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Créditos: Cristina Chiquin.
Tiempo de lectura: 4 minutos

Texto: Lucrecia Molina Theissen

Continúo con esta serie de artículos sobre la desaparición forzada que son producto de una revisión bastante exhaustiva de fuentes bibliográficas realizada hace ya bastantes años. Sin embargo, dado su carácter descriptivo, considero que sus contenidos continúan teniendo vigencia; sus vacíos y desfases pueden subsanarse con bibliografía reciente.

La desaparición forzada de personas en América Latina (2)

Principales rasgos del método

Amnistía Internacional[i]  al analizar la conducta de los agentes de las desapariciones, ubica dos tendencias principales en relación a los procedimientos empleados. En Guatemala, tras un manto de legalidad dado por medio de sucesivas elecciones[ii], el ejército recurrió a la incorporación de grupos paramilitares que “…operaron con impunidad y fuera de la ley, pero absolutamente integrados a la red de seguridad oficial”.

Por el contrario, en Argentina, a pesar de la existencia de grupos paramilitares que cumplían labores de información y represión directa, no fueron utilizados para secuestrar y desaparecer más que en muy eventuales ocasiones. La práctica, adoptada como política estatal, fue totalmente centralizada por las fuerzas armadas.

No obstante esta diferencia -incorporación o no de grupos paramilitares que fue más notable en los inicios de la puesta en práctica-, a medida que se fue refinando el método adquirió ciertas características que nos es posible establecer en nivel general:

  • Las desapariciones forzadas formaron parte del trabajo de la inteligencia militar;
  • Su práctica fue centralizada y dirigida desde el más alto nivel de decisión militar en orden descendente por medio de los aparatos de inteligencia;
  • Era clandestina. Para perpetrarla, se estableció un aparato que incluyó grupos operativos, locales de reclusión, vehículos, armamento, disfraces; médicos y psiquiatras que contribuyeron en la fase del interrogatorio; etc.; y,
  • Paralelamente, se desarrolló una campaña de manipulación psicológica en búsqueda de la aceptación social del método y el resguardo de la impunidad de los perpetradores.

La información, un objetivo clave

A partir de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, a lo interno de los ejércitos se desarrolló un régimen paralelo clandestino cuya tarea fundamental giraba en torno a la información. Esta era un problema clave; por un lado, la información era el instrumento que posibilitaba su realización; por el otro, extraerla de las personas detenidas-desaparecidas constituyó uno de sus móviles fundamentales. En términos operativos, el planeamiento del secuestro se basaba en la obtención de toda la información posible acerca de la potencial víctima, entre otros elementos los siguientes:

  • Datos personales (características físicas -fotografías, descripciones-, residencia, familia, lugar de trabajo, trayectos, horarios, medios de locomoción, carácter, posibilidades de reacción ante agresores, etc.);
  • Información política (vínculos organizativos y políticos, nivel de participación, consistencia política, ideología, desavenencias o acuerdos, trayectoria, etc.);
  • Coyunturas nacional e internacional, la posibilidad de respuesta en relación con las características del objetivo y del momento concreto del movimiento popular, la organización política, los familiares, etc.

Para la obtención de información fueron utilizadas diferentes formas: observación sobre lugares de vivienda y trabajo, seguimientos a pie o en vehículo, toma de fotografías, rastreo de archivos públicos y privados, interrogatorios disimulados a vecinos, amigos o familiares, intervenciones telefónicas, etc. Los datos obtenidos fueron procesados, evaluados, archivados en memorias manuales o automáticas y luego utilizados en las distintas fases de la operación propiamente dicha.

Con una labor eficiente de acopio de la información previa, para los ejércitos fue posible lograr una mayor efectividad en distintos aspectos:

  • Elección de la víctima más adecuada para propinar un golpe certero a las fuerzas opositoras;
  • Conocimiento de sus actividades y el escenario en el que se desenvolvía la víctima para planear una operación “limpia”, en el sentido de no tener que usar las armas con las consecuencias previsibles (heridos, muertos, escándalo); y,
  • Conocimiento minucioso de la personalidad y características de la víctima para planear el interrogatorio y elegir las torturas adecuadas con la finalidad de obtener más información e, incluso, lograr su colaboración espontánea quebrando su voluntad y su compromiso. (Ver Miguel Bonasso. Recuerdo de la Muerte. Biblioteca Era, México, 1984).

Respecto de la clandestinidad del método, era un lugar común el mencionar que los secuestros eran realizados por hombres armados no identificados, que se conducían en automóviles sin placas y que llevaban a las víctimas a lugares secretos.

Los interrogatorios, acompañados de torturas físicas y psicológicas, eran llevados a cabo por profesionales en la materia asesorados por psicólogos, psiquiatras y médicos. En esta fase, la función de la tortura no era la de eliminar físicamente a la víctima, sino la de obtener información.

Finalmente, el resguardo de la impunidad de los “desaparecedores” contempló no sólo la negación absoluta del delito, sino también la creación de explicaciones que abarcaron las expresiones más burdas (“los desaparecidos están en Cuba o en Nicaragua”, “fueron secuestrados por la guerrilla”, “se fueron ‘mojados’ a los Estados Unidos”, “son un invento de los subversivos”), hasta la configuración de una campaña propagandística cuyas finalidades fueron la deslegitimación de la oposición mediante la inducción de una serie de conductas con base en diversos argumentos (Ver Kordon, Diana y otros: Efectos Psicológicos de la Represión Política. Editorial Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1987).

[i] Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Madrid, 1983.

[ii] Entre los golpes de Estado de marzo de 1963 y marzo de 1982, en medio de reclamos de fraude, hubo elecciones en 1966, 1970, 1974, 1978 y 1982. A excepción de 1966, los gobernantes fueron miembros de la jerarquía militar.

Fuente: blog cartas a Marco Antonio

Lea el primer artículo acá: https://prensacomunitaria.org/la-desaparicion-forzada-de-personas-1-2/

 

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