30 de octubre 2019
El 4 de octubre miembros de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) aprehendieron al señor Ricardo Tec Quinich, en la entrada de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico) en El Estor. Tec Quinich había sido activista en la recuperación de tierras del Barrio Revolución en 2006. La orden de detención es de 2014, por usurpación agravada.
Estado de sitio favorece detenciones arbitrarias
El abuso de poder a través de las leyes es histórico y continuo. Durante cuatro siglos, las leyes no contemplaron a los pueblos indígenas, (originarios de esas tierras) capaces de poseer legalmente las tierras. Del siglo pasado puede retomarse la ley de la vagancia o del trabajo forzoso Promulgada en el año 1924 y vigente hasta 1946, estigmatizaba y legalizaba la explotación laboral en contra de los indígenas de la época. De este siglo pueden retomarse las varias declaraciones de estado sitio impuestas por distintos Gobiernos en diferentes departamentos. La más reciente, del 4 de septiembre de 2019, trajo a las comunidades q´eqchi´ de la región nororiental del país, miedo y el subyacente recuerdo de la guerra civil.
La detención de Ricardo Tec Quinich se inserta en el contexto de extensión del estado de sitio de septiembre de este año. El 4 de octubre de 2019 NotiChichipate[1] informó que “miembros del DEIC, aprehendieron a Quinich frente a una garita de CGN, por el cargo de usurpación agravada”. El señor, es miembro de la comunidad La Revolución y la detención se hizo mientras él y su esposa estaban haciendo mandados en el casco urbano de El Estor, Izabal.
Nuestra fuente local, quien por seguridad pidió que omitiéramos su nombre, platicó con doña Julia, esposa de Ricardo, ella le dijo que “son de escasos recursos, no tienen teléfono y no hablan castellano, su idioma materno es el q´eqchi´ y no sabían que tenía orden a su nombre”. Ricardo y su familia habitan las tierras del barrio La Revolución desde 2006, entre ese y el siguiente año, él fue activista por su comunidad trabajó para que La Revolución obtuviera la legalidad de la tierra.
Cuando se lo llevaron, Julia, se quedó preocupada sin saber a quién recurrir, por suerte una maestra de La Revolución la llevó a la subestación 61-41 de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Estor, Izabal, allí le explicaron que a Quinich se lo habían llevado a la penitenciaría de Puerto Barrios. Debido al estado de sitio, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos están cerradas.
La orden de detención en contra de Quinich es de septiembre de 2014, en ella se puede leer: “alrededor de treinta personas aproximadamente, quienes ingresaron y usurparon, despojando de manera ilícita el área conocida como la cantera […] con un total de medidas de aproximadamente diez hectáreas ubicada a quinientos metros aproximadamente de la aldea Chichipate, El Estor Izabal, sobre la ruta principal que conduce hacia Cobán, Alta Verapaz, propiedad de la entidad Boca Nueva, Sociedad Anónima”. La orden señala a cuatro miembros más de la comunidad: Tomas Chub, Sebastián Ico, Francisco Pop y Federico Cucul.
Visitamos la localidad y hablamos con el comunitario Tomas Chub, uno de los señalados, durante la conversación nos relató: “la mayoría aquí siembra milpa, ¿acaso tenemos pisto? nosotros no somos delincuentes, serví a mi patria en el ejército durante 30 meses. Yo no soy delincuente. A la empresa (CGN) le gusta humillar a los pobres, apenas pasamos el día comiendo chile y sal. ¿Acaso somos los que pasamos jalando tierra en esos furgones? Nosotros no tapamos calles, ni nada”, dijo con ímpetu.
En cuanto al delito de usurpación agravada, el código penal contempla en el artículo 257 que la detención debe efectuarse en flagrancia, es decir en la ubicación que describe la orden de detención. Al señor Ricardo no lo detuvieron como indica el código penal ya que el barrio La Revolución y la finca en mención se localizan a 25 minutos del casco urbano de El Estor, donde fue detenido el señor Ricardo. Pero bajo la sombra del estado de sitio este tipo de arbitrariedades pasaron a ser ignoradas por las autoridades que lo aprehendieron.
La comunidad supo entonces, a partir de la detención de Ricardo Quinich que no era el único señalado de usurpación agravada. Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 61 de Puerto Barrios, Tec Quinich, permaneció en la penitenciaria de Puerto Barrios durante cinco días y que fue liberado el 9 de octubre de 2019. A su regreso, algunos miembros de la comunidad empezaron a desconfiar, ya que los cuatro señalados restantes, culparon a Quinich de las ordenes de captura en su contra y temen ser enviados a prisión. Aunque en La Revolución hay poca presencia policial, ahora ellos son presos del propio estado de sitio, sienten que no pueden moverse con libertad debido a la cantidad de puestos de registro en Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso y Petén.
¿Vale más la vida o la propiedad privada?
El Barrio la Revolución es una comunidad de la micro región VI de Chichipate. El municipio de El Estor, se divide en micro regiones, dentro de ellas se encuentran las fincas, comunidades, barrios y aldeas. En el territorio de Chichipate se identifica una mina de arena silícea y piedra dolomítica. Una licencia que está a nombre de la Compañía de Níquel S.A. (CGN-Pronico).
