Por Prensa Comunitaria
23 de octubre 2019
El martes 22 de enero 2019, como cada 30 días, el periodista Carlos Ernesto Choc se presentó por décima ocasión ante el Ministerio Público (MP) del municipio de El Estor, Izabal, para firmar el libro de asistencia, como requisito al haber quedado ligado por los delitos de amenaza y detención ilegal, impuesto por el juez de primera instancia penal, Edgar Aníbal Arteaga López, de la ciudad de Puerto Barrios.
El proceso penal que enfrenta Choc se encuentra en la etapa intermedia. En esta parte del proceso la fiscalía tendría que presentar indicios sobre la responsabilidad de Choc, y su defensa presentar argumentos para desvanecer las acusaciones, pero los abogados de la mina no se han presentado a las audiencias, y por ello el juez Arteaga López ha suspendido por cuatro ocasiones la audiencia en la que se espera se pueda resolver su situación legal de forma definitiva. Para el 31 de octubre de este año está programada la cita en el juzgado en la que se espera que el proceso avance.
Carlos Ernesto Choc debe firmar cada mes un libro por denuncias falsasCarlos Ernesto Choc, Maya Q’eqchi', es periodista en Prensa Comunitaria y está ligado a proceso por acusaciones falsas hechas por la compañía de níquel CGN Pronico de Solway Investment Group desde agosto del 2017. El juez Edgar Aníbal Arteaga López giró una orden de aprehensión para enviarlo a prisión preventiva. Actualmente el proceso penal se encuentra en etapa intermedia. Once veces han suspendido su audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal de la ciudad de Puerto Barrios, Izabal.#GreenBlood
Posted by Prensa Comunitaria on Wednesday, October 23, 2019
Carlos Ernesto Choc es periodista de Prensa Comunitaria, en el mes de agosto de 2017 fue censurado por la compañía de níquel CGN Pronico de Solway Investment Group por documentar la contaminación del Lago de Izabal, la actividad de la Gremial de Pescadores Artesanales, y porque también registró el asesinato de un pescador por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en una manifestación pacífica. La empresa de capital suizo ruso lo denunció penalmente y el juez Arteaga López le dictó orden de captura y prisión preventiva.
