20 de diciembre de 2018
La canciller Sandra podría enfrentar en los próximos días un proceso de antejuicio tras una denuncia en su contra hecha en el Ministerio Público este miércoles 19 de diciembre, junto a la encargada de la Subdirección de Control del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), María Roquel Vicente, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstrucción a la justicia y desobediencia a una resolución judicial, interpuesta por la Alianza por las Reformas, una red en que convergen 40 organizaciones sociales.
Hechos denunciados
En un comunicado de prensa difundido por Alianza por las Reformas, se indica que “ambas funcionarias ordenaron de manera ilegal y arbitraria la expulsión del país a 11 trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”. Según el comunicado, las actuaciones de las funcionarias contravienen la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida el 16 de septiembre, donde se establece que “todas las controversias entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas sobre el trabajo de la Cicig deben resolverse de común acuerdo, como lo establece el artículo 12 del Acuerdo sobre Cicig.
Alianza por las Reformas denuncia la violación del artículo 10 del mismo Acuerdo, que establece “los privilegios y la inmunidad del personal de la Comisión para realizar su trabajo libremente y sin restricciones”.
El proceso de antejuicio de Sandra Jovel
El Ministerio Público analizará si procede la denuncia para solicitar antejuicio contra la canciller en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En esa instancia se evaluaría el proceso y luego se trasladaría el expediente al Congreso para que se conforme una Comisión Pesquisidora que analizará si corresponde recomendar al pleno el retiro de la inmunidad de la canciller.
El rol de la Fiscal General Las organizaciones que forman parte de la Alianza por las Reformas exigen a la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta “actuar contundentemente en contra de las ilegalidades cometidas por ambas funcionarias y no permitir que Jimmy Morales siga utilizando este tipo de acciones para frenar la lucha contra la corrupción”.