El terreno que ocupa la licencia Chichipate de CGN, pertenece a la entidad Boca Nueva Sociedad Anónima. Esta misma empresa solicitó a través de su representante legal, Edwin Estuardo Fajardo Pensamiento, la orden de detención en septiembre de 2014, por los delitos de de usurpación agravada en contra de Tomás Mo, Sebastian Ico, Francisco Ico, Federico Cucul y Ricardo Tec Quinich, quienes junto a su familia residían en esas tierras desde 2006.
A finales de 2006 los e inicios de 2007 los pobladores de la Revolución reestablecieron sus viviendas en el territorio de Chichipate, luego de que la Policia Nacional Civil efectuara un intento de desalojo. En esa ocación, el foto periodista James Rodríguez entrevistó a algunos comunitarios quienes afirmaron que “las tierras donde se encuentra dicha comunidad fueron cedidas ilegalmente a EXMIBAL en la década de 1960, (durante el gobierno de Miguel Ydigoras Fuentes ) desalojando a los habitantes originales. Por lo tanto, 200 familias necesitadas retomaron la tierra en Chichipate pacíficamente el 17 de Septiembre del 2006, y comenzaron a construir chozas para su vivienda al igual que cosechar alimentos para subsistir”.
Debe tomarse en cuenta que parte de los territorios norte del país han sido habitados generacionalmente por grupos q´eqchi´, de acuerdo con la antropóloga Liza Grandía la historia del pueblo q´eqchi´ del norte del país se desarrolló con base a patrones migratorios. La tierra era ocupaba de forma cíclica, de acuerdo con periodos de cosecha o caza, regresaban a habitarla y cultivarla una vez hubiera pasado el tiempo de su regeneración. Observamos entonces, cómo la legalidad de un Estado choca con la práctica cultural, con un sistema al que no le interesa reconocerle sus derechos.
Lo que sucedió en particular con las familias de La Revolución, entre 2006 y 2007, fue que la mayoría logró establecer la legalidad de su tierra, excepto los cinco señalados en la orden de detención de 2014. Pero estos desconocían que sus viviendas y sus cosechas habían quedado desafortunadamente en terrenos que aparecieron a nombre de la finca Boca Nueva Sociedad Anónima.
La herencia del despojo
El intento de desalojo en La Revolución, que registró el periodista James Rodríguez, ocurrió un año despues de que la transnacional Skye Resources, quien en 2005 había adquirido los derechos mineros de EXMIBAL. En el año 2008 los accionistas de Skye Resources “aprobaron la fusión y toma el control accionario por HudBay Minerals, a cambio de una participación valorada en $396 millones. La fusión le permitiría a la minera HudBay Minerals tomar el control del proyecto Fénix, ubicado en El Estor, Izabal, Guatemala, que es considerada la quinta reserva mundial de níquel“. [2]
Más tarde HudBay Minerals le cedió a Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, las concesiones mineras (Chichipate, Nabej, Niquegua Montufar II y Fénix). En su página de internet CGN describe que “es una subsidiaria de Solway Investment Group, firma que creó la empresa en diciembre de 2013, luego de que en septiembre de 2011 adquiriera los derechos de los proyectos mineros Fénix y Montufar II, en el Departamento de Izabal“. En 2011 Solway fue beneficiada con la exorbitante ampliación de 247.9 kilómetros cuadrados para la licencia Fénix, que se expande hacia los municipios de El Estor Izabal, Senahú, Chanbón y Panzós de Alta Verapaz, de llevarse a cabo, implicaría el desalojo de miles de familias q´equi´. El Reglamento minero en su artículo 29 describe el área de explotación “la constituirá un polígonocerrado no mayor de veinte kilómetros cuadrados“, a Solway le otorgaron una licencia 12 veces mayor a lo reglamentado. La ampliación fue concedida durante el mandato de políticos que hoy siguen implicados en casos de corrupción, como Otto Pérez Molina (en prisión) y el empresario Erick Archila Dehesa ex ministro de energía y minas, quien autorizó la ampliación, y sigue prófugo de la justicia guatemalteca.
La denuncia por usurpación agravada fue interpuesta en 2014, cuando las licencias estaban en manos de Solway. Se observa que los inversionistas extranjeros heredan procesos de despojo y judicialización en contra de las comunidades q´eqchi´. El despojo va de la mano del abuso de las autoridades de gobierno, desde funcionarios de oficina hasta los de la fuerza pública.
El delito que cometieron las miles de familias del territorio q´eqchi´ es ser herederos ancestrales de un territorio de gran riqueza mineral y monocultivista, en donde las autoridades privilegian su comercialización, antes que su repartición equitativa y legal, entonces los habitantes de esos territorios quedan en manos de quienes manejan o pueden torcer la ley.
[1] https://www.facebook.com/303455713105608/posts/2496884177096073/?sfnsn=mo
[2] https://www.centralamericadata.com/es/tsearch?q=HudBay+Minerals+Inc