Por: Rony Morales
El pueblo q´eqchi´, dueño legítimo de sus tierras, se está levantado en resistencia ante las amenazas de reglamentación hacia las consultas comunitarias de buena fe, que dañarían de forma directa el espíritu y los objetivos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e invalidarían las 76 consultas que se han hecho de 2005 a 2017.
Varias reuniones comunitarias se han llevado a cabo con análisis, reflexión y acuerdos sobre el tema de no reglamentar las consultas comunitarias porque se estaría afectando de manera directa el Convenio 169, a las comunidades, sociedad civil y a los derechos ancestrales. De manera colectiva y organizada se han puesto de acuerdo para no aceptar y avalar la reglamentación ya que el Convenio 169 de la OIT es universal, y si la República de Guatemala lo reglamentara se verían perjudicadas las formas propias y ancestrales de organizarse de manera sociopolítica, ancestral, cultura y el buen vivir de los pueblos q´eqchi´, poqomchi´s, achi´ y mestizo en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz.
Este 21 de junio de 2017, autoridades ancestrales, líderes y dirigentes de los pueblos indígenas se hicieron presentes en el foro sobre el Convenio 169 organizado por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, definiendo una postura para que no se reglamenten las formas propias de cada pueblo al hacer las consultas comunitarias como pretende promover este ministerio.
Ésta es una clara estrategia del sector empresarial y las instituciones del Estado, con la intención de seguir con el despojo histórico, la criminalización, la impunidad y la división de las comunidades del área rural. “Para las comunidades del área rural, reglamentar el Convenio 169 es una forma de perder la autonomía que tienen como comunidad y es otra forma de llevar el despojo de la vida, la tierra, los conocimientos ancestrales, y las semillas al territorio del Tezulutlán” planteó una autoridad ancestral q’eqchi’.
Los pueblos mayas q´eqchi´, poqomchi´y achi´ están avalados por el Convenio 169 de la OIT, que trata sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Dicho convenio reza en uno de sus artículos: “los derechos de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este no afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.
Asimismo señalaron que a nivel de Alta Verapaz existe una imposición del modelo económico derivado de la extracción minera, las agroindustrias, los agroquímicos, los productos transgénicos y las hidroeléctricas, que solo generan más pobreza y conflictividad social y comunitaria. Para las autoridades ancestrales y dirigentes del pueblo indígena, reglamentar las consultas de buena fe hará que se pierdan las formas ancestrales de cada pueblo de hacer sus propias consultas y que por este medio se pierdan los derechos y convenios internacionales que les asisten a los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT del cual Guatemala es parte. Para Rodrigo Chub, licenciado q’eqchi’ experto en la materia, “en virtud del artículo 46 de la Constitución el cual concede preeminencia sobre el derecho interno, dicho derecho (establecido por la OIT) debe ser implementado a pesar de la ausencia de un marco legislativo interno”.
