F“Para nosotros los pueblos originarios mayas, el agua es un ser viviente, es sagrada, es como un ser humano que tiene espíritu, corazón, siente, escucha, canta y reacciona cuando nosotros le causamos algún daño. Agradecemos al agua por la vida, por todo lo que nos da, porque nos sana cuando estamos enfermos, nos limpia, nos mantiene en equilibrio. Por esa razón nosotros ofrendamos a los ríos con flores y lo que tenemos a la mano producto de la naturaleza, porque el agua no es una mercancía.”
Seledonia Vicente, representante de la Nación Maya Kíche’.
Por Stef Arreaga
27 de marzo 2019
El bufete para Pueblos Indígenas, autoridades mayas ancestrales de occidente, autoridades indígenas del lago de Atitlán y representantes de comunidades del norte y oriente del país, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad, un alegato de inconstitucionalidad por omisión. Consideran que las normas que regulan el agua actualmente, están descontextualizadas en relación a los estándares internacionales, los cuales reconocen el agua como un elemento espiritual y un ser vivo; lo que hace que haya una relación distinta de los pueblos indígenas con este recurso y no sea visto sólo como un objeto susceptible de apropiación, como plantean las distintas iniciativas de ley en el Congreso de la República de Guatemala.
Muchas de las iniciativas de ley planteadas en el Congreso, buscan determinar quién controle y administre este recurso natural por parte del Estado, desconociendo automáticamente la preocupación de los pueblos indígenas con respecto al agua.
Durante esta vista pública, el abogado Juan Castro, director del Bufete para Pueblos Indígenas, dijo a los magistrados:
“Queremos solicitar a los señores magistrados, que se enmiende al Estado a través del Congreso de la República, que tome en cuenta la participación de los pueblos indígenas. No pueden seguirse orientando políticas públicas orientadas al uso, al acaparamiento y al aprovechamiento del agua. No pueden seguirse avalando disparates como el megacolector que se quiere construir en el Lago de Atitlán, sin la participación de los pueblos indígenas. Eso es lo que se reclama, minimizar los espacios de racismo estructural que están en la legislación. Por eso es que solicitamos que se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad por omisión parcial que se ha planteado. No se necesita hacer un tratado jurídico de confrontación, si sólo con la lectura de los artículos de legislación ordinaria se puede entender que son omisos al planteamiento que se está realizando.”
Según la ley, la Corte debe resolver en quince días hábiles. Sin embargo, por la carga de trabajo de los magistrados, las autoridades ancestrales, representantes de comunidades y el Bufete para los pueblos Indígenas, esperan una resolución en un plazo no menor de un año. Esperan que haya una sentencia que oriente al Congreso de la República a hacer una legislación que respete la forma de vida de los pueblos indígenas, pero sobre todo que reconozca los derechos del agua.
