Por Andina Ayala
26 de junio del 2019
Cientos de activistas, pobladores y periodistas que reportaron casos de contaminación o corrupción que involucran a industrias extractivas han sido silenciados. Algunos a través de demandas jurídicas, otros fueron sobornados o coaccionados. Muchos otros pagaron el precio de la denuncia y de la verdad con su vida.
En una dimensión perfecta y feliz, las personas de Tanzania, Guatemala e India, que viven alrededor de un proyecto extractivo o minero se beneficiarían de este directa e indirectamente. Los operadores mineros producirían con sustentabilidad y responsabilidad ambiental, y esas personas nunca conocerían la sensación de vulnerabilidad que surge cuando el Estado les da la espalda, o peor aún, cuando los funcionarios públicos se convierten en enemigos de quienes defienden la naturaleza.
El proyecto GreenBlood, surgió como una posibilidad de contar las historias que periodistas locales congelaron para poder resguardar su vida. Los casos de Tanzania, Guatemala e India, salen a la luz a través del consorcio Forbidden Stories. A continuación, un breve repaso de los tres casos publicados.
Tanzania
La mina de oro de North Mara ha mantenido la laguna de cianuro y arsénico, sin tratamiento durante mucho tiempo. La presa no está construida correctamente, por lo que el veneno se ha filtrado en el agua subterránea y en los ríos y arroyos cercanos.
Acacia Mining, es una compañía registrada en el Reino Unido que ha sido propietaria de la mina de oro North Mara con diferentes nombres desde 2006. North Mara es propiedad indirecta de la empresa canadiense Barrick, que es su accionista mayoritario.
Organizaciones no gubernamentales han documentado 22 presuntos homicidios cometidos por la policía o los trabajadores de seguridad de la mina desde 2014. La mayoría de los mineros ilegales, llamados “intrusos” por la empresa, son ciudadanos de Tanzania, empobrecidos estructuralmente, que no encuentran otra forma de subsistencia que entrar en la mina y tomar el oro que encuentren.
En junio de 2015 el medio escrito Mawio, denunció violaciones alrededor de North Mara. El Ministro de Información de Tanzania, Harrisson Mwakyembe prohibió el periódico durante dos años. El editor en jefe de Mawio, Simon Mkina, afirmó que comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazadoras.
Desgarrador
Lucia Marembela, de 44 años relata que fue violada dos veces en 2010. Reconoció a trabajadores de las fuerzas de seguridad (privada), como sus violadores, porque llevaban ropa azul y no color beige, que es el color del uniforme de la fuerza policial. Fue atrapada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, “una práctica común para las mujeres en el área. Cuando estábamos cansadas de correr, terminaban atrapándonos […] Nos tiraban en su vehículo y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un pequeño aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”.
Las mujeres que han sido víctimas de violación sufren discriminación, estigmatización y son excluidas de su comunidad.
Otro tipo de crimen que se comete en North Mara, son las ejecuciones a civiles. Los periodistas de Forbidden Stories se reunieron con las familias de dos hombres, fusilados por la policía en incidentes separados en 2014 y 2016 cuando estaban dentro de la mina. Las familias dicen que no fueron compensadas. La policía dice que actuó en defensa propia.
Las violaciones a derechos humanos alrededor de North Mara alcanzaron a un periodista consciente y comprometido con su labor: Jabir Idrissa, a quién le cerraron las puertas en otros medios, luego de perder su trabajo en Mawio, una carrera y un medio de vida desperdiciados. En diciembre de 2018, Mawio ganó el caso en la corte contra el ministro de información. Sin embargo, el periódico no abrirá pronto, ya que necesita una licencia del gobierno para publicar. Jabir Idrissa no ha perdido la esperanza de regresar y trabajar con valentía.
Lea el artículo completo en el siguiente enlace:
https://forbiddenstories.org/silence-is-golden-for-a-tanzanian-mine/
India
El periodista Jagendra Singh, había sido censurado con anterioridad por escribir historias de corrupción de su país, por ello decidió hacer periodismo desde su cuenta de Facebook y fue seguido por miles de personas. En abril de 2017 Singh acusó por primera vez a través de la plataforma al entonces ministro de bienestar, Ramamurthi Singh Verma, de dirigir operaciones ilegales de extracción de arena en las costas de Tamil Nadu, Andhra, Pradesh, Kerala y Odisha. Especialmente Tamil Nadu tiene la arena más rica en minerales.
“No queda casi ningún negocio ilegal que no esté siendo administrado por el ministro Ramamurthi Singh Verma”, escribió Jagendra en una oportunidad. Uno de los negocios del ministro, dijo, era la extracción ilegal de arena. Singh publicó una historia sustentada con fotografías que acusaba a los trabajadores del ministro de minar ilegalmente arena en el río Garra. Singh afirmó que Verma sobornó a la policía local con 10,000 rupias ($ 150) por día para permitir la minería.
“La ‘mafia de la arena’ se considera actualmente como uno de los grupos de crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India”, según Aunshul Rege, profesor asociado en el departamento de justicia penal de la Universidad de Temple en Filadelfia. Y están ansiosos por mantener su negocio en secreto, agregó.
En otro de los distritos donde la extracción ilegal ha sido más intensa, la gente tiene miedo de hablar. El temor es tal que algunos habitantes no se atreven ni a mencionar el nombre del imperio local de extracción: V.V. Mineral. La compañía la dirige S. Vaikundarajan, cuyo nombre es frecuente, en investigaciones estatales y judiciales.
“Alrededor de, digamos, entre el 85% y el 90% de la extracción de arena de playa, tanto legal como ilegal, está monopolizada por esta familia”, afirma Ravishankar, la periodista de Chennai que continúo escribiendo sobre el tema, pero que en mucho tiempo nadie quiso publicar.
