Por: Carlos Fernández
El Sistema Nacional de Salud (SNS) no sale de la crisis. Varias administraciones de gobierno han pasado desde la apertura democrática y ninguna ha tenido la voluntad política de resolver los problemas técnicos y administrativos del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), por el contrario han optado por sumir cada vez más a la institucionalidad en el caos, que es finalmente el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Resolver de fondo los problemas del MSPAS es en buena medida un asunto de presupuesto, pero sobre todo de voluntad técnica y política.
El despilfarro institucional puesto de manifiesto en compras corruptas de medicamentos, equipos obsoletos o en mal estado, contrataciones injustificadas de personal para cubrir puestos técnicos y administrativos devengando jugosos salarios, entre otros malos manejos, mantienen la institucionalidad al filo de la debacle. Justo es decir que ninguna administración se salva de estas prácticas, que no son exclusivas del actual ministro Carlos Soto, cada nuevo personaje que ha pasado por la institución, ha llegado con una nueva locura, a la que suelen llamar “prioridad de mi administración” y con ello tiran por la borda cualquier esfuerzo con algún sentido técnico que un antecesor dejara, despidiendo personal y comenzando desde cero programas/proyectos para que las nuevas medidas lleven su “sello personal”. Todo gira alrededor de egos, intereses corruptos y ansias de privatización.
Pero entre el desastre surgen voces que no solo denuncian, sino proponen soluciones y buscan alternativas para resolver las problemáticas operativas y administrativas a la actual crisis que enfrenta la institución. Desde hace varios meses, un grupo de galenos ha conformado el Comité Ad Hoc para la Dignificación Profesional que Labora en el MSPAS y han evidenciado, el trato desigual al que se les somete en materia laboral y salarial, además de denunciar la falta de medicamentos, equipos y recursos para realizar su labor de médicos salubristas. Este movimiento, ya empieza a sufrir los impactos de defender sus derechos.
En los últimos días, miembros del Comité han sido objeto de amenazas, intimidaciones y ataques por el movimiento que abanderan. Dos preguntas surgen ante los mismos: ¿de dónde provienen estos ataques? y ¿quién se beneficia con la desarticulación del Comité? El actual ministro de salud Carlos Soto y su equipo administrativo, son responsables de garantizar el libre ejercicio de derechos, tarea difícil si se considera el régimen fascistoide al que pertenecen. Es por ello urgente que el Procurador para los Derechos Humanos Jordán Rodas y su equipo de trabajo, pongan particular atención a la situación de este grupo de defensores/as de derechos humanos y laborales, brindando acompañamiento, en especial a la médica Waleska Guevara quien ha sufrido intimidaciones por su defensa de derechos.