Por Carlos Fernández del Cid*
28 de junio del 2019
Los últimos días han sido atípicos, no para la ciudadanía acostumbrada al descaro de las autoridades de los diferentes estamentos del poder Estatal guatemalteco, sino para los funcionarios involucrados en el proceso electoral. Desde la clonación de datos por el famoso #Patrón21, falla informática que duplicó votos porque el sistema estaba diseñado, según lo ha explicado el mismo jefe del departamento informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para veinte (20) partidos y no para los veintiocho (28) que se disputaban los diversos puestos de elección popular. En realidad, el descalabro del proceso electoral no ha sido el software, que si bien es el foco de atención en los últimos días, es el menor de los males. Esto ha iniciado, con la modificación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) producto de un proceso turbulento y opaco en el Congreso de la República de Guatemala. Los grandes cambios que se clamaban en las plazas y parques de diferentes puntos del país, fueron matizados por los diputados, quienes protegieron intereses particulares.
Lo que no contemplaron, fue la auditoría digital. El ejercicio ciudadano de revisión del proceso electoral vía el cotejo de actas y resultados presentados mediante el sistema informático. Esto ha sido el detonante de la crisis y los magistrados del TSE, han sido incapaces de contener los impactos. Las inconsistencias hasta el momento, no han podido ser subsanadas y contrario a la opinión de algunos analistas que ven solución al entuerto, la misma cada vez está más lejana, porque cuando el TSE da un pequeño paso para desvanecer los hallazgos, un nuevo infortunio les impide avanzar.
Para colmo de males, el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras ahora ha intervenido producto de las “denuncias en las redes sociales” y de la imputación que los propios Magistrados han supuestamente, interpuesto ante el MP por las anomalías y que desembocó, en el reciente allanamiento y secuestro de información en la sede de la Dirección Informática del TSE.
Por si fuera poco, ahora hay una investigación judicial en pleno proceso electoral sobre lo actuado en la primera etapa del mismo. Es decir, el TSE ha perdido la autoridad en el proceso, en tanto el MP ahora desarrolla pesquisas para establecer si se trató de un error humano o algo intencionado. En el momento que el MP ha entrado al escenario, aunque los analistas no lo quieran aceptar, el TSE ya no tiene control del proceso. Insisto, hay una averiguación judicial en curso, así de simple y sencillo. A los magistrados les viene bien la ley de Murphy que dicta: si algo puede salir mal, saldrá mal.
Ante la incompetencia del TSE para resolver el agravio que supone este proceso electoral para la ciudadanía, hay que sumarle el desatino en las amenazas del magistrado Jorge Mario Valenzuela de presentar denuncias contra las personas que han sugerido un posible fraude. Se le olvida al magistrado que a la ciudadanía le asiste el derecho consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 35 sobre la libertad de emisión del pensamiento que reza: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa.” También deja por un lado el magistrado el artículo 234 de la LEEP referente a la Nulidad de Votaciones, inciso “C”, así como el artículo 210 de la misma ley, que les faculta para la repetición del proceso electoral: “Declarada la nulidad de la elección por el Tribunal Supremo Electoral se repetirá ésta, y para tal efecto hará la convocatoria correspondiente dentro del plazo de quince días a contar de la declaración de nulidad, y la nueva elección se llevará dentro de los setenta días siguientes.”
Ante los indicios, el TSE puede anular el proceso. En el punto en el que se encuentra el mismo, quizá es lo más sano porque por más que revisen las actas, el resguardo de los votos no está garantizado. Lo que no han dicho los honorables Magistrados, es que aún en su poder no se encuentra la totalidad de las bolsas con los votos emitidos. Podrán contar actas, pero los sufragios les será imposible volverlos a computar. Si de rescatar el proceso se trata, las actas son sólo una pequeña parte.
*Twitter: @carlosfercid
