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Que la verdad prevalezca, que el compañero Bernardo Caal tenga libertad

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Créditos: impacto.gt
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Rony Morales

Las comunidades en resistencia de Chik’ajb’om (Cahabón), seguimos en la lucha por la defensa del río y la libertad de Bernardo Caal, atentos a la decisión del juez Walter Fabricio Rosales Hernández, quien lleva su caso. En una entrevista con la población civil, miembros del concejo de pueblo q´eqchí´ de las Verapaces, comentaban: “estamos conscientes que ninguno de los hechos o delitos de cuales se le acusa (detenciones ilegales y robo agravado) están apegados a la verdad”.

El delito del compañero es haber sido el querellante de los desastres que ocasionan las empresas devoradoras de nuestro territorio (Oxec y Oxec II), siendo él la voz en representación de miles de q’eqchí’s indignados por el despojo de nuestra identidad, espiritualidad y dignidad.

El viernes 9 de noviembre se llevó a cabo el juicio, por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz. La corrupción del sistema de justicia prevaleció. Jueces, ministros, gobernadores y alcaldes deben ser investigados, asimismo los medios de comunicación que criminalizan a un pueblo como el q´eqchí´: acordaron enviar a la cárcel a Caal para sembrar miedo y generar temor en las comunidades, creyendo que con quitar la cabeza del grupo terminarían con la lucha. Pero no. Somos miles y seguiremos luchando por la defensa del río, la libertad de Bernardo y del territorio.

Los medios afines a las empresas destinan páginas completas para dominar las masas que siempre están atentas a tragarse las grandes falsedades que publican con el fin de mantener el status quo de quienes se creen los dueños de la tierra y territorio.

El Río Cahabón es despojado con la autorización de quien gobernaba en ese momento la Comuna Cahabonera, Darío Rosales, quien recibió migajas y repartió las mismas a sus seguidores. Financiamiento obtenido desde las empresas saqueadoras.

El divisionismo creado en lo social es evidente. Aun así, hoy día, las mismas comunidades aledañas a la ribera del río, han regresado a apoyar las intervenciones de defensa porque se han dado cuenta que el valor de la vida vale mucho más que cualquier migaja material.

El pueblo q’eqchí´ de las diferentes aldeas de Santa María Cahabón y Alta Verapaz, se encuentra en asamblea de forma continua, manifestando pacíficamente, exigiendo la pronta libertad de Bernardo Caal Xol. Para las comunidades, su encarcelamiento responde a la estrategia de la empresa OXEC. El Estado no reconoce los resultados comunitarios y apoya a la empresa en el saqueo del río.

Esta respuesta y acción del Estado y del Sistema de Justicia en particular, ha sido en la mayoría de casos una actuación en pro de los intereses empresariales, manifestados en el trámite de amparos a favor de la empresa y de la emisión de órdenes de captura en contra de nuestros dirigentes, principalmente del hermano Bernardo Caal.

Así funciona la corrupción. Cooptación total del sistema y sus poderes. Esta injusticia ha condenado a un q’eqchí’ inocente.

La empresa Oxec S.A. (que no se tomó ni la molestia de cambiar un nombre que es elemento espiritual de nuestro pueblo) y su consorcio de medios digitales, ha diseminando información falsa y aberrante en contra de la dignidad, no sólo de Bernardo Caal, sino del pueblo q’eqchí’ en general. Lamentablemente, los órganos de justicia, se han prestado a encaminar los procesos que forman parte de dicha manipulación mediática empresarial.

La única petición del pueblo q’eqchí’ es que se respete su territorio, su cosmovisión, su cultura y sus derechos universalmente reconocidos.

Pese a toda esa maquinaria jurídica, mediática y de intimidación, las comunidades q’eqchíes manifestamos que nunca nos doblegarán en nuestro espíritu de lucha, en nuestro derecho de reclamar lo que es nuestro: nuestro territorio y nuestros recursos naturales.

El pueblo q’eqchí’, dueño legítimo de sus tierras, se está levantado en resistencia ante las amenazas de los capitales transnacionales apoyados por las instituciones del Estado, con sus mecanismos de despojo, criminalización y división comunitaria.

 

 

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