En junio de 2015 Singh estaba esperando una visita de Verma. A primera hora de la tarde, la policía se presentó a su casa. La familia de Singh dice que también llegaron simpatizantes de Verma. Poco después, Singh llegó al hospital en agonía con quemaduras en más del 50% de su cuerpo.
“¿Cuál fue la necesidad de matarme?”, Dijo en un video grabado en el vestíbulo del hospital local al que fue llevado rápidamente. Los hijos de puta me echaron gasolina. Saltaron por encima del muro y subieron. “Si quisieran, podrían haberme arrestado”. La policía concluyó que se suicidó.
Ecocidio a cuenta gotas
En un informe reciente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, subrayó los impactos medioambientales y sociales de la extracción de arena afirmando que se trataba de una cuestión de importancia mundial. “El incremento del volumen de minerales extraídos, la mayoría ilegalmente, de los ecosistemas marinos y fluviales, da lugar a la erosión fluvial y costera, amenazando a la pesca en agua dulce y marina, y a la biodiversidad”, señaló.
Las dunas de arena han desaparecido y el mar está llegando a la tierra. Debido a la pérdida de la barrera natural de arena, se sospecha que el agua salada se ha filtrado en el agua subterránea. “Las plantas de banano no pudieron adaptarse al agua salada. Después de un punto, tuve que vender la tierra ”. dijo un granjero de Kovali, una aldea de Tamil Nadu.
Lea el artículo completo en el siguiente enlace:
https://forbiddenstories.org/sand-mafias-silence-journalists-in-india/
Guatemala
En marzo 2017, la aparición de un pigmento rojo oxido en el lago de Izabal, conduciría a un grupo de pescadores artesanales a pedir un estudio de impacto ambiental. “La mancha roja” como suele llamársele entre los pescadores, fue un fenómeno que sumó dudas sobre la fiabilidad de la actividad minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Decidieron pedir explicaciones a las autoridades correspondientes. Señalaron la urgencia de verificar la credibilidad de CGN en su compromiso ambiental y comunitario. El gobierno, por su parte brindó respuestas a medias, tras medidas de presión por parte de la gremial de pescadores y algunas reuniones acordaron que el 27 de mayo, celebrarían una mesa de dialogo entre el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, autoridades locales, autoridades de derechos humanos, vecinos y los pescadores constituidos como gremial de pescadores artesanales.
Las autoridades fallaron
Hay acciones que parecen negligencia, pero en realidad muestran prepotencia y racismo. Los pescadores propusieron y esperaron que la mesa de diálogo se hiciera en el municipio de El Estor. Las autoridades entregaron la citación un día antes al final de las once de la noche en la casa sacerdotal. Las autoridades impusieron el lugar de reunión en la aldea Río Dulce, a 45 minutos del municipio. Como respuesta, los pescadores decidieron manifestar pacíficamente frente a la garita municipal. La policía nacional civil, les esperaba.
Si no fuera por un periodista que tomó fotos ese día, algunos podrían decir que no está claro cómo ocurrieron los últimos momentos de Carlos Maaz, miembro de la gremial de pescadores artesanales.
De un momento a otro lo único que se miraba era una nube de gas lacrimógeno, el caos de una protesta improvisada, el eco de balas y rocas volando entre la multitud. En una fotografía, se le ve a Carlos, parado, en medio de la calle, entre los manifestantes, con las manos en los costados, sin armas. Minutos después se ve el cuerpo de Carlos Maaz inmóvil sobre la carretera. Testigos afirman que fue la policía quien disparó. “Fueron los PNC no los antimotines, mataron al otro y me dejaron herido a mí” dijo Alfredo Maquín el pescador que ahora vive con un proyectil dentro de su cuerpo.
Carlos Ernesto Choc, periodista local, fue amenazado por documentar la muerte del pescador y orillado a vivir en la clandestinidad, se le ligó a proceso y se le atribuyó una lista de delitos que no pudo haber cometido, ya que él se encontraba documentando y reportando para Prensa Comunitaria, e incluso, reportó en vivo para el canal TN23.
Ernesto Choc, enfrentó dificultades personales incompensables, el había sido padre y madre para sus hijos, debido a la criminalización que afronta perdió la tutela de sus hijos, perdió su empleo y su equipo periodístico para sufragar sus gastos. Tuvo que afrontar una enfermedad y una cirugía y si eso no fuera suficiente, actualmente el juez local, Aníbal Arteaga le ha negado 9 veces una audiencia. El desgaste para el periodista es emocional y económico. La ejecución del pescador, tampoco ha sido aclarada. La suma de todo, evidencia la negligencia, la falta voluntad y la poca transparencia de los aparatos de justicia.
Lea el artículo completo en el siguiente enlace:
https://forbiddenstories.org/a-damning-photo-holds-a-swiss-russian-mine-accountable-in-guatemala/
El común denominador entre los tres casos mineros
Al leer el caso de Jagendra en India, uno podría pensar que cosas similares ocurren en Guatemala, un periodista que llega con graves heridas, la denuncia queda grabada en vídeo, pero no pasa nada. ¿Cómo es posible que una evidencia tan importante no se tomada en cuenta por las autoridades? En Guatemala, sucedió que un ciudadano que ejercía su derecho a manifestar fue alcanzado por una bala. Las autoridades policiales niegan todo, incluso niegan haber visto al fallecido. En el país africano, no parece haber diferencia entre la seguridad privada y la pública, ambos cometen abusos sexuales y ejecuciones con libertad. En Guatemala parece ser que se utiliza la fuerza pública más que para establecer el orden, para callar las denuncias de los pobladores, dejando un fuerte mensaje de impunidad. Los tres países viven en estados frágiles.