14 de febrero 2019
La noche del 13 de febrero se registró un incendio en el Anexo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en la zona 3 de la ciudad capital, al parecer cinco menores fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios. La defensoría de niñez y adolescencia de la PDH, se enteraron a través de redes sociales y no por la Secretaría de Bienestar Social. La semana pasada ésta advirtió por veinteava vez, el riesgo que corren las y los menores institucionalizados, ya que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias. Además que estos lugares no tienen ventilación, son casas cerradas sin capacidad de respuesta ante una emergencia y, este hogar que ya había tenido dos o tres conatos de incendio, y que los extintores que NO FUNCIONAN.
Desde que Marvin Bautista, actual sub secretario de la SBS asumió el cargo, dio declaraciones de que se debía trabajar conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Consejo Nacional de Adopciones y la SBS. Pero nunca mencionó a la defensoría de niñez y adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Desde ahí dejó evidente la falta de voluntad para trabajar en beneficio de los menores en protección. Por lo que la PDH se enteró de este incendio a través de las redes sociales y no por comunicación directa con la Secretaría de Bienestar Social, según nos informó el defensor de niñez y adolescencia de la PDH, Oscar Rodríguez.
En noviembre recién pasado, en una visita no oficial del Comité de los Derechos del Niño, representado por Jorge Cardona y Luis Pedernera, analizaron la situación de la niñez guatemalteca y los mecanismos de seguimiento a las observaciones finales y recomendaciones hechas por ellos, dijeron que los menores en conflicto con la ley penal se encuentran en mejores condiciones que los niños, niñas y adolescentes (NNA) en protección del Estado de Guatemala.
Esta responsabilidad es de la Secretaría de Bienestar Social, quienes no han atendido las recomendaciones para que las y los menores en protección, estén en condiciones adecuadas. Al contrario, han intentado tercerizar los servicios, enviando a jóvenes a otros hogares “privados” en donde están en condiciones infrahumanas, mezclados con adultos y bajo consumo de drogas. Los menores en estos hogares han sido institucionalizados en su mayoría por consumo y filiación a pandillas, pero no han cometido delitos.
La defensoría de niñez y adolescencia ha hecho recomendaciones, advertencias y solicitudes a diferentes entidades de Gobierno para garantizar el cumplimiento de los derechos de NNA. En octubre recién pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos, manifestó la urgencia de una reforma estructural y profunda en el Sistema de Protección Integral de la niñez y adolescencia, para el respeto y garantía de los derechos humanos y de contar con estrategias orientadas a la desinstitucionalización de los NNA, privilegiando en todo momento la reintegración familiar y los derechos de los mismos.
Lamentablemente, la SBS continúa trabajando de forma errónea, a pesar de lo sucedido el 7 y 8 de marzo del 2017 en el hogar Virgen de la Asunción, en donde 41 niñas murieron quemadas y 15 más resultaron heridas. Es preocupante que en los hogares no existan medidas de seguridad para casos de incendio, puesto que hay hogares en donde tienen bajo candado y rejas los extinguidores, según informes de los verificadores de la PDH.
También se tiene conocimiento que la Defensoría de Niñez y Adolescencia ha buscado reuniones bilaterales, interinstitucionales e incluso han promovido capacitaciones a las que el personal de los hogares no asiste, porque quienes han hecho denuncias de los terribles escenarios de estos lugares, han sido reprimidos.
Estas condiciones deplorables en las que viven las y los menores institucionalizados genera que huyan de los hogares, porque prefieren estar en la calle consumiendo drogas y viviendo bajo riesgo constante que estar bajo un techo pero en condiciones peores a las que se enfrentan diariamente, esto incluyendo abusos sexuales, físicos y psicológicos.
