Por: Luis Juárez.
Para los que hemos sufrido en carne propia la discriminación, no necesitamos invocar a la Real Academia Española (RAE) para comprender el significado de la palabra racismo en sus diferentes manifestaciones. Los que lo justifican por cualquiera de los medios son parte del problema, son racistas o corruptos o son las dos cosas. “María Chula” es solo un caso de tantas manifestaciones racistas en nuestra sociedad desde hace muchos años. Nadie se atreve abordar el tema de manera seria ni responsable en los diferentes espacios y círculos académicos, como las universidades, los medios de comunicación, los intelectuales, en el sistema educativo nacional, en los partidos políticos y desde el Estado mismo. Los diferentes gobiernos de turno dan continuidad a políticas discriminatorias y racistas como sucedió con la negación del pueblo xinka para proteger intereses mineros.
En la práctica, el racismo es un problema histórico social. Se puede decir que tiene su origen desde la formación del Estado guatemalteco colonial y racista, sumado al fenómeno de la corrupción, que no es nuevo. Estos son dos males que aquejan a la sociedad, que toca erradicarlos desde la raíz y poner tras las rejas a los corruptos y corruptores.
El racismo es la base principal del sistema político y económico-productivo, desde la Colonia hasta la fecha. Se sigue reproduciendo un sistema con políticas y políticos neo-racistas. Del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) conocemos ahora el rostro de los corruptos, algunos ya están detrás de las rejas, otros son prófugos y el resto acciona legal o mediáticamente para protegerse, después de cobijarse durante muchos años bajo el manto de la impunidad y la corrupción, acumulando riqueza de manera ilícita.
Antes de la CICIG en Guatemala, la corrupción era “normal” y muy pocos burócratas corruptos tuvieron un proceso judicial. Todo estaba cooptado. Por eso, con la instalación de la CICIG, salivaron los corruptos y se retorcieron el hígado, oponiéndose sistemáticamente a ella porque sabían que tienen la cola bien machucada. Las cárceles del país estaban repletas por más de veinte mil reclusos pobres, algunos líderes campesinos, ladrones de pollo, panes, celulares, carros y chatarras, secuestradores, extorsionistas, violadores, narcotraficantes y asesinos. Esos eran los perfiles de los reclusos. Con la llegada de la CICIG se agrega un nuevo perfil a los antisociales: los de corbata y cuello blanco, funcionarios públicos, políticos, empresarios. Dentro de los expedientes aparecieron apellidos extraños, de origen alemán, belga, italiano, norteamericano, etcétera. De esos que históricamente le robaron el futuro a Guatemala y le hacen mucho daño al Estado de derecho y a la democracia. Este tipo de antisociales son los verdaderos ladrones y deben estar privados de libertad, en las cárceles donde están la mayoría de reclusos y no en Mariscal Zavala, con privilegios como si no fueran ladrones.
A los racistas también los queremos ver en la cárcel tras las rejas por practicar la discriminación durante muchos años. Pedimos a la CICIG que investigue la magnitud y la profundidad de la corrupción y las redes criminales en Guatemala y ponga tras las rejas a esos racistas corruptos, que se han enriquecido ilícitamente robándose el sueño y el futuro de millones de guatemaltecos. Esa elite racista corrupta con poder económico solo produce pobreza, subdesarrollo y no bienestar.
El reflejo de una sociedad racista, es el reflejo de un Estado con funcionarios racistas. En una entrevista realizada al presidente Jimmy Morales en una cadena internacional de noticias, afirmó que la corrupción en Guatemala era “normal”, justificando de manera descarada y cínica lo injustificable. Esperamos que no salga ahora diciendo que el racismo en Guatemala es “normal”.
Los racistas y corruptos todo lo ven normal y nos hacen creer que todo es normal, porque es la práctica diaria de ellos. No son investigados, juzgados ni sentenciados por el sistema judicial. La máxima expresión de racismo en Guatemala fue el genocidio cometido por el Estado guatemalteco durante el Conflicto Armado Interno (CAI) contra el pueblo maya a través de sus autoridades y de sus aparatos represivos. Hay racismo en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las leyes que se producen en el Congreso no favorecen a los sectores más vulnerables y el sistema judicial criminaliza y condena a los pobres y premia y privilegia a los corruptos.
La desigualdad social, la exclusión de los pobres a oportunidades de desarrollo, la falta de una educación de calidad en las áreas rurales, la falta de educación en el propio idioma materno de los alumnos, niños y niñas, la falta de oportunidades a una educación universitaria a los más desposeídos, la folklorización de las culturas, la falta de un sistema de salud eficiente y gratuito, la falta de participación indígena en los partidos políticos y principales instituciones del Estado, la explotación de la mano de obra barata, la migración masiva que sostiene la economía nacional, la desnutrición infantil, la violencia generalizada en las áreas marginadas y rurales del país también son expresiones de racismo de los funcionarios corruptos amparados por este maldito sistema racista.
El racismo es una práctica constante, día a día, que se da en los diferentes espacios en los diferentes niveles, unos más visibles que otros sin que el peso de la ley les caiga a los que lo practican. Todo queda en la impunidad. Da igual presentar o no la denuncia, ya que las autoridades encargadas de investigar los casos para judicializarlos están cooptadas por racistas y corruptos. Urge cambiar este sistema racista por un modelo de Estado multicultural, incluyente y en igualdad de condiciones.
