Por Nelton Rivera
Bernardo Caal, maya Q’eqchi hizo uso de su derecho a la última palabra, al finalizar el juicio en su contra, para él este juicio es político. Ningún medio pudo transmitirlo ni difundirlo, pues el juez argumentando que había amenaza de disturbios impidió que se documentara. Hoy se realizó la última audiencia del juicio oral y público tras la acusación de la empresa Netzone SA una de las empresas que trabajan para la hidroeléctrica OXEC en Santa María Cahabón. Lo acusan de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado.
Hoy jurídicamente su defensa demostró que no hay un hecho jurídico que perseguir, por eso se espera que el juez al ser objetivo lo absuelva. El Ministerio Público, a pesar de no tener pruebas, insistió en pedir 14 años de cárcel por los dos delitos.
El juez decidió esperar hasta el 9 de noviembre, para dar una sentencia. Según el abogado Vladimir Soto de Madre Selva, esta decisión es perjudicial “un plazo de 15 días está fuera de lo común, la sentencia se debía de dar hoy mismo o mañana a primera hora a más tardar, como el debido proceso lo ordena, pero el juez se tomó 15 días para hacerlo.“ ¿Deliberará tantos días?.
Mientras tanto los medios corporativos bombardean con el mensaje de que Bernardo Caal es un criminal.
La empresa y el Ministerio Público –MP- hicieron mal uso del sistema de justicia y de los recursos públicos para justificar dos acusaciones y dos órdenes de aprehensión en su contra, y todo esto en beneficio de la empresa OXEC que ven a Bernardo como un obstáculo para el avance de la construcción de la hidroeléctrica OXEC II.
Bernardo se asume como un preso político, porque no cometió ningún delito, solamente representar a las comunidades en su lucha legal frente a la ilegalidad de la empresa. Fue trasladado desde la cárcel de Cobán este miércoles 24 de octubre al Tribunal de Sentencia en la misma ciudad.
Atentado contra la libertad de expresión
La audiencia comenzó mal, el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, restringió la labor periodística en esta audiencia, a pesar que todo debe de ser público, para el asombro de los periodista que se llegaron a cubrir tuvieron que quedarse afuera de la sala de audiencias, el juez sabe que atenta contra la libertad de expresión y ejercicio periodístico pero igual no le importo.
La defensa de Bernardo, presentó sus conclusiones finales, también hizo uso de la palabra Bernardo Caal durante 10 minutos, quizá esta intervención fue la que el juez no quiso que nadie escuchara. El juez programó una nueva audiencia para el 9 de noviembre para darle lectura a la sentencia.
Una audiencia poco común
Entrevistamos al abogado de Vladimir Soto del Colectivo Madre Selva quien nos explicó, que el juez no pudo justificar el porqué de su decisión de hoy de restringir el acceso a los medios de comunicación. Que su argumento se limitaba a referirse a una manifestación pacífica pasada que se realizó por comunitarios Q’eqchi a las afueras del tribunal, el juez expresó que se alteró el orden público, a pesar que eso no ocurrió.
Para el abogado con esta decisión se violenta la publicidad del proceso y se censuró el ejercicio periodístico. Afirmó el juez que con este proceso ha habido muchas publicaciones en distintos medios, y que incluso a él le han hecho memes. El delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- estuvo presente y a él los periodistas le presentaron una denuncia por esta limitación en el Tribunal.
Para el abogado ese plazo es perjudicial, porque los medios corporativos están sacando publicaciones que buscan seguir colocando a Bernardo Caal como un criminal, y políticamente los medios corporativos pueden influir en la decisión del juez.
A criterio del abogado defensor, todo esto apunta a que la decisión que el juez Rosales tome, de ser condenatoria no la podría sostener jurídicamente, con un plazo tan largo le permitirá al sector empresarial y a la hidroeléctrica crear un ambiente de criminalización favorable en la opinión pública, para que el juez pueda públicamente justificar una resolución contraria para Bernardo Caal.
El ente investigador no pudo demostrar que Bernardo participó en los delitos de robo agravado y por detenciones ilegales, el MP no demostró la participación de Bernardo en estos dos delitos. La argumentación del MP es débil para que un juez resuelva sin mayores pruebas una sentencia condenatoria, incluso este día no hizo uso del derecho de réplica frente a las conclusiones de la defensa del líder comunitario.
El fiscal, incluso hoy se presentó sin el expediente, solamente llegó a sentarse al tribunal.
El empresario Oscar Giovani Condón Duque, quien se constituyó como querellante luego de realizar la acusación en contra de Bernardo Caal estuvo presente en la audiencia, solamente se limitó a pedir justicia. Durante el debate se demostró que este empresario no estuvo en el lugar de los hechos el día 15 de octubre de 2015 y a pesar de eso coloco la denuncia en contra de Bernardo Caal.
Para Bernardo todo este juicio responde a la persecución política que hacen los empresarios en contra de las comunidades indígenas que exigen detener los proyectos extractivos que fueron otorgados de manera inconsulta a las comunidades y de forma ilegal desde los ministerios como Energía y Minas o Medio Ambiente.
