo Arbenz.

Por ser una revolución burguesa impulsada desde arriba, es fácil comprender que la situación de poder con Arbenz, era el resultado de una expresión pluriclasista del proyecto político dirigido por la pequeña burguesía, tal y como había sucedido con Arévalo. En ese preciso instante, a nivel de la instancia política la clase obrera era doblemente débil, primero por su origen social artesanal y campesino, y segundo, por su posición política, era la base de los partidos democráticos pequeño burgueses, por no contar con organización política propia de clase. Esta se obtiene en el año de 1949 cuando se funda el Partido Guatemalteco del Trabajo, situación que fue el resultado de las bondades de la democratización burguesa. (Torres-Rivas, 1977, p. 78).

De esa cuenta, encontramos en el juego por el dominio y disfrute del poder político, a la clase social más revolucionaria de ese preciso instante: la pequeña burguesía. Esta tuvo su máxima expresión en el Frente Popular Libertador (FPL), el Partido Arevalista, expresión de la conducta política más representativa de esta clase, el cual a nivel dirigencial aglutinó al profesional universitario, al pequeño propietario y al burócrata, todos oportunistas y ambiciosos. Es así como la pequeña burguesía le dio la tónica al primer período de la revolución bajo la figura del Arevalismo, que no fue ni más ni menos que su expresión política e ideológica. Encontró su expresión como ya se dijo, primeramente en el Frente Popular Libertador, para ir después al Renovación Nacional (RN), al Partido Acción Revolucionaria (PAR) y al Partido de la Revolución Guatemalteca (PRG)… Principalmente.

Partidos políticos que con más énfasis le dieron configuración al período arevalista (reformista), y que básicamente en lo político, tenían el propósito de sentar las bases de un Estado de Derecho, el cual se deslizaría a una democracia constitucional que enunciaba su urgencia desde la Constitución Liberal de 1879.

La llegada al poder de Jacobo Arbenz Guzmán, fue el resultado del triunfo del “bloque de la Victoria”, integrado fundamentalmente por partidos políticos burgueses y pequeño burgueses. Hay que decir que en este momento, la clase obrera a nivel de la instancia política no jugó ningún papel importante, debido al carácter de ser una clase débil. Si bien su organización se inicia en 1949 al fundarse el Partido Guatemalteco del Trabajo, lo que le permite participar también en el “bloque de la victoria”, esta participación es irrelevante para el triunfo, ya que su caudal electoral era poco. Es durante el período de Arbenz donde toma importancia, ya que fue determinante en el proyecto económico-político, adquiriendo tanto o más capacidad de acción y manejo de su espacio en la participación, que los demás partidos políticos.

Por esa razón, el “Bloque de la Victoria”, coalición que llevó al poder a Jacobo Arbenz, estuvo integrado por partidos políticos tan distantes en cuanto a su posición ideológica, así encontramos al Partido Integración Nacional (PIN), el cual básicamente aglutinaba industriales, comerciantes y agricultores progresistas del occidente del país. En el extremo opuesto del espectro el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), con ideología comunista, conformado por proletarios y elementos pequeño burgueses radicales; y en una posición que se podía llamar intermedia, el Partido de Acción Revolucionaria (PAR), el Partido de la Revolución Guatemalteca (PRG) y el Partido Renovación Nacional (PRN), partidos pequeño burgueses por excelencia que contaban a la vez con el mayor caudal electoral.  Lo que se desprende y que es fundamental comprender, es que el proyecto de Arbenz estuvo más cerca del PGT que del PIN y el resto de partidos pequeño burgueses.

El carácter pluriclasista de la revolución de octubre por tratarse de una revolución desde arriba implicó que las tareas democráticas ya estaban resueltas al finalizar el gobierno de Arévalo, y con la llegada al poder de Jacobo Arbenz daban la apariencia de que estaban consolidadas. Lo que verdaderamente estaba pendiente de resolver eran las tareas burguesas, que no es otra cosa que el desarrollo de las fuerzas productivas y la modernización de la economía. Para lo anterior, es necesario que el sistema político no resulte ser una traba para tal desarrollo. (Torres-Rivas, 1977, p. 80).

La necesidad de lo anterior y su puesta en práctica por parte del gobierno de Jacobo Arbenz, tropezó irremediablemente con sobrevivencias precapitalistas en el agro, las cuales tenían la tarea de frenar el desarrollo impulsor de un capitalismo moderno, en donde la industrialización sería la actividad más beneficiad. Para esto, era necesario desarrollar y controlar un mercado interno que permitiría la consolidación de la burguesía nacional, situación que chocó con los intereses imperialistas. De esta cuenta, es que se afirma que las tareas burguesas tenían un contenido antiterrateniente y antiimperialista.

En lo que se refiere a política económica, Arbenz en su discurso de toma de posesión el 15 de marzo de 1951, planteó tres objetivos fundamentales: 1o. Convertir a nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente. 2o. Transformar a nuestra nación, de un país atrasado y de economía predominantemente feudal, en un país capitalista moderno. 3o. Hacer que esta transformación se lleve a cabo de tal manera que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo.[4]

Por otro lado, es importante subrayar y enfatizar con claridad dos cuestiones fundamentales del proyecto político y económico de la revolución, a saber: primero, que el proyecto de Arbenz se fundamentó en el programa del PGT, ya expuesto líneas atrás. Segundo, que los puntos torales del programa del PGT y desde luego, del proyecto con Arbenz, surgen del seno de las organizaciones obreras y campesinas durante el gobierno de Arévalo.

En efecto, las tareas democráticas del proyecto revolucionario durante el gobierno de Arévalo, permiten impulsar la cuestión de la organización política de las clases sociales, en un inicio en forma sesgada, dada la oposición tenaz del gobierno a la organización sindical, tanto obrera como campesina. Sin embargo, amparadas las libertades democráticas en la Constitución de la República, y la organización sindical en la ley provisional de sindicalización, la clase obrera se organiza en sindicatos, habiendo constituido 65 de ellos hasta 1947. Organización sindical al amparo de una ley que sólo consideraba la organización de los obreros, dejando fuera a los campesinos.

El lo. de mayo de 1947 se promulgó el Código de Trabajo, el que también cerró el paso a la organización campesina, ya que sólo permitía organizaciones en fincas de 500 trabajadores. Es hasta 1948, que por presiones (pese a medidas represivas contra las organizaciones campesinas) se hizo una reforma al Código de Trabajo, reconociéndole a todos los trabajadores agrícolas el pleno derecho de sindicalizarse. Las organizaciones campesinas se integraron a la confederación de trabajadores de Guatemala (CTG). “En octubre del ’46 la CTG llevó a cabo su segundo Congreso. De sus demandas destacamos aquí algunas pocas por la importancia nacional que tenían: 1) Promulgación de un Código de Trabajo. 2) Creación de un Instituto de Seguridad Social. 3) Realización de una reforma agraria con un Instituto de Reforma Agraria. 4) Liberación del país a través de una reforma agraria. 5) Industrialización y protección del comercio”. (Piedra Santa, 1981, p. 166).

Hay que tener presente que las tareas democráticas impulsadas por el primer gobierno de la revolución, al final de cuentas no fueron en su totalidad tan democráticas como generalmente se afirma, y mucho menos fáciles de alcanzar por parte de las clases sociales subalternas de la sociedad, sobre todo la obrera y mayor aun la campesina. En el fondo, el temor y oposición de la oligarquía, pero de igual manera del propio Arévalo, quien era de pensamiento anticomunista. Con esa ideología, no es de extrañar su oposición férrea a la Ley de Sindicalización y a la promulgación del Código de Trabajo. De aquí el porqué, amparándose en el Articulo 32 de la Constitución Política, que prohibía la formación y el funcionamiento de organizaciones políticas de carácter internacional, el 25 de enero de 1946 clausura la escuela de formación sindical llamada Claridad, con el argumento de tener un quehacer orientado a la formación comunista. Temor a todo tipo de organización que surgiera en el seno de la clase obrera; quienes por cierto, desde la década de los años 20, mantenían relación con organizaciones sindicales y políticas de carácter internacional.     

Queda claro que fueron los obreros los primeros en plantear la necesidad de una reforma agraria, la que indiscutiblemente debía ser la plataforma para impulsar un capitalismo moderno, con la industrialización del país como principal objetivo.

El avance de la organización política y la madurez de las demandas por parte de la clase subalternas de la sociedad guatemalteca, se hace más evidente en la medida que se acerca el fin del primer gobierno de la revolución. En efecto, “El primero de mayo de 1951, desfilaron en conjunto todas las centrales sindicales. En el manifiesto del Comité Nacional pro-primero de mayo se decía: debemos luchar por la extinción inmediata del latifundio y por el reparto de esas tierras entre los campesinos. Sin reforma agraria no habrá industrialización del país… Ese primero de mayo se le entregó al presidente Arbenz un documento donde se plantean puntos como los siguientes: Reforma agraria, construcción de carretelas, fomento de la industria nacional, política arancelaria de protección a la industria guatemalteca, creación de un banco nacional de crédito y fomento industrial, revisión de las concesiones a empresas extranjeras, etc.” (Piedra Santa, 1981, p. 167). Se mencionan sólo los más importantes por su carácter de interés nacional.

Lo significativo aquí es tener presente dos cosas: primero, que la necesidad del desarrollo manifestada por la clase obrera, fue básicamente el proyecto de gobierno de Jacobo Arbenz; y segundo, que las tareas burguesas del proyecto revolucionario, ante la incapacidad de una débil burguesía para realizarlas, recayeron en la clase obrera. Clase social, cuya dirigencia comprendió que primero era necesario desarrollar el capitalismo, para ir después con sus tareas propias de clase. De esta forma se entiende el porqué, “ni aún el programa y documentos del PGT planteaban el socialismo sino como tarea de larguísimo plazo, responsabilidad para otras generaciones. Nosotros los comunistas -afirmaba José Manuel Fortuny, Secretario General del PGT- reconocemos que en razón de sus condiciones especiales, el desarrollo de Guatemala deberá realizarse por algún tiempo por la vía capitalista”. (Torres-Rivas, 1977, p. 79).

Hay que decir que las tareas burguesas de la revolución implicaba un gran esfuerzo para el gobierno de Arbenz, al fin de cuentas se trataba de romper la matriz de una formación social, donde su base económica arrastraba fuertes resabios de la época colonial. Además, esa realidad económica surgida desde la conquista, se había fortalecido a favor de la oligarquía criolla y de los grupos de poder económico que habían nacido a la sombra de la reforma liberal de 1871. Por eso, el tránsito hacia el capitalismo planteaba muchos retos, toda vez que a esa economía dominante de fuertes resabios coloniales, se complementaba con una economía de subsistencia, escenario donde reproducían sus condiciones de vida la mayor parte de la población guatemalteca, tanto en las áreas urbanas, pero sobre todo en la inmensa ruralalidad del país.  

Aunque la propuesta del cambio o transito hacía aun capitalismos basado en la agroindustria, partía de una reforma agraria pensada como un medio y no como un fin en sí misma, y que implicaba cambios radicales en una estructura arcaica, chocaron irremediablemente con los intereses de la oligarquía, sobre todo del sector vinculado a la producción del café. A eso se une la necesidad de incrementar el reducido mercado interno, que satisfacía sus necesidades de la importación de productos manufacturados y por la una producción artesanal atrasada. La realidad al momento de los cambios, presenta una industria totalmente débil, y con ello, una fracción industrial capitalista muy reducida y endeble, y por efecto, una clase obrera en las mismas condiciones, aunque políticamente muy radical en cuanto a sus posiciones de lucha.

Por eso el Estado emprende durante el gobierno de Arbenz, tareas de participación directa en la economía, precisamente por la debilidad del sector industrial, ya que su capacidad de inversión era baja, efecto de la rotación lenta del excedente económico que debía de provenir del sector agroexportador, haciendo pausada la inversión de capital en el sector industrial manufacturero. Era por consiguiente, vital la formación de un capital industrial, el cual debía producir en una primera etapa los bienes y mercancías para el consumo interno.

Proceso que exigía la ampliación de un mercado interno ya existente, arrastrando irremediablemente consigo la depuración de las relaciones de producción, lo que se  deslizaría hacia el aumento de los salarios de los trabajadores, así como también de la población vinculada a actividades productivas basadas en el salario. De igual forma, se trató de reubicar al país en el contexto de las relaciones económicas internacionales, siendo el objetivo básico la revisión de los términos de intercambio, y una nueva orientación a las inversiones extranjeras, las cuales participarían en la economía del país en iguales condiciones con el capital nacional.

Como recordatorio final, diremos que la revolución guatemalteca tuvo dos momentos bien definidos: “la buena revolución”, materializada en el periodo reformista, aceptada por todos aunque muy a regaña dientes por algunos sectores, donde más que verse perjudicados en sus intereses, afloraron sus temores al considerar que sus privilegios y derechos históricos serian afectados. De ahí el temor a la seguridad social, al Código de Trabajo, a las organizaciones sociales y políticas, a las autonomías, en fin, a todo aquello que arrastro consigo los cambios a nivel de la superestructura jurídica, política e ideológica. Pese a todo, fue el periodo de la buena revolución  “La mala revolución”, el periodo revolucionario por sus cambios a nivel de la estructura económica, y ahí sí, sus intereses se ven seriamente afectados, pero más que todo por no entender los beneficios que traería consigo la democracia burguesa que se trataba de consolidar.

Miedos y temores se deslizan hacia el complot, donde la oligarquía, el ejército, la iglesia católica, algunos medios de comunicación social y otros sectores menos importantes de la sociedad guatemalteca, de la mano con los intereses de las transnacionales norteamericanas y la intervención de la CIA, se unen en santa cruzada para derrocar al gobierno de Arbenz y ponerle fin a tan osada propuesta de transformación social, política y económica de ésta republica bananera.

Sin lugar a equívocos, la revolución guatemalteca iniciada en 1944 era un mal ejemplo para las demás Repúblicas bananeras de Centro América y el Caribe.

5.  Bibliografía

1.  Alvarado, Humberto (1974) En torno a las clases sociales en la revolución de octubre.  En “Revista Alero No. 8, tercera época, Guatemala: Editorial Universitaria.

2.  Partido Guatemalteco del Trabajo (1952) El camino guatemalteco del progreso, el bienestar y la independencia nacional. II Congreso del Partido, diciembre de 1952.

3.  Piedra Santa, Rafael (1981) Introducción a los problemas económicos de Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria, 2a. edición.

4.  Torres-Rivas, Edelberto (1977) Crisis y coyuntura crítica: La caída de Arbenz y los contratiempos de la revolución burguesa. En Revista Política y Sociedad No. 4, IIPS, USAC.


[1] El subrayado es nuestro

[2] El subrayado es nuestro

[3]  Todo expuesto en el Segundo Congreso del PGT, titulado: El camino guatemalteco del progreso, el bienestar y la independencia nacional, realizado el 11-14 de diciembre de 1952.

[4] Exposición de Jacobo Arbenz de su programa de gobierno. Diario el Imparcial 15/3/1951. 

Autoría y edición

COMPARTE