Por Nelton Rivera
Hace algunos meses la Universidad de San Carlos (USAC) enfrentó una crisis porque el Consejo Superior Universitario (CSU) y el rector Murphy Paíz se negaron a atender una serie de demandas y compromisos con la comunidad universitaria. Como respuesta, la AEU junto a distintas expresiones universitarias organizadas -estudiantes, docentes y trabajadores- realizaron la toma de los edificios en la ciudad capital en el mes de agosto, la que se sumaron la mayoría de centros regionales en todo el país.
De ese movimiento, que duró 28 días, aún quedan acuerdos pendientes que el CSU debe de dar cumplimiento. Tres meses después de la toma de la USAC, sus autoridades pretenden aprobar un protocolo que les permita restringir o limitar la toma de las instalaciones a nivel nacional, dicha norma involucra a la seguridad interna de la universidad.
La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda De León”, denunció públicamente a través de su cuenta de Facebook y Twitter la intención del CSU de aprobar en reunión del CSU un protocolo “antitomas”, afirmó el secretariado de la AEU.
En la publicación la AEU señaló que las autoridades universitarias no regulan mecanismos que garanticen la seguridad interna de la comunidad universitaria frente a las estructuras del crimen que operan dentro del Campus universitario y otros centros. Tampoco han creado un protocolo en contra del acoso sexual dentro de la Universidad.
Para la AEU la posible aprobación de dicho protocolo es una muestra del rompimiento del proceso de diálogo iniciado en agosto de 2019, las autoridades universitarias demuestran que no tienen la voluntad política de darle cumplimiento a los acuerdos alcanzados luego de la toma de la Universidad, asumiendo un carácter represivo hacia la comunidad universitaria.
La postura de la AEU
“Esta medida va en contra del Derecho Constitucional de Resistencia contemplado en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece: “…Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.
“La oposición a estas medidas no constituye un aval para actos delictivos que puedan darse por grupos ajenos al movimiento estudiantil, que, valiéndose de medidas de hecho, cometan actos en contra de la Universidad y de las y los estudiantes. La oposición radica en la defensa de los intereses del estudiantado, que contra de los abusos de sus propias autoridades y como única medida que coloca en iguales condiciones estudiantes y autoridades, recurren a esta medida legítima para que sus voces sean escuchadas.
Por tanto: exigimos al Consejo Superior Universitario que se abstenga de aprobar medidas que perjudiquen las luchas legítimas, que son derecho de las y los estudiantes, que resisten contra los abusos de las autoridades universitarias que solo velan por los intereses propios y no de la comunidad universitaria”, subrayó la AEU.
El Consejo Superior Universitario pretende limitar el derecho de resistencia legítima de los y las estudiantes, aprobando un protocolo que únicamente beneficia intereses de autoridades y no de estudiantes.
— AEU (@AEU_OliverioCDL) November 27, 2019
Acta completa del Consejo Superior Universitario: https://t.co/qtWurnx94k pic.twitter.com/Js3g5A8zyh
CSU da luz verde a la prohibición de la toma de las instalaciones
El arquitecto Carlos Enríque Valladares Cerezo, Secretario General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, firmó el día martes 26 de noviembre de 2019 un documento que contiene la transcripción del punto 8.1 de la reunión extraordinaria del CSU del 14 de noviembre, solicitando al departamento asuntos jurídicos la modificación de los estatutos, reglamentos y normas de la universidad para crear e implementar un protocolo que limitaría de ser aprobado la toma de las distintas instalaciones de la universidad a nivel nacional.
El documento va dirigido a Maynor Custodio Franco Flores, director de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC, para la creación del “Protocolo estratégico para prevenir la ocupación de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, propuesta elaborada por Juan Carlos Godínez Rodríguez, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En su primera etapa se designó a seis representantes del CSU para conformar la comisión que redactará la versión final del citado protocolo.
La comisión se integraría por: Juan Carlos Godínez (Colegio de Abogados), Waldemar Nufio (Decano de Agronomía), Gustavo Bonilla (Decano de Derecho), Liliana Vides (Colegio de farmacéuticos), Javier Castro (representante estudiantil de veterinaria), Víctor Mayen (Representante estudiantil de derecho).
Descargue el documento aquí: “Protocolo estratégico para prevenir la ocupación de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala”
