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Créditos: Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por: Simón Antonio

Este jueves 1 de marzo, iniciará el juicio oral y público contra cinco militares retirados que ocuparon altos mandos en el ejército de Guatemala en 1981. Los hechos son detención, privación de libertad y tortura contra Emma Molina Theissen, que fue detenida el 27 de septiembre de 1981 en Santa Lucía Utatlán, Sololá y luego fue traslada a la Base militar Manuel Lisandro Barillas No. 1715 de Quetzaltenango, donde escapó el 5 de octubre de 1981.

Fotografía: Nelton Rivera

El 6 de octubre de 1981, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de los padres de Emma y como represalia contra la familia  por no haberla encontrado, tras un allanamiento en su casa a plena luz del día,  fue detenido desaparecido su hermano Marco Antonio de 14 años.  Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Fotografía: Quimy De León

Los acusados

Los exmilitares detenidos desde el 6 de enero de 2016, estarán siendo procesados por varios delitos, ellos son Manuel Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor General del Ejército en 1981, será procesado por los delitos violación con agravación de la pena y deberes contra la humanidad; mientras a Manuel Antonio Callejas Callejas, jefe de Sección de Inteligencia Militar G2 en 1981; Francisco Luis Gordillo Martínez, Comandante  de la Base Militar Manuel Lisandro Barillas de 1715, Quetzaltenango, en 1981; Edilberto Letona Linares, Subcomandante de la Brigada Militar de Quetzaltenango de 1980 a 1982; Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial de inteligencia G2 en 1981, serán procesados por los delitos  violación con agravación de la pena, Deberes contra la humanidad y Desaparición forzada, basando las responsabilidades en la cadena de mando de la institución militar.

La búsqueda de justicia no fue ni pronta ni cumplida

La lucha de la familia Molina Theissen comenzó en 1997 con la presentación de dos recursos de exhibición personal con fechas 9 de julio y 11 de mayo de 1997, como resultado de esas acciones el 7 de mayo de 1999 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un procedimiento especial de averiguación a favor  de Marco Antonio Molina Theissen y  se designó como investigador especial al Procurador de los Derechos Humanos y a familiares de la víctima.

El 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad por este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 4 de mayo de ese año esa misma Corte condenó al Estado de Guatemala y le ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho[1].

Después de 19 de años de lucha de la familia Molina Theissen, el Ministerio Público abrió un proceso penal contra los cinco altos militares del Ejército. Con la detención de los exmilitares el 6 de enero, siete días después fueron ligados a proceso por la jueza Judith Secaida del juzgado Quinto de Primera Instancia Penal y enviados a prisión preventiva.

En junio de ese mismo año, el caso fue elevado al Juzgado de Mayor Riesgo C con el juez Víctor Hugo Herrera Ríos y el 25 de octubre ligó a proceso a Benedicto Lucas García por los delitos de desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violencia sexual en contra de Emma Molina Theissen y el 2 de marzo de 2017 los cinco altos mandos militares dando lugar a juicio oral y público.

El juicio

El juicio oral y público se realizará en la sala de audiencias del Tribunal de Mayor Riesgo C presidido por el juez Pablo Xitumul en el 13 nivel de la Torre de Tribunales. Desde la parte querellante se presentarán 180 documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional y 14 peritajes.

[1] Marco Antonio, uno de los miles de niños y niñas que representan el potencial perdido a causa del genocidio en Guatemala. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/07/marco-antonio-uno-de-los-miles-de-ninos-y-ninas-que-representan-el-potencial-perdido-a-causa-del-genocidio-en-guatemala/

